El acceso a los servicios sanitarios y a los medicamentos son parte del derecho a la salud. Sin embargo, millones de personas en todo el mundo ven vulnerado su derecho a la vida porque se ponen por delante los beneficios empresariales. Mientras, gobiernos y organismos internacionales, apoyados en la ausencia de transparencia y de mecanismos de rendición de cuentas, adoptan políticas contrarias al interés público.

En Salud por Derecho trabajamos, a través de campañas, la formulación de propuestas, la incidencia política y desde la perspectiva de la justicia social, para que los estados asuman la responsabilidad global de garantizar el derecho a la salud de todas las personas, con independencia de dónde vivan.