A poco que a uno le interese la salud pública, la investigación biomédica o el sector de los medicamentos resulta difícil no estar al corriente de algunas de las noticias que recorrieron medio mundo a finales de febrero, en la que fue una semana negra para el sector de la industria farmacéutica. Primero saltó a la luz lo que ya se conoce como “pharmagate”: la organización estadounidense Knowledge Ecology International (KEI) hizo público un email que evidenciaba la clara oposición de una docena de empresas farmacéuticas a la reforma de la ley de patentes en Sudáfrica y su estrategia de lobby para conseguir parar su puesta en marcha. Varios diarios internacionales como The Guardian se hicieron eco y la repercusión fue enorme porque coincidió con la reunión de la Junta Directiva de la OMS y motivó una dura y clara intervención del Director General del Departamento Nacional de Salud de Sudáfrica, Malebona Precious Matsoso.
A los pocos días, otra compañía farmacéutica volvía a ser noticia cuando el consejero delegado de Bayer, durante una negociación sobre patentes con autoridades en las que se abordaba el caso de un fármaco de última generación para tratar cánceres de hígado y de riñón, manifestó en público: “no creamos este medicamento para los indios, sino para los occidentales que pueden pagarlo”. De nuevo varios medios de comunicación recogían la noticia, entre ellos El País, poniendo una vez más en jaque la maltrecha reputación del sector.
La importancia de estos dos casos, además de las consecuencias que puedan existir para el proceso legislativo sobre patentes en Sudáfrica o las condiciones impuestas para el fármaco en cuestión en la India, radica en que ponen de manifiesto de una manera cruda y contundente las debilidades estructurales que existen en el modelo de investigación, desarrollo y comercialización de medicamentos. Estos dos sucesos tienen a dos países en desarrollo como protagonistas, donde los problemas de acceso son dramáticas, pero es vital no perder de vista que las consecuencias, entre las que se cuentan los altos precios de los medicamentos y los incentivos negativos a la innovación que provoca el sistema actual de patentes, también se dejan sentir en España, Europa y Estados Unidos. Por otro lado, lo importante no es sólo denunciar estas prácticas irresponsables y carentes de toda ética, sino que sirvan de acicate para introducir modelos alternativos de innovación, con principios basados en el derecho a la salud y el interés público y que no tengan la maximización del beneficio económico y la protección y extensión de patentes como único incentivo, aún cuando ya sabemos que va en contra de la salud de las personas. Esta ha sido la principal conclusión de los expertos y de la sociedad civil. Los gobiernos, representantes políticos e instituciones tienen nuevas evidencias de que el sistema no funciona. Ahora tienen la obligación de hacer todo los que está en su mano para que entre todos podamos arreglarlo.
El equipo de Salud por Derecho
Lecturas relacionadas:
– Time for a rethink: Why the Pharmaceutical R&D System needs to change – Managing Intellectual Property
– Es el momento para que la UE tome el liderazgo en innovación. La promoción del conocimiento y la innovación como bienes públicos – HAI y TACD – Traducido al español por Salud por Derecho, 2013
