La Unión Europea destina miles de millones de euros a financiar la investigación y el desarrollo de medicamentos, vacunas y otras tecnologías sanitarias. Solo el área de salud de Horizonte Europa dedicó más de 8.200 millones de euros durante el periodo 2021-2027. Esta inversión permite impulsar nuevos productos, pero no garantiza por sí sola que estén disponibles, sean adecuados para quienes los necesitan o tengan un precio asumible. Muchas de las decisiones que definen el acceso se toman antes de que un medicamento llegue a los sistemas sanitarios. La elección de qué enfermedades se investigan, el diseño del producto, las licencias, la transferencia de la tecnología, la fabricación o los países donde se solicita su autorización pueden facilitar su llegada a la población o levantar barreras que son difíciles de corregir más adelante.
Para hablar de todo ello, en Salud por Derecho organizamos hace unos días en el Parlamento Europeo el encuentro Health Innovation for Public Benefit: Opportunities for Strengthening Access, Resilience and Competitiveness, junto al Medicines Patent Pool (MPP) y la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi), con el eurodiputado Nicolás González Casares como anfitrión. La jornada reunió a responsables políticos europeos, representantes de gobiernos, financiadores de la investigación, organizaciones dedicadas al desarrollo de medicamentos, pacientes y sociedad civil.
Centramos el debate en la planificación del acceso, un enfoque que tiene en cuenta las necesidades de pacientes y sistemas sanitarios desde las primeras etapas de la investigación. En la práctica, todo ello se traduce en compromisos sobre el precio, las licencias, la transferencia de tecnología, la capacidad de producción, el suministro o el registro de los productos en los países donde se necesitan. Estas condiciones deben adaptarse al tipo de tecnología y a su fase de desarrollo. Un proyecto que comienza en un laboratorio no puede asumir los mismos compromisos que otro que ya se acerca a los ensayos clínicos o a la fabricación. Sí debe existir desde el principio una previsión sobre cómo llegará el resultado de la investigación a la población, acompañada de obligaciones claras y mecanismos para comprobar su cumplimiento.
Las experiencias compartidas durante el encuentro muestran que es posible trabajar de esta manera. Desde 2003, DNDi ha desarrollado 17 tratamientos para seis enfermedades. Su modelo incorpora el acceso y la asequibilidad al desarrollo de los productos, desde la selección de las necesidades de investigación hasta los acuerdos con universidades, compañías farmacéuticas y fabricantes. También existen precedentes dentro de la propia Unión Europea. Global Health EDCTP3, la asociación europea que financia investigación clínica sobre enfermedades infecciosas en África subsahariana, incorpora el acceso asequible entre sus obligaciones. La normativa que regula esta iniciativa establece que los productos y servicios desarrollados con su apoyo deben estar disponibles para la población en condiciones justas y razonables.
También abordamos las consecuencias que tiene este debate para Europa. Los sistemas sanitarios reciben tratamientos que pueden aportar enormes beneficios, pero cuyos elevados precios e impacto sobre los presupuestos públicos dificultan el acceso. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, recordó que las administraciones están presentes durante todo el desarrollo de los medicamentos. Financian investigación básica, participan en los ensayos clínicos a través de sus centros sanitarios y terminan pagando buena parte de los productos. Actuar cuando un medicamento ya ha sido autorizado y está a punto de llegar al mercado deja poco margen para corregir los problemas. Para entonces, los derechos sobre la tecnología, las decisiones sobre su fabricación y los acuerdos comerciales suelen estar cerrados. Incorporar las condiciones durante la concesión de la financiación pública permite anticipar estas cuestiones y aprovechar mejor la capacidad de negociación de las instituciones.
La Unión Europea está negociando cómo será su próximo programa de investigación e innovación. La Comisión Europea ha propuesto un presupuesto de 175.000 millones de euros para Horizonte Europa entre 2028 y 2034, una cifra que todavía debe acordarse con el Parlamento Europeo y el Consejo. Estas negociaciones ofrecen la posibilidad de incorporar la planificación del acceso de forma habitual en la financiación europea, desde las convocatorias hasta los contratos y el seguimiento de los proyectos. Este enfoque también ha entrado en los acuerdos internacionales. El Acuerdo sobre Pandemias adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud en 2025 incluye entre sus objetivos el acceso oportuno y equitativo a vacunas, tratamientos y pruebas diagnósticas. La experiencia de la COVID-19 mostró que desarrollar una tecnología con rapidez no basta si después no llega a los países y poblaciones que más la necesitan.
La inversión pública debe dar lugar a algo más que un nuevo producto. Debe orientar la investigación hacia las necesidades de salud, anticipar problemas de producción y suministro y contribuir a que los tratamientos lleguen a las personas que los necesitan a un precio que los sistemas sanitarios puedan asumir.
Puedes ver el encuentro completo (en inglés) en este vídeo:
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Imagen de portada: equipo del eurodiputado Nicolás Casares.
