Del 30 de noviembre al 12 de diciembre, tendrá lugar en Dubái la Conferencia de las Partes (COP28), donde los Estados se reunirán para abordar la crisis climática global. En este contexto, Salud por Derecho ha publicado hoy un documento con recomendaciones para abordar la urgencia climática que ha enviado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, instando al Gobierno a defender con firmeza estas medidas desde la Presidencia Española de la UE. La organización ha mostrado su preocupación por la inacción y los limitados avances que se esperan en la COP28, a pesar de la trascendencia del momento, y recuerda que la falta de compromisos reales y efectivos dificultará aún más poder alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.
El impacto del cambio climático en la salud humana es innegable y alarmante. Entre 2030 y 2050, podrían producirse alrededor de 250.000 muertes adicionales al año debido a causas como la desnutrición, la malaria, la diarrea o el calor, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Comisión Lancet. Además, el prestigioso informe de Lancet Countdown de 2023 advierte de que las muertes relacionadas con el calor en personas mayores de 65 años han aumentado un preocupante 85% en comparación con la década comprendida entre 1990 y el año 2000.
Este impacto en la salud tiene muchas vertientes. Por un lado, la económica: un coste de entre 2000 y 4000 millones de dólares anuales hasta 2030 que recae especialmente en los países con menos recursos y peores infraestructuras que, sin embargo, son los que menos contaminan y menos pueden protegerse. Por otro lado, afecta al comportamiento de muchas enfermedades, tanto transmisibles como no transmisibles, cuyos patrones se ven alterados por las cada vez más frecuentes e intensas olas de calor o de frío, inundaciones y largos periodos de sequía. Un ejemplo ilustrativo es el caso de la malaria, que se expande hacia nuevas regiones donde han cambiado las condiciones climáticas permitiendo la proliferación del mosquito portador del vector.
Además, la contaminación atmosférica aumenta también las enfermedades respiratorias y oncológicas, siendo especialmente relevantes en poblaciones más vulnerables, como la infancia, mujeres embarazadas, personas mayores, trabajadores expuestos al aire contaminado y enfermos crónicos. En 2019, 6,67 millones de personas murieron en todo el mundo debido a la contaminación del aire.
Los efectos del cambio climático se extienden también a la agricultura, donde periodos de sequía reducen e incluso acaban con las cosechas de las que depende la supervivencia de muchas poblaciones, que son obligadas a migrar para hacer frente al futuro.
Qué pide Salud por Derecho
Las emisiones globales de gases de efecto invernadero experimentaron un preocupante aumento del 12% entre 2010 y 2019, una cifra que asciende al 54% si la comparamos con los niveles de 1990. Es una tendencia insostenible que tiene una clara solución urgente: acabar con los combustibles fósiles. Para ello, Salud por Derecho propone un plan global que permita su eliminación gradual, promoviendo energías renovables y medidas que impulsen la eficiencia energética. La meta es reducir las emisiones en un 43% para 2030 y un 60% para 2035 con respecto a los niveles de 2019. Para conseguirlo, es imprescindible acabar con toda financiación pública para combustibles fósiles, incluidos los subsidios. Según el Fondo Monetario Internacional, los subsidios globales a este asunto alcanzaron los siete billones de dólares en 2022, un máximo histórico.
Siguiendo con la financiación, Salud por Derecho destaca la obligación de los países con rentas más altas de cumplir cuanto antes el compromiso de destinar 100.000 millones de dólares a la financiación climática que adoptaron para 2020. Asimismo, reclama un aumento de la inversión destinada a políticas de adaptación para 2025, apoyando a los países con menores ingresos a hacer más fuertes y resistentes sus sistemas de salud y a mejorar aspectos clave como el acceso al agua, saneamiento, vivienda o infraestructuras sostenibles. La organización recuerda que la financiación destinada a inversiones en políticas de adaptación es menor porque se priorizan las acciones de mitigación. Sin embargo, ambas políticas son necesarias y complementarias, por lo que su financiación también debe serlo.
La organización reclama, asimismo, la puesta en marcha de fondo de pérdidas y daños para atender las necesidades de las comunidades más afectadas. Esta financiación debe otorgarse en forma de subvenciones y no préstamos, teniendo en cuenta los contextos específicos de las regiones que los soliciten e ir acompañados con planes de protección social para mejorar el acceso a los servicios de salud de las comunidades afectadas.
Otras medidas que recoge el informe son planes especiales para prevenir los problemas de salud y reducir las muertes relacionadas con el cambio climático, así como proteger a las poblaciones y comunidades más afectadas y vulnerables; y garantizar la protección del derecho a la salud de los migrantes climáticos.
En un contexto global donde sobrevuela la amenaza de incumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con 735 millones de personas padeciendo hambre en todo el mundo, Salud por Derecho exige medidas inmediatas para abordar la inequidad y las desigualdades, colocando la salud y la sostenibilidad en el centro de la voluntad política.
En este enlace podrás acceder al documento completo de recomendaciones para la COP28 .
