- Pedimos a los gobiernos presentes en la COP29 que reconozcan la crisis climática como una emergencia de salud pública y pongan en marcha de políticas de adaptación y mitigación centradas en las personas.
- El rápido aumento de las temperaturas está aumentando la frecuencia de los eventos climatológicos extremos como las DANAS, olas de calor o las sequías.
- Reclamamos un compromiso global para reducir el uso de combustibles fósiles en un 80% para 2035 y eliminarlo por completo para 2040.
Hoy comienza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP29). En este contexto, desde Salud por Derecho hacemos un llamamiento a los gobiernos, especialmente a los de la Unión Europea, para que prioricen la salud en las discusiones climáticas. La evidencia científica es clara: la crisis climática ya es una grave amenaza para la salud global y requiere una respuesta política urgente. Sin medidas contundentes, sus efectos serán cada vez más devastadores, afectando especialmente a las poblaciones vulnerables y aumentando la desigualdad.
El aumento de fenómenos meteorológicos extremos, como DANAS, olas de calor, incendios forestales y sequías prolongadas, está teniendo consecuencias directas en la salud de millones de personas, y está directamente relacionado con el rápido y continuado aumento de la temperatura media global. El programa europeo Copernicus acaba de anunciar que 2024 será el año más caluroso de la historia desde que hay registros. Entre enero y octubre de este año, la temperatura global alcanzó un récord de 1,59°C por encima de los niveles preindustriales.
Asimismo, en la última década, se ha registrado un aumento de las precipitaciones extremas en el 61% de los territorios a nivel global, en comparación con la media entre 1961 y 1990, según datos de The Lancet Countdown. Por otro lado, un 48% de los territorios se ha visto afectado por al menos un mes de sequía extrema en 2023. La mayor frecuencia y duración de olas de calor y meses de sequía se asocia a que 151 millones más de personas experimentaron inseguridad alimentaria moderada o grave en 124 países durante 2022, en comparación con el período 1981-2010.
La exposición a días de calor aumenta y las muertes directas también, especialmente entre las personas más vulnerables: en 2023, se ha notificado un aumento del 167% de muertes relacionadas con el calor entre personas mayores de 65 años en comparación con la década de los 90. Además, han aumentado las horas perdidas de trabajo y de sueño, con las consecuencias para la salud que eso implica. También se ha incrementado el número de casos de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue o la malaria, al facilitar el avance hacia nuevos territorios y latitudes de los mosquitos que las trasmiten.
Por otro lado, la calidad del aire, que empeora con el uso de combustibles fósiles, afecta al 99% de las personas en el mundo, causando enfermedades cardiovasculares, respiratorias y alrededor de 8 millones de muertes prematuras al año, según el informe El estado del aire global del Instituto de Efectos sobre la Salud.
Por ello, los países presentes en la COP29 tienen la responsabilidad de poner en marcha políticas públicas que fortalezcan los planes nacionales de adaptación y mitigación climática, priorizando la salud en el centro de sus estrategias. Para avanzar hacia una transición energética justa y sostenible, desde Salud por Derecho proponemos este decálogo de recomendaciones:
- Eliminar los combustibles fósiles: Los gobiernos deben educir su uso en un 80% para 2035 y eliminarlos en 2040, junto con un impulso a las energías renovables y la eficiencia energética.
- Adoptar un enfoque de justicia climática: Las políticas deben centrarse en la equidad, protegiendo a las comunidades más vulnerables.
- Priorizar la salud en las políticas climáticas: Deben colocar la salud pública en el centro de las políticas climáticas, de acuerdo con la OMS, y establecer compromisos vinculantes.
- Fortalecer los planes de adaptación en salud: Es necesario fortalecer planes específicos para abordar temperaturas extremas, enfermedades transmitidas por vectores, contaminación del aire o sequías
- Realizar diagnósticos de vulnerabilidad: Las evaluaciones de vulnerabilidad y riesgo ante el cambio climático permiten planificar acciones específicas en cada región. Los gobiernos deben apoyar diagnósticos en sus respectivos países e implementar planes de acción climática adaptados a los distintos contextos.
- Implementar medidas locales y regionales: Los gobiernos deben promover medidas como la expansión de espacios verdes y áreas permeables en las ciudades, la creación de refugios climáticos y el diseño de entornos urbanos saludables y resilientes. En cuanto a la mitigación, la reducción de emisiones provenientes del transporte, el fomento de la movilidad activa y la creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en entornos urbanos son esenciales.
- Aumentar la financiación de la acción climática y colaborar con el Sur Global: Incrementar la financiación en adaptación, mitigación y transición justa, tanto en países con más recursos como en el Sur Global, donde la crisis climática está golpeando con mayor intensidad.
- Proteger a las poblaciones vulnerables: Es necesario adoptar políticas que protejan a las personas más afectadas y asegurar procesos migratorios seguros para quienes huyen de los impactos climáticos.
- Descarbonizar el sector sanitario: Los sistemas de salud deben reducir su huella de carbono, promoviendo prácticas sostenibles y apuntando hacia una descarbonización completa del sector.
Estas recomendaciones se pueden encontrar con más desarrollo en el informe que publicamos hace unos meses, El impacto del cambio climático en la salud de las personas: de lo global a la experiencia en España, en el que profundizamos en los efectos que el cambio climático tiene en la salud de la ciudadanía, y analizamoslas políticas públicas en materia de cambio climático desde la perspectiva de la salud.
Salud por Derecho insta a los líderes de la COP29 a reconocer que la crisis climática ya no es una amenaza futura, sino una emergencia presente que afecta la salud y el bienestar de millones de personas en todo el mundo. La salud pública debe ocupar un lugar prioritario en las políticas climáticas, y la comunidad internacional tiene la responsabilidad urgente de llevar a cabo una transición justa, sostenible y ambiciosa para proteger la salud de las personas y del planeta.
