El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España y el Fondo de Patentes de Medicamentos (MPP) han anunciado hoy la firma de un acuerdo de licencia para las pruebas serológicas de anticuerpos desarrolladas por el CSIC, llamadas ELISA.
Un acuerdo que, como han anunciado ambas instituciones en un evento que ha tenido lugar hoy, representa la primera licencia transparente, global y no exclusiva para un diagnóstico de COVID-19, que permitirá a fabricantes con capacidad en cualquier parte del mundo desarrollar esas pruebas de diagnóstico libres de regalías en países de ingresos bajos y medios.
Algo realmente importante ya que los test ELISA verifican eficazmente (99%) la presencia de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 desarrollados en respuesta al virus COVID-19, son fáciles de usar y se adaptan a todos los entornos, pudiéndose usar bajo una infraestructura de laboratorio básica como las que se encuentran en las zonas rurales de los países de ingresos bajos y medios.
“El acuerdo alcanzado entre el CSIC y el Medicine Patent Pool (MPP) es una buena noticia. Primero, porque España tira del carro de una iniciativa que tiene como objetivo compartir el conocimiento y apostar por la ciencia abierta; y segundo, porque sumarse a C-TAP -el fondo común de tecnología para la Covid-19 coordinado por la OMS- permitirá aumentar la producción de este diagnóstico en países de medios y bajos ingresos, acabando con la dependencia de estos países y haciendo más fuertes sus sistemas sanitarios” asegura Vanessa Lopez, directora de Salud por Derecho.
Desde Salud por Derecho confiamos en que esta sea solo la primera de muchas tecnologías contra la Covid-19 que se sumen a C-TAP. El CSIC está haciendo un extraordinario trabajo, también en lo que se refiere a vacunas y medicamentos, que podrían incorporarse a este acuerdo cuando se hayan desarrollado.
“Es muy importante que abordemos el problema de la falta de acceso a las vacunas, medicamentos y otras herramientas contra la Covid-19 de manera global, como lo hace C-TAP, si queremos reducir las desigualdades tan flagrantes a las que estamos asistiendo”, advierte Vanessa López.
Como venimos defendiendo desde hace años en Salud por Derecho, los fármacos, vacunas y otras tecnologías sanitarias desarrolladas con inversión pública deben ser considerados bienes públicos y estar al alcance de cualquier fabricante, en lugar de dejar que una gran empresa se quede con el monopolio de un producto que todos y todas hemos ayudado a financiar. El caso del CSIC debe servir de ejemplo para otros países y empresas.
“El acuerdo alcanzado hoy demuestra que es posible impulsar nuevos modelos de investigación y desarrollo de medicamentos alternativos en los que se apuesta por compartir el conocimiento y garantizar el acceso global a sus productos, sin que la propiedad intelectual sea una barrera”, concluye López.
Aquí puedes ver el evento de presentación completo.
