La contaminación del aire no afecta a todas las personas por igual. En muchas ciudades, quienes tienen menos recursos están más expuestos a los contaminantes, son más vulnerables a sus efectos y acaban sufriendo peores consecuencias para su salud. Esta es una de las principales conclusiones del informe Ciudades frente al cambio climático. Reducir emisiones para ganar salud, que publicamos hoy desde Salud por Derecho.
La contaminación del aire y el cambio climático están estrechamente vinculados. Gran parte de las emisiones que deterioran la calidad del aire proceden de la quema de combustibles fósiles en el transporte, la generación de energía (que consumen en gran parte los hogares) o la industria, las mismas actividades que también contribuyen al calentamiento global.
En el documento analizamos cómo esta desigualdad ambiental se traduce en lo que denominamos una “triple vulnerabilidad”. En muchas ciudades, los barrios con menor renta suelen estar situados cerca de grandes vías de tráfico o zonas con mayor carga contaminante. En estos entornos, las concentraciones de contaminantes pueden llegar a ser hasta un tercio más altas.
Pero la exposición es solo una parte del problema. A esta realidad se suman otros factores sociales que amplifican los riesgos para la salud: las condiciones de vivienda, el tipo de empleo o el acceso a servicios sanitarios influyen directamente en la capacidad de las personas para protegerse de la contaminación o reducir su exposición.
La contaminación no es solo un problema ambiental, sino también una cuestión de salud pública y de justicia social. Si las políticas urbanas tienen en cuenta a las personas que están más expuestas, las ciudades pueden reducir emisiones y mejorar el bienestar de toda la población.
La mala calidad del aire es uno de los principales riesgos ambientales para la salud en Europa. Cada año provoca más de 253.000 muertes prematuras en la Unión Europea y puede reducir la esperanza de vida hasta en dos años. Además, el 97% de la población urbana respira aire con niveles de partículas finas superiores a los recomendados para proteger la salud.
El impacto también tiene una dimensión económica. La contaminación del aire supone un coste medio de más de 1.200 euros al año por habitante en las ciudades europeas, debido a gastos sanitarios, pérdida de productividad y otros efectos asociados.
La evidencia científica es clara, la exposición prolongada a contaminantes como las partículas finas o el dióxido de nitrógeno se relaciona con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y metabólicas, así como con problemas en el desarrollo infantil, mayor riesgo de prematuridad y efectos sobre la salud mental.
En las ciudades, el tráfico motorizado es la principal fuente de emisiones contaminantes. Aunque los vehículos de mercancías y transporte de personas representan solo alrededor del 13% de la flota, son responsables del 51% de las emisiones de óxidos de nitrógeno en la Unión Europea.
En nuestro informe analizamos distintas intervenciones urbanas que ya están demostrando su capacidad para reducir emisiones y mejorar la salud. Entre ellas destacan las zonas de bajas emisiones, las calles escolares sin tráfico o el rediseño de barrios para favorecer la movilidad activa. La evidencia muestra que estas políticas pueden tener impactos relevantes. Las calles escolares han logrado reducciones de entre el 23% y el 33% en los niveles de dióxido de nitrógeno en los entornos cercanos a centros educativos.
Otro ejemplo es el modelo de supermanzanas en Barcelona. Según estimaciones del Instituto de Salud Global de Barcelona, su implantación completa podría evitar hasta 667 muertes prematuras al año gracias a la reducción de contaminación, ruido y calor urbano.
Más allá del coche eléctrico
El informe también advierte de que centrar la solución únicamente en sustituir coches de combustión por eléctricos es insuficiente. Aunque los vehículos eléctricos eliminan las emisiones del tubo de escape, no resuelven otros problemas asociados al actual modelo de movilidad urbana. Un atasco de coches eléctricos sigue siendo un atasco: ocupa espacio, genera partículas por el desgaste de frenos y neumáticos y mantiene la congestión en las ciudades.
Por ello, defendemos que la prioridad debe ser reducir la dependencia del coche privado y recuperar espacio urbano para las personas. Para lograrlo, es fundamental reforzar el transporte público, facilitar los desplazamientos a pie o en bicicleta y renaturalizar el espacio público. Estas alternativas no solo reducen emisiones, sino que tienen beneficios directos para la salud, ya que fomentan la actividad física y ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y otras patologías crónicas.
Reducir la contaminación sin ampliar la desigualdad
Las políticas climáticas y urbanas también pueden generar efectos no deseados si no se diseñan teniendo en cuenta la equidad social. Algunas intervenciones destinadas a mejorar el entorno urbano pueden provocar procesos de encarecimiento de la vivienda y desplazamiento de residentes vulnerables.
Por eso defendemos que las políticas de movilidad y urbanismo deben incorporar alternativas de transporte asequibles y accesibles para toda la población, y garantizar que los beneficios de las mejoras ambientales se distribuyan de forma equitativa. Diseñar las ciudades poniendo la salud y la equidad en el centro permite que las políticas destinadas a reducir emisiones se conviertan también en herramientas para mejorar la calidad de vida y reducir las brechas sociales.
Este enfoque se conecta con la tramitación en España del nuevo real decreto de calidad del aire. Desde Salud por Derecho hemos enviado alegaciones para que la norma refuerce la protección de la salud desde un enfoque de derechos y reconozca de forma explícita el derecho a vivir en un entorno limpio, saludable y sostenible.
También pedimos que la información sobre la calidad del aire sea más clara y útil para la ciudadanía y que las decisiones se tomen de forma más abierta. No basta con informar sobre el cumplimiento de los límites legales. Es necesario explicar cómo esos niveles se comparan con lo que la ciencia considera seguro, comunicar el impacto real de la contaminación en la salud y garantizar una gobernanza más participativa, con la presencia activa de la sociedad civil, las sociedades médicas y las organizaciones ambientales y de salud.
