De cara a las elecciones del próximo 23 de julio, desde Salud por Derecho queremos recordar a las diferentes fuerzas políticas la necesidad de comprometerse con la salud de todas las personas. Con ese objetivo, lanzamos hoy Saludables, una campaña con propuestas muy diversas que abordan diferentes determinantes de la salud -desde el cambio climático hasta la política farmacéutica-, pero cuyo foco siempre es el mismo: proteger y mejorar la salud de la población, dentro y fuera de nuestro país, y defenderla como un derecho humano inquebrantable. Estas son nuestras peticiones a los diferentes partidos políticos para unas elecciones #saludables.
Impulsar la salud global y asumir nuestras responsabilidades internacionales
La pandemia de la Covid-19 ha colocado en el centro del tablero los enormes riesgos que presenta la salud planetaria y los sistemas sanitarios. La prevención y la preparación para futuras crisis de salud pública pasa por fortalecer los sistemas sanitarios con recursos humanos, financieros e infraestructuras acordes al nuevo contexto. Pero además de la preparación en el espacio nacional, resulta fundamental la coordinación y la acción conjunta en el espacio internacional.
Por este motivo, España tiene que continuar asumiendo sus responsabilidades internacionales, demostrando su compromiso con la salud global y con la lucha contra las pandemias a través de contribuciones económicas a organismos multilaterales como el Fondo Mundial de la lucha contra el sida, tuberculosis y malaria. Asimismo, debe asegurar el cumplimiento de la Ley de Cooperación 1/2023, alcanzando el 0,7 en 2030.
En esa línea, España debe asumir también una posición ambiciosa en la negociación del futuro Tratado sobre Pandemias. Este nuevo instrumento legal ofrece una oportunidad clave para abordar los desafíos que suponen nuevas emergencias sanitarias y es necesario adoptar medidas efectivas para asegurar el acceso equitativo a las vacunas, diagnósticos y tratamientos que se desarrollen. Las personas y el interés público deben ponerse en el centro del Tratado y, en esos términos, garantizar la equidad y la justicia social.
Política farmacéutica y de investigación: cambiar las reglas del juego para asegurar el acceso a los medicamentos
Llevamos años denunciando los fallos del actual sistema de innovación de medicamentos, un modelo en el que la industria farmacéutica impone las reglas de juego y que nos lleva, entre otras consecuencias, a pagar precios desorbitados por tratamientos para el cáncer y enfermedades raras; o a que los países con menos recursos se queden sin acceso a las vacunas para la COVID-19. Los candidatos y candidatas del 23J deben comprometerse a poner en marcha iniciativas audaces que impulsen cambios a nivel estatal y también en Europa.
Uno de los aspectos más urgentes es cambiar el modo en que se fijan los precios de los fármacos y otras herramientas sanitarias. Para ello, es necesario mejorar la transparencia en todo el modelo de innovación, empezando por conocer los costes reales de investigación, desarrollo y fabricación que hay detrás de cada medicamento para poder establecer unos precios justos sin dejar que sean las compañías farmacéuticas, con sus monopolios, quienes lo hagan en función de lo que los gobiernos están dispuestos a pagar.
Con ello evitaríamos, por ejemplo, que la factura farmacéutica de nuestros hospitales siga creciendo, poniendo en peligro la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, mientras resta presupuesto a otras partidas que son igualmente importantes, como las del personal sanitario. También necesitamos transparencia en esas negociaciones: no podemos seguir permitiendo que las empresas impongan la confidencialidad en los contratos. Es dinero público y, por tanto, tenemos derecho a conocer cómo se gasta y con qué criterios.
Otro de los aspectos clave es la agenda de investigación. Las áreas en las que se investiga deben estar definidas por las necesidades de la población y no por los intereses de la industria, como sucede ahora, porque ya sabemos cuáles son las consecuencias: al final solo se investiga en las enfermedades más rentables, cuyos medicamentos tienen precios más altos, como el cáncer, dejando atrás, por ejemplo, a nuevos antibióticos o a las dolencias que afectan, especialmente, a los países con menos recursos, como el chagas o el resto de las llamadas enfermedades tropicales desatendidas.
Asimismo, toda la inversión pública que se lleve a cabo en la I+D debe contar con unas condiciones que aseguren que el resultado de esa investigación tenga retorno social y sea accesible para todas las personas que lo necesiten. En esa línea, es importante que haya una apuesta firme por la producción pública de medicamentos, invirtiendo especialmente en las terapias que se están desarrollando en nuestro sistema sanitario público, como en el caso de las nuevas inmunoterapias CAR-T. Deben blindarse estas investigaciones que se están realizando en nuestros hospitales y centros de investigación públicos para que no acaben en manos privadas.
Del mismo modo, es necesario garantizar que las patentes no sean un obstáculo para el acceso futuro a los fármacos que resultan de la investigación, de forma que no se favorezcan monopolios.
En definitiva, necesitamos que nuestros representantes se comprometan a tomar medidas para promover un modelo de innovación farmacéutica alternativo al actual que apueste por la ciencia y por lo público como una prioridad, poniendo la innovación médica al servicio de las personas y del interés general.
Frenar la amenaza del cambio climático y la contaminación del aire a nuestra salud
El Gobierno que salga después del 23J deberá tener una posición contundente sobre el cambio climático, que tiene un impacto directo en la salud y el bienestar de las personas. Ya es un hecho que la exposición al calor extremo incrementa las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, provoca golpes de calor, así como problemas en los embarazos y en la salud mental.
Pero va mucho más allá: el aumento de las temperaturas y los fenómenos meteorológicos extremos amenazan también el rendimiento de los cultivos, la disponibilidad de alimentos y del agua potable y provoca la propagación de enfermedades infecciosas como la malaria o el dengue. Además, la contaminación del aire por las emisiones procedentes de la quema de combustibles fósiles del transporte o de la industria, aquellas que también están detrás del calentamiento global, es la primera causa medioambiental de muerte temprana en la Unión Europea.
Por todo ello, es importante que los candidatos y las candidatas se comprometan a poner en marcha políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los compromisos internacionales que nuestro país ha firmado. España, por lo tanto, debe poner en marcha políticas nacionales que limiten el calentamiento global a 1,5 grados, cumpliendo los objetivos del Acuerdo de París, y construir una economía verde y limpia que aborde los múltiples aspectos para alcanzar una transición energética justa, que no deje a nadie atrás.
Asimismo, se deben impulsar políticas nacionales que aborden una agenda completa y transversal de mitigación del cambio climático destinada a reducir emisiones de efecto invernadero, así como iniciativas que faciliten la adaptación a los nuevos contextos que está generando ya el impacto del cambio climático.
Los candidatos y candidatas deben comprometerse a liderar durante la presidencia española de la UE la aprobación de la nueva directiva sobre calidad del aire en la que se está trabajando en Europa. Una nueva norma que debe estar alineada con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de 2021 sobre los valores límites de calidad del aire.
También es necesario reunir la financiación necesaria para un “Fondo de pérdidas y daños” que permita afrontar el impacto del cambio climático en la población de los países más vulnerables.
El derecho a la salud de las personas migrantes
En este ámbito, seguimos reclamando a nuestros representantes políticos que el sistema sanitario público atienda a todos los migrantes que residen en nuestro país. Desde 2012, cuando un Real Decreto acabó con la universalidad de la sanidad, se han ido produciendo algunos avances, especialmente con el RD ley 7/2018, pero todavía existen trabas para el acceso de muchos migrantes a nuestro Sistema Nacional de Salud. Se trata de una reforma que ha quedado inacabada en esta legislatura.
El Estado debe garantizar el derecho a la salud a todas las personas que viven en España, independientemente de su situación administrativa, reconociendo su derecho a la atención sanitaria financiada con fondos públicos y recuperando de esa forma una sanidad universal real. Los candidatos y candidatas deben comprometerse a eliminar la exigencia de un tiempo mínimo de permanencia en España para poder acceder a la atención sanitaria; y a garantizar -en cualquier caso- la asistencia a personas menores de dieciocho años, embarazadas, solicitantes de protección internacional y apátridas, víctimas de trata, así como a personas en situaciones de salud pública y atención de urgencia. Además, es importante que promuevan las modificaciones legislativas necesarias para que las personas ascendientes que llegan a España a través de un proceso de reagrupación familiar tengan derecho a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos.
Europa está negociando un nuevo pacto de migración y asilo aún más restrictivo y que criminaliza a las personas obligadas a emigrar de sus países de origen. Exhortamos a nuestros representantes políticos a que se comprometan a impulsar una política migratoria europea que tenga como elemento central el respeto de los derechos humanos en las fronteras de la UE, así como cumplir con las leyes marítimas existentes y garantizar la eficacia de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.