En 2023, unas 710.000 personas murieron en el mundo por causas relacionadas con el calor. Según las estimaciones del Lancet Countdown 2026, más del 70% de esas muertes fueron atribuibles al cambio climático provocado por la actividad humana. Las temperaturas extremas, las sequías y la contaminación están teniendo ya un impacto en la salud de millones de personas, especialmente entre quienes tienen menos recursos para protegerse. Por eso, desde Salud por Derecho reclamamos que las políticas climáticas y los presupuestos públicos den prioridad a la prevención de estos daños y a la reducción de las desigualdades en salud.
El nuevo informe del Lancet Countdown, que analiza la relación entre cambio climático y salud, pide reconocer formalmente la crisis climática como una emergencia sanitaria mundial. El informe calcula que, desde la entrada en vigor del Acuerdo de París, el calentamiento global ha estado detrás de unos tres millones de muertes relacionadas con el calor. Las consecuencias se extienden también al trabajo, la alimentación y el acceso al agua. En 2025, la sequía extrema afectó a más de la mitad de la superficie terrestre mundial. Ese mismo año, la exposición al calor provocó pérdidas potenciales de ingresos laborales de 1,07 billones de dólares. La agricultura concentró el 38% de estas pérdidas y los países con menor índice de desarrollo humano sufrieron un impacto proporcionalmente mayor.
Proteger la salud frente al cambio climático exige reducir las emisiones, mejorar las condiciones de vida y preparar los servicios públicos para unas temperaturas cada vez más extremas. También requiere prestar especial atención a quienes viven en viviendas mal acondicionadas, trabajan al aire libre o tienen dificultades para acceder a suministros básicos como el agua y la energía.
Presupuestos públicos que no dañen la salud.
Entre 2016 y 2024, los gobiernos destinaron 6,2 billones de dólares en ayudas netas a los combustibles fósiles, según el informe. En diez países se gastó más en estas ayudas que en sanidad. Mientras tanto, la financiación internacional comprometida para preparar los sistemas sanitarios frente al cambio climático apenas cubría un tercio de las necesidades comunicadas por los países en desarrollo. Desde Salud por Derecho reclamamos que los gobiernos dejen de financiar actividades que agravan la crisis climática y exijan a las empresas de combustibles fósiles planes reales para reducir sus emisiones.
Los recursos públicos deben dirigirse a acelerar la transición energética, reducir la contaminación y proteger la salud de la población, especialmente de quienes más sufren sus consecuencias. Asimismo, rechazamos los recortes que se están planteando para el próximo presupuesto de la Unión Europea y reclamamos que al menos el 50% de los fondos se destine a combatir el cambio climático, proteger la naturaleza y reducir la contaminación. Es necesario garantizar recursos suficientes para mejorar las viviendas, impulsar el transporte público y proteger la salud de la población frente a los efectos del cambio climático.
La reducción de emisiones tiene beneficios en salud que ya se pueden medir. El Lancet Countdown estima que, en 77 países donde disminuyó la contaminación atmosférica procedente de combustibles fósiles desde 2016, la mejora de la calidad del aire evitó unas 323.000 muertes anuales. En el conjunto del mundo, la contaminación por partículas finas procedentes de estos combustibles causó alrededor de 2,78 millones de fallecimientos en 2023.
En España, la transposición de la nueva Directiva europea de calidad del aire debe reforzar la protección de la salud frente a la contaminación atmosférica. Por eso, reclamamos que se cumpla el plazo de transposición, antes del 11 de diciembre, y que se adopten las medidas necesarias para alcanzar los nuevos límites legales en los plazos establecidos por la directiva. También pedimos avanzar hacia los niveles recomendados por la OMS lo antes posible.
Una adaptación que reduzca las desigualdades
En 2025, solo 56 de los 194 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud habían desarrollado un plan nacional de adaptación sanitaria al cambio climático. La falta de preparación es especialmente preocupante en los países y comunidades que ya sufren más sus consecuencias. Cuando hablamos de adaptación, hablamos de medidas que mejoren la vida cotidiana. Entre ellas, acondicionar las viviendas para protegerlas del calor y del frío, combatir la pobreza energética, ampliar el transporte público accesible y reforzar la capacidad de los sistemas sanitarios para responder a fenómenos meteorológicos extremos son inversiones que pueden prevenir daños a la salud y reducir desigualdades.
La preparación del nuevo Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente (PESMA) ofrece una oportunidad para reforzar la respuesta sanitaria al cambio climático. Desde Salud por Derecho reclamamos que incorpore medidas concretas, compromisos vinculantes y recursos suficientes para prevenir los daños sobre la salud, especialmente entre las poblaciones más vulnerables. Desde Salud por Derecho también pedimos que los programas financiados por la Unión Europea incorporen evaluaciones de impacto en salud. No basta con conocer cuánto dinero se dedica a la acción climática. Es necesario comprobar si las inversiones reducen la exposición a la contaminación, protegen a las personas frente al calor y mejoran las condiciones de vida de quienes se encuentran en situaciones más vulnerables.
La Unión Europea también está preparando un nuevo marco de resiliencia climática para mejorar la prevención y la respuesta ante los efectos del calentamiento. Este proceso debe servir para reforzar la protección de la salud y garantizar que las medidas de adaptación lleguen a las poblaciones más expuestas. Para ello, será necesario acompañar los compromisos europeos de financiación suficiente y tener en cuenta las desigualdades existentes entre países y territorios. La respuesta internacional requiere, además, más financiación para los países con menos recursos. El Lancet Countdown reclama aumentar las ayudas mediante subvenciones y préstamos en condiciones favorables, reforzar la cooperación y facilitar el acceso a los datos que permiten evaluar los resultados de las políticas.
La próxima cumbre del clima, la COP31, que se celebrará en noviembre en Turquía, será una nueva oportunidad para avanzar en la reducción de emisiones y en la financiación internacional para la adaptación. Desde Salud por Derecho insistimos en que estos compromisos deben tener en cuenta sus efectos sobre la salud y las necesidades de las poblaciones que más sufren las consecuencias del cambio climático.
