El Grupo de Trabajo sobre Salud, Medicamentos e Innovación (GTSMI) es una iniciativa de un conjunto de organizaciones y expertos de diversos ámbitos que ha realizado su presentación pública en el evento “Acceso a medicamentos e innovación en tiempos de crisis” que tuvo lugar en el Ateneo de Madrid el 20 de enero de 2014. El Grupo se reunió previamente con los principales partidos políticos y algunas instituciones para presentarles su manifiesto fundacional y explicarles sus principales preocupaciones. Además, en el acto público han participado asociaciones científicas y profesionales, empresas del sector farmacéutico, ONG, representantes del área de innovación del Ministerio de Economía y Competitividad y de la Comunidad de Madrid y asociaciones de pacientes, entre otros.
Entre los miembros promotores del GTSMI se encuentran la Confederación de Consumidores y Usuarios, Médicos del Mundo, Salud por Derecho, Trans-Atlantic Consumer Dialogue, Farmacéuticos sin Fronteras, No Gracias, los expertos Joan Rovira, David del Campo, Judit Rius y Xavier Seuba; y se pretende que más entidades y particulares se sumen a la iniciativa en breve.
Vanessa López, directora de la Fundación Salud por Derecho, explica que “el grupo surge como respuesta ante una gestión injusta e ineficaz de la crisis, pero también por las debilidades estructurales y tradicionales del proceso de investigación, desarrollo, regulación y comercialización de los medicamentos, no sólo en España, si no a escala global”. El Grupo se propone contemplar el problema desde una perspectiva completa, pues como afirma López: “a la inequidad en el acceso a los medicamentos que siempre han sufrido los pacientes en los países empobrecidos y a la falta de investigación en las llamadas enfermedades olvidadas, se une ahora una preocupación creciente por la sostenibilidad del sistema en los países de altos ingresos y la calidad de la innovación”.
David Hammerstein, asesor de políticas de la organización de consumidores Transatlantic Consumer Dialogue declara que “una respuesta justa y participativa a la crisis exige mucha más transparencia sobre el gasto de recursos públicos, sobre los precios pagados en la compra de medicamentos, sobre la evaluación rigurosa de su eficacia y seguridad y, en general, sobre los impactos reales sobre la salud de los recortes sanitarios”.
La falta de información en la mayor parte de los aspectos relacionados con el medicamento, especialmente los que hacen referencia a la investigación clínica, precios reales de transacción, relaciones entre la industria y los prescriptores, motivación de las decisiones de regulación, fijación de precio, financiación pública, etc., es una de las áreas detectadas por el Grupo como un problema fundamental. Abel Novoa, presidente de No gracias afirma que “es imprescindible aportar luz a los procesos de generación, difusión y aplicación del conocimiento clínico, porque la transparencia en medicina salva vidas”, y añade: “la falta de transparencia va en contra de la salud de los ciudadanos, de la equidad social, de las obligaciones éticas profesionales y de la propia innovación”
También faltan estudios de impacto formales e independientes que evalúen el impacto de las medidas adoptadas por el gobierno, pero existe evidencia convincente de que se ha deteriorado sustancialmente el acceso de los colectivos más vulnerables. A este respecto Stefan Meyer, director adjunto de Médicos del Mundo, mantiene que “los copagos son injustos porque afectan mucho más a las personas con menos recursos y infligen un castigo adicional a las personas enfermas. Además, son ineficaces porque ni generan un ahorro ni inducen a un uso más racional de los fármacos.”
Desde la perspectiva integral que incorpora el GTSMI, el problema empieza en la investigación y desarrollo de los medicamentos. Joan Rovira, profesor emérito de teoría económica de la Universidad de Barcelona y experto en política del medicamento sostiene que “la I+D biomédica debe financiarse adecuadamente y es probable que requiera más recursos de los que se le está dedicando; pero hay que hacerlo con mecanismos e incentivos que aseguren que las innovaciones supongan un aportación real a la salud y el bienestar social y faciliten un acceso equitativo a las mismas”.
Algunas de las recomendaciones ya aportadas por el Grupo de trabajo son:
1. La evaluación independiente del impacto de los recortes sanitarios y la introducción de medidas correctivas
2. La publicación de información clave relativa a los medicamentos, tal como los precios pagados por las distintas administraciones.
3. Cambios en el modelo de innovación biomédica para orientarla más hacia las necesidades de salud y para evitar la privatización de conocimiento generado con inversión pública.
4. La creación de un organismo estatal transparente y participativo que evalúe la eficacia, seguridad y coste-beneficio de los productos farmacéuticos.
5. Considerar la posible utilización de las licencias obligatorias como potencial instrumento para asegurar el equilibrio entre los derechos del innovador/titular del derecho y los de la sociedad.
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El equipo de Salud por Derecho
