Médicos Sin Fronteras y Salud por Derecho piden que la contribución se adecue a las necesidades, tras el anuncio del Gobierno español de reanudar su apoyo al Fondo Mundial
El Fondo Mundial sufre un déficit de financiación de 2.000 millones de dólares: sin nuevos compromisos económicos este año, no podrá poner a más personas en tratamiento
Tras el anuncio realizado ayer en el Congreso por el Ministro de Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, de que España reanudará el compromiso con el Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, la Fundación Salud por Derecho y Médicos sin Fronteras (MSF) creen que esta decisión es un paso en la dirección correcta, y piden que la nueva contribución se adecue a las urgentes necesidades del Fondo y de los millones de pacientes que dependen de los programas financiados por esta institución en todo el mundo.
Hasta 2009, España había sido uno de los principales donantes del Fondo. En 2010, su aportación se redujo a la mitad de lo comprometido, y 2011 terminó sin contribución alguna. Según Vanessa López, directora de Salud por Derecho, “el anuncio de ayer es una buena noticia. El siguiente paso es que España adopte un compromiso económico adecuado a la vista de grave situación económica por la que atraviesa el Fondo”. “El Fondo Mundial necesita recuperar a España como uno de sus principales donantes”, añadió.
Salud por Derecho y Médicos sin Fronteras han estado trabajando los dos últimos años para que España mantuviese su compromiso con este organismo a pesar de la crisis. El Fondo Mundial ha conseguido salvar la vida de más de seis millones y medio de personas: supone casi tres cuartas partes de la financiación global contra la malaria y la tuberculosis y un tercio de la financiación global contra el sida.
Además, la comunidad internacional, incluyendo España, se comprometieron en 2011 a extender el tratamiento contra el sida a 15 millones de personas para 2015, con el Fondo Mundial asumiendo la mitad de esta cohorte de pacientes. Sin embargo, el pasado noviembre, tras la retirada del apoyo de algunos países donantes como España, el Fondo Mundial, con un déficit de 2.000 millones de dólares para ese año, se vio obligado a cancelar la ronda anual de financiación, una decisión sin precedentes en sus diez años de historia.
En palabras de José Antonio Bastos, presidente de MSF, “los recortes de financiación amenazan con detener tanto los avances conseguidos hasta ahora como los previstos para controlar la epidemia”. “En países como República Democrática de Congo, Myanmar o Zimbabue, los programas nacionales de tratamiento que existen en la actualidad están amenazados, y ello está teniendo graves consecuencias para los pacientes a la espera de recibir urgente tratamiento”, precisó.
Existe un compromiso claro de los países afectados por el sida para dar una respuesta ambiciosa, con el camino allanado gracias a la aparición de las dosis fijas combinadas (que simplificaron las terapias) y a la reducción de los precios derivada de la competencia de los genéricos. Además, las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud para impulsar el tratamiento precoz y con mejores fármacos acercarán los estándares clínicos de los países sin recursos a los de nuestros sistemas sanitarios.
Asimismo, en 2011, los estudios científicos confirmaron que el tratamiento no sólo salva vidas sino que previene nuevas infecciones. “Nos encontramos por tanto en un momento crucial: tenemos la capacidad de cambiar el rumbo de la epidemia, pero para ello los países donantes, y España en concreto, deben reanudar un apoyo firme y sostenido al Fondo”, indicó Bastos.
Un estudio de ONUSIDA estima que con una inversión mundial de 6.000 millones de dólares más al año en programas contra el sida hasta 2015 (la media actual es de 16.000 millones) podría alcanzarse la cobertura universal, y que para 2020 podrían haberse salvado 7 millones de vidas y prevenido 12 millones de infecciones.
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España había comprometido para el trienio 2008-2009-2010 un total de 600 millones de dólares. Las sumas correspondientes a 2008 y 2009 (200 millones al año) fueron ingresadas íntegramente conforme a lo comprometido. En 2010, sin embargo, España sólo entregó el 55% de la cantidad anual correspondiente. En 2011, la aportación fue de cero.
