Cada año la Organización Mundial de la Salud celebra su Asamblea con esperanzas, pero también con enormes obstáculos que, con frecuencia, impiden avances reales en muchas de sus prioridades estratégicas. Pero este año, el plan de trabajo de su director, el Dr. Tedros, que abarca hasta el 2023, representa una oportunidad en muchos ámbitos, especialmente en el acceso a medicamentos.
La preparación de las dos reuniones de Alto Nivel sobre Enfermedades No Transmisibles y Tuberculosis, que tendrán lugar en septiembre, han ocupado gran parte de la agenda. La primera de esas reuniones concentra sus esfuerzos en la prevención y control de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer y diabetes, y es una de las citas más importantes en materia de salud global. De acuerdo con los datos aportados por la OMS en 2015, 15 millones de personas en el mundo murieron de forma prematura por una de estas causas. La segunda reunión se ocupará de la tuberculosis, una enfermedad que necesita un abordaje urgente y un compromiso definitivo por parte de los Estados para erradicar la enfermedad para el 2030 y aumentar el acceso de la población a los fármacos: hoy, apenas el 12% de personas reciben tratamiento.
España debería prepararse para ambas citas, procurando una representación del más alto nivel y un compromiso con estas enfermedades. El abordaje del cáncer necesita no solo de la prevención y del tratamiento, también de otros elementos como el control del coste de sus terapias, muy lejos de poder ser asumidas en cualquier país del mundo. Lo mismo ocurre con los tratamientos para la diabetes, que, en países como Kenia, por ejemplo, el coste para la diabetes de tipo 1 puede suponer el 56% del salario medio mensual.
La Asamblea Mundial de la Salud número 71, celebrada la semana pasada en Ginebra, ha traído otras buenas noticias: Tedros ha conseguido el apoyo para aprobar una hoja de ruta que tiene entre sus principales hitos el acceso a medicamentos, vacunas y productos sanitarios asequibles y de calidad garantizada. El documento de partida asume el precio como una barrera y la necesidad de establecer precios justos, pero también la responsabilidad de la OMS para movilizar una voluntad política que favorezca medidas de acceso adecuado a los medicamentos y a las tecnologías sanitarias.
Acompañando a este objetivo, la OMS ha establecido una serie de prioridades en la Estrategia Mundial y Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual, que finaliza en el 2021. Un total de 33 de las 108 previstas originalmente, que se centran, entre otros ámbitos, en investigar en necesidades de la población no satisfechas aún; en la financiación del Observatorio Mundial de la Investigación y el Desarrollo; en el fomento de la transparencia y el conocimiento de los costes de la I+D de los medicamentos; o la colaboración con otras organizaciones internacionales para promover el desarrollo de legislación nacional que refleje plenamente las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Unas flexibilidades que facilitan a los países saltarse la patente de un fármaco si lo considera una necesidad de salud pública, por ejemplo.
La sociedad civil y activistas de todo el mundo hemos acudido para escuchar posiciones y participar en el debate sumando voces que ganen terreno para el derecho a la salud en detrimento de los intereses privados. No sabemos todavía dónde quedarán muchas de estas intenciones. No obstante, las ventanas de la OMS se han abierto y cierto aire nuevo y renovado recorre sus pasillos. Tendremos que estar atentos.
