En octubre de 2019, la compañía farmacéutica Novartis recurrió a la Justicia para intentar impedir que el Ministerio de Sanidad – tras una petición de No Es Sano, campaña de la que Salud por Derecho es promotora- hiciera públicos los criterios terapéuticos y económicos que justificaban la aprobación y la fijación del precio de Kymriah, un novedoso tratamiento —dentro de las inmunoterapias celulares (CART)— que ronda los 320.000 euros en España y que trata la leucemia linfoblástica aguda (LLA), un tipo de cáncer de la médula ósea y de la sangre que afecta especialmente a niños y jóvenes menores de 25 años. Es la primera terapia de este tipo que fue aprobada en España.
Ahora el juez, en la sentencia que acaba de hacer pública, argumenta que el Ministerio debería haber dado audiencia a la compañía para conocer sus alegaciones. De este modo, atribuye a un defecto de forma en el proceso e insta al Ministerio a dar marcha atrás y dar audiencia a Novartis antes de aceptar o denegar la petición de No es Sano.
La campaña celebra que el juez no se haya decantado a favor de impedir el acceso a la información, como pedía la compañía aludiendo a la protección de sus intereses comerciales, y lo haya atribuido a un defecto de forma en el proceso. Además, espera que el Ministerio de Sanidad cumpla con la sentencia y, una vez que haya dado audiencia a Novartis, continúe el proceso y se haga pública la información solicitada.
Las organizaciones que conforman la campaña recuerdan que es fundamental que se sigan dando pasos en transparencia y que este tipo de información referente a la aprobación y financiación de los medicamentos y terapias debe ser considerada de interés público, por lo que debería estar disponible para la ciudadanía. Así lo reconoció el propio Consejo de la Transparencia y lo han respaldado organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud.
