Desde Salud por Derecho damos la bienvenida y nuestro apoyo a la Llamada a la Acción Solidaria de respuesta a la COVID19, lanzada el pasado viernes 29 por la Organización Mundial de la Salud y Costa Rica. Una iniciativa que se basa en un fondo común tecnológico en el que, de forma voluntaria, países, instituciones, industria farmacéutica y otros actores de la I+D cederán datos, conocimientos y propiedad intelectual, sobre productos de salud futuros y existentes contra la COVID-19 -como vacunas, medicamentos o diagnósticos- que habrán de ser ofrecidos como «bienes públicos mundiales».
Desde Salud por Derecho entendemos por ‘bienes públicos mundiales’ que esos productos deberán estar a disposición de todas las personas que lo necesiten sin perseguir un fin comercial, sino para conseguir un objetivo común: proteger la vida y la salud.
En este sentido, es vital que la respuesta a la actual crisis sanitaria mundial esté canalizada a través de un modelo de I+D alejado del habitual. Hoy en día, los monopolios sobre los medicamentos y las tecnologías sanitarias por parte de las farmacéuticas impiden el acceso a medicamentos, vacunas y otros productos a millones de personas en el mundo.
Es por ello que la iniciativa de la OMS y Costa Rica, facilitando el intercambio abierto de datos libres de propiedad intelectual, supone un gran avance y ayudará enormemente a que la comunidad científica y las empresas puedan acceder a la información que necesitan para producir las tecnologías existentes o nuevas, e incrementar su disponibilidad en todo el mundo, reduciendo los costes y aumentando la producción a gran escala y con ello su acceso por parte de todas las personas que lo necesiten.
Sin embargo, puede no ser suficiente, ya que el fondo de acceso tecnológico para la COVID-19 será voluntario, por lo que el acceso de millones de personas a los medicamentos o vacunas seguirá siendo un reto. Hacen falta compromisos más firmes y vinculantes por parte de todos los gobiernos para asegurar que en la lucha contra esta pandemia nadie se queda atrás.
Por otra parte, y a escala nacional, resulta urgente que los gobiernos introduzcan reglas específicas y condiciones en los acuerdos con los actores de la I+D públicos y, sobre todo, privados que están recibiendo financiación pública, para que los productos desarrollados con estos fondos sean considerados y tratados como bienes públicos globales, con precios justos y asequibles basados en los costes reales de la investigación.
Es fundamental, además, que las vacunas, tratamientos o diagnósticos desarrollados con esa financiación pública liberen la propiedad intelectual aplicando la no exclusividad en los procesos de licencia, evitando así los monopolios y facilitando que varios productores puedan fabricarlos y distribuirlos para abastecer las necesidades de todos los países, especialmente las de los países de medianos y bajos ingresos.
Ya son muchos los países que han apoyado la iniciativa de la OMS y Costa Rica, entre los que destacan Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, México, Noruega, Portugal, Sudáfrica, Países Bajos o Uruguay, entre otros. Se espera el apoyo de muchos más durante las siguientes semanas a través del sitio web que la OMS ha habilitado. Entidades de financiación en el ámbito de la investigación y el desarrollo, instituciones y empresas también pueden expresar su apoyo.
Desde Salud por Derecho celebramos y apoyamos esta iniciativa, que supone un gran primer paso hacia un modelo de I+D más justo centrado en las necesidades de salud de las personas. Además, instamos al Gobierno de España, todavía ausente, a sumarse de manera decidida a esta plataforma de solidaridad global.
Foto: OMS/Gettyimages/Y. Arcurs
