Con la Cumbre del Clima-COP30 en marcha en Belém, donde los países debaten el Plan de Acción de Salud de la OMS, Salud por Derecho publica hoy el informe “Decarbonizing pharma: A climate-conscious approach to pandemic preparedness” (Descarbonizar la industria farmacéutica: un enfoque climático para la preparación ante pandemias), que analiza el impacto ambiental de la industria farmacéutica en la respuesta a las pandemias y propone medidas concretas para reducir su huella de carbono.
El informe revela que, en proporción a sus ingresos, la industria farmacéutica genera un 55% más emisiones de gases de efecto invernadero que la automovilística, tradicionalmente considerada uno de los sectores más contaminantes. Este dato refleja la intensidad de emisiones del sector, es decir, la cantidad de CO₂ que libera por cada dólar que obtiene en ingresos. En conjunto, la producción y el consumo de medicamentos y tecnologías sanitarias representan una gran parte de las emisiones del sector de la salud, responsable de cerca del 5% de las emisiones globales de carbono. Gran parte de esta huella se concentra en las primeras fases de la producción -como la síntesis química y el uso de disolventes, que representan cerca del 80% de las emisiones del proceso-, así como en los laboratorios de investigación, que pueden consumir entre cinco y cien veces más energía que un edificio de oficinas estándar. A ello se suma una cadena de suministro global y fragmentada, donde el transporte internacional multiplica las emisiones indirectas.
Durante la pandemia de COVID-19, esta presión sobre el medio ambiente se disparó. La producción y transporte de vacunas implicó miles de vuelos y toneladas de residuos plásticos y químicos, mientras que solo la fabricación de mascarillas desechables añadió más de 18 millones de toneladas de dióxido de carbono. El informe advierte de un efecto circular, en el que la crisis climática aumenta el riesgo de nuevas pandemias y las respuestas sanitarias agravan el daño ambiental.
Integrar salud y sostenibilidad
El Plan de Acción de Salud de Belém, que la OMS presentará el 13 de noviembre durante el “Día de la Salud”, busca fortalecer sistemas sanitarios sostenibles, promover cadenas de suministro bajas en carbono y fomentar la innovación tecnológica verde desde principios de equidad y justicia climática.
Estas prioridades coinciden con las recomendaciones de Salud por Derecho, que además propone integrar criterios ambientales en la contratación pública de medicamentos, reforzar la transparencia climática del sector y fomentar la economía circular mediante la reutilización y el reposicionamiento de fármacos. La organización insta también a la OMS, la Unión Europea y al Gobierno de España a incorporar la sostenibilidad ambiental en las políticas de preparación ante pandemias y a reformar la legislación farmacéutica para incluir criterios ecológicos en la evaluación, fabricación y compra de medicamentos.
El estudio indica que entre un 35% y un 40% de las emisiones del sector podrían reducirse sin aumentar costes, mediante energías renovables, disolventes menos contaminantes o procesos más eficientes. Aunque la industria sostiene que estas medidas encarecerían los medicamentos, Salud por Derecho recuerda que los costes de la contaminación ya los asume la sociedad -a través de la gestión de residuos y de los impactos del cambio climático-, especialmente en los países de renta baja. Por ello, advierte que, si se traslada el coste de la transición ecológica al precio final de los fármacos, será necesaria una mayor transparencia.
“No habrá sistemas de salud sólidos si no abordamos la huella climática de quienes los abastecen”, afirma Jaime Manzano, autor del informe e investigador de Salud por Derecho. “Mientras la industria farmacéutica siga alimentando la crisis climática, estaremos debilitando nuestra capacidad de respuesta ante futuras pandemias. Descarbonizar este sector es una obligación ética y una cuestión de justicia sanitaria y climática”.
Estas demandas se enmarcan en la agenda climática más amplia que impulsa Salud por Derecho, que reclama acelerar la descarbonización y la reducción de emisiones, mantener el objetivo europeo de al menos un 90% para 2040, eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y destinar al menos el 50% del próximo presupuesto europeo a acción climática. La organización pide además apoyar a los países de renta baja y media para fortalecer sistemas de salud sostenibles y adaptados al cambio climático.
Si quieres saber más, te invitamos a leer el informe ejecutivo (en español) y el informe completo (en inglés).
