El pasado lunes tuvo lugar la conferencia online de la Respuesta Global al Coronavirus, organizada y liderada por la presidenta de la Comisión Europea, en la que de países de todo el mundo, algunas organizaciones civiles y filantrópicas y del sector privado donaron una suma de 7.400 millones de euros destinados a acelerar el trabajo en investigación y desarrollo de test, medicamentos y vacunas para la COVID19.
Esta iniciativa, que responde al llamado de la Organización Mundial de la Salud y otros actores de la salud global frente a la crisis mundial del coronavirus, tiene, además, una importante premisa: que los medicamentos, vacunas y otras herramientas desarrolladas estén disponibles para todas las personas que lo necesiten, a precios asequibles y sin dejar a nadie atrás.
La iniciativa es una gran noticia a la que damos la bienvenida.
Sin embargo, como ya han alertado otras organizaciones, surgen muchos interrogantes sobre varios temas importantes: ¿cómo se asegurará un acceso global a los tratamientos, vacunas y herramientas para combatir a la Covid19 resultantes de estas investigaciones? ¿Cómo se asegurará la producción a escala global y el suministro y abastecimiento para todos los países, sin distinción y en el momento que lo necesiten? ¿A quién pertenecerá la propiedad intelectual de los tratamientos y vacunas? ¿Cómo se establecerán los precios? ¿Quién lo hará? ¿Cómo se asegurará el acceso abierto al conocimiento generado en las investigaciones? ¿Qué mecanismos de rendición de cuentas y transparencia habrá?
Recaudar importantes sumas de dinero no es suficiente. Para asegurar que los medicamentos, vacunas y otras herramientas llegan a todas las personas del mundo, hace falta que los gobiernos donantes introduzcan reglas específicas y condiciones en sus aportaciones y en los acuerdos con los actores públicos y privados que recibirán esa financiación para que los productos desarrollados sean considerados y tratados, realmente, como bienes públicos globales.
Acuerdos que den a los gobiernos capacidad para fijar los precios de estos productos. Precios justos y asequibles, con base en los costes reales de las investigaciones y la cantidad de inversión pública, y que tengan en cuenta un margen de beneficio razonable para los grupos de investigación o empresas que los hayan desarrollado.
Solo de este modo podrán ser adquiridos por todos los sistemas nacionales de salud en todos los países –pobres o ricos- y llegar sin coste a todas las personas que los necesiten, priorizando a los más vulnerables y a las personas con mayores riesgos.
En sus condiciones, los gobiernos tienen que imponer acuerdos con los grupos de investigación, empresas privadas u otros actores de la I+D que reciban parte de estos fondos públicos (que han ido destinados principalmente a organismos multilaterales como CEPI y GAVI). Las vacunas, tratamientos o herramientas de diagnóstico que se desarrollen no pueden estar bajo licencias de exclusividad, evitando así los monopolios y facilitando que varios productores puedan fabricarlos y distribuirlos para hacer frente a uno de los grandes retos de la pandemia: producir cantidades suficientes para abastecer las necesidades de todos los países.
Además, debe haber condiciones para que los datos obtenidos, el conocimiento generado y los resultados durante las diferentes fases de la investigación, sean de dominio público y compartidos abiertamente con la comunidad científica. Esto acelerará vertiginosamente el resto de investigaciones y ayudará a reducir los costes de estas y los precios finales de los futuros tratamientos y vacunas.
Y, por supuesto: hace falta una gobernanza global, inclusiva y transparente, a puerta abierta, con sistemas de rendición de cuentas para saber el alcance de las acciones, saber cómo y dónde se ha invertido o se invertirán los fondos públicos, monitorear el progreso, conocer qué acuerdos se han alcanzado o que actores están involucrados. Una gobernanza, además, que debe incluir a las organizaciones de la sociedad civil.
La iniciativa de la Respuesta Global al Coronavirus apenas está arrancando, y esta ronda de recaudación es tan solo la primera fase. Igualmente es, sin duda, una gran noticia. Este lunes hemos visto a presidentes de países como Francia, Japón, Canadá, Italia o España –que participó con 125 millones de euros y recordó los 100 millones comprometidos el año pasado al Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria– hablar abiertamente de su compromiso con la I+D de medicamentos y vacunas y el acceso global a éstas.
Sin embargo, quedan muchos pasos por dar y muchas preguntas por responder para ver cómo y de qué manera ese compromiso se materializa y para que en la lucha contra esta pandemia no se quede nadie atrás.
