La negociación del próximo presupuesto de la Unión Europea marcará cuánto dinero se va a destinar a proteger a la población frente a los impactos del cambio climático, quién asumirá los costes de la transición energética y qué regiones quedarán rezagadas si la financiación no llega donde más se necesita.
De todo ello hablamos en “El presupuesto de la UE y la acción climática: ¿Qué está en juego?”, una charla que organizamos hace unas semanas junto a Revo Prosperidad, Climate Strategy y Green Finance Institute España. El encuentro analizó cómo el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034 condicionará la capacidad europea para financiar la transición ecológica y responder a sus impactos sociales y sanitarios.
Aunque la Comisión Europea plantea que el 35% del presupuesto contribuya a objetivos climáticos, las organizaciones participantes alertamos de que esa meta puede quedarse corta si no existen mecanismos claros para controlar cómo se invierte el dinero y qué impacto real tiene. El debate afecta directamente a cuestiones cotidianas como la rehabilitación de viviendas, el transporte público, la calidad del aire o la capacidad de los sistemas sanitarios para responder a olas de calor cada vez más frecuentes.
Uno de los principales problemas es la escala. Aunque el presupuesto europeo crecerá ligeramente en términos nominales, buena parte de los recursos estarán condicionados por la devolución de la deuda generada tras la pandemia y por unas necesidades de inversión climática que siguen aumentando.
Durante el webinar también se advirtió del riesgo de que determinadas inversiones se contabilicen como “gasto climático” sin generar un impacto ambiental real. Las organizaciones reclamamos criterios más estrictos, sistemas de seguimiento independientes y mecanismos que permitan medir resultados concretos, como reducción de emisiones, mejora de la eficiencia energética o disminución de la vulnerabilidad social.
Otro de los ejes del debate fue la relación entre cambio climático, salud pública y desigualdad. El aumento de las temperaturas, la contaminación del aire o la pobreza energética ya tienen consecuencias directas sobre la salud, especialmente entre las personas mayores y los grupos con menos recursos. Garantizar que el gasto de la UE genere beneficios para la salud, en lugar de contribuir al aumento de las emisiones de contaminantes atmosféricos, es por lo tanto esencial, y a día de hoy, fuera del debate.
La negociación del próximo presupuesto europeo también refleja una disputa política más amplia: cómo equilibrar competitividad industrial, cohesión territorial y transición ecológica sin dejar atrás a los territorios y grupos sociales más vulnerables. El resultado marcará durante años la capacidad de Europa para responder a una crisis climática que ya tiene consecuencias directas sobre la salud, la economía y las desigualdades sociales.
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