El pasado 23 de julio celebramos, junto a la Fundación FÜNDEC, las jornadas “Política migratoria y equidad en salud. Nuevas perspectivas”, un espacio que reunió a profesionales del sector público, universitario y del tercer sector para reflexionar sobre el impacto de las políticas migratorias en la salud, la equidad y los derechos humanos. Como resultado del encuentro, impulsamos conjuntamente la Declaración de Tenerife sobre el derecho a la salud de las personas migrantes racializadas.
Esta declaración plantea una hoja de ruta clara para reconocer y proteger el derecho a la salud de las personas migrantes desde una perspectiva antirracista. Subraya la urgencia de situar en el centro el enfoque de equidad racial, visibilizar las desigualdades estructurales y avanzar hacia compromisos políticos y sociales que construyan sistemas de salud verdaderamente inclusivos y justos.
La mesa inaugural de la jornada, titulada “¿A quién estamos dejando morir?”, abrió el debate sobre el racismo estructural y la responsabilidad institucional en las muertes evitables derivadas de la exclusión sanitaria. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, destacó que las políticas migratorias también son políticas sanitarias. Advirtió que la universalidad del sistema no se garantiza solo con leyes, sino con su aplicación efectiva, y aseguró que desde el Ministerio se trabajaba en un reglamento para mejorar el acceso a la sanidad de las personas migrantes, subrayando la importancia de superar barreras burocráticas como el empadronamiento.
Por su parte, el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, subrayó la necesidad de que las universidades sean “entidades mediadoras de la verdad” y ejerzan un papel crítico frente al paradigma de la «Europa fortaleza». La Diputada del Común, María Dolores Padrón, denunció la situación de los menores migrantes que, al alcanzar la mayoría de edad, quedan en la calle sin recursos ni acompañamiento, a pesar de las obligaciones legales que exigen su preparación para la vida adulta. Alertó de la falta de estructuras y de una ley del tercer sector en Canarias que garantice una atención digna, y recordó que la salud no es solo un tema técnico, sino una cuestión de dignidad humana.
Durante la jornada, desde Salud por Derecho presentamos el informe «La política migratoria en la UE como crisis de salud global«, elaborado por nuestro compañero Jaime Manzano. El documento analiza cómo las políticas en materia de control migratorio que se despliegan en la UE están teniendo efectos devastadores en la salud de las personas migrantes, al priorizar la disuasión y la contención por encima de los derechos humanos. Jaime señaló que la externalización de fronteras ha convertido el acceso a la salud en un privilegio selectivo y alertó sobre el papel de la UE en la generación de contextos de violencia estructural, exclusión y muerte evitables. “Lo que estamos viendo es un modelo político que normaliza la exclusión sanitaria de una parte de la población, disfrazándolo de gestión migratoria eficiente”, afirmó.
En su participación, Sani Ladan, vicepresidente de FÜNDEC, denunció la “externalización del derecho a la salud” a través de políticas europeas que delegan la represión migratoria en terceros países. A través del testimonio personal de su amigo Hamed, migrante camerunés atrapado durante años en la frontera sur, visibilizó cómo las violencias físicas y psicológicas sufridas en el tránsito migratorio tienen consecuencias devastadoras y son sistemáticamente ignoradas. Asimismo, señaló que no hace falta llegar a Europa para ser excluido del derecho a la salud, ya que la frontera actúa como un espacio de criba humana que decide quién merece vivir; y reclamó que la salud deje de entenderse como un privilegio técnico para ser defendida como un derecho político profundamente racializado. “No se puede curar el trauma con indiferencia, ni proteger la salud mientras se financia la persecución. No se puede hablar, en definitiva, de derechos humanos mientras se externaliza a cambio de petróleo, de control y de silencio diplomático”, concluyó.
Además de la mesa inaugural, la jornada incluyó otras dos mesas redondas (disponibles aquí) que abordaron, respectivamente, las desigualdades en salud vinculadas a las políticas migratorias y los impactos en la salud mental. Las discusiones contaron con la participación de representantes de administraciones públicas, incluyendo al Director General de Salud Pública y Equidad del Ministerio de Sanidad, así como el director general de Salud Mental y Adicciones del Servicio Canario de la Salud, Fernando Gómez- Pamo, entidades sociales y del ámbito académico, que compartieron experiencias y propuestas desde enfoques diversos.
En definitiva, la jornada dejó en evidencia la brecha existente entre el discurso de los derechos humanos y su aplicación real en el territorio europeo. Las personas participantes coincidieron en la necesidad de una acción decidida, coordinada y valiente para transformar las políticas migratorias desde una perspectiva de justicia social y equidad en salud. Asimismo, reclamaron abrir espacios permanentes de reflexión, acción comunitaria y compromiso institucional que garanticen el derecho a la salud para todas las personas, sin importar su situación administrativa o lugar de origen.
