Desde el inicio de la epidemia de COVID-19, en España estamos viviendo unas circunstancias excepcionales que han llegado también a la política farmacéutica con varios movimientos realizados por el Gobierno para garantizar el abastecimiento de medicamentos.
Primero fue la modificación, el 10 de marzo, de la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública (BOE), que habilitaba al Ejecutivo a realizar un suministro centralizado de medicamentos y productos sanitarios. Poco después, el 12 de marzo, se modificó la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos (BOE) y productos sanitarios para que el Gobierno pueda regular el mecanismo de fijación de precios de los medicamentos y productos sanitarios no sujetos a prescripción médica y, además, fijar el importe máximo de los precios de venta al público.
El 14 de marzo, con el decreto por el que se declara el estado de alarma, se habilita al Gobierno para intervenir y ocupar transitoriamente industrias del sector farmacéutico; a impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de medicamentos y productos necesarios para la protección de la salud pública; y, también, a adoptar medidas especiales en relación con la fabricación, importación, distribución y dispensación de medicamentos.
El último de estos movimientos ha sido esta misma semana, el 23 de marzo. Ante la necesidad de disponer de datos actualizados sobre la disponibilidad y la previsión de fabricación de algunos fármacos que se consideran esenciales, el Gobierno ha emitido una orden en el BOE que obliga a las compañías farmacéuticas a dar información detallada sobre el stock que tienen disponible y se establece la obligación de abastecimiento y fabricación de estos medicamentos.
Todas estas son medidas necesarias que, sin embargo, pueden no ser suficientes a medio plazo dadas las dimensiones que está adquiriendo esta crisis sanitaria. Son innumerables los ensayos clínicos que se están llevando a cabo para probar fármacos antivirales ya existentes. El Gobierno debe estar preparado para un escenario en el que las compañías farmacéuticas no puedan garantizar el suministro – algunas empresas ya lo están advirtiendo-, o lo hagan a precios abusivos. España tendría que explorar nuevas fórmulas, como las licencias obligatorias (es decir, suspender temporalmente la exclusividad del titular de la patente para que el fármaco se produzca como genérico) o la producción pública de los medicamentos, como ya está haciendo el Centro Militar de Farmacia de la Defensa con algunos fármacos y productos para la protección de salud necesarios en esta epidemia. Son decisiones a las que han abierto ya la puerta en otros países como Chile o Israel.
En Chile, hace apenas una semana, la cámara baja del Congreso aprobó casi por unanimidad una resolución que permitiría al Gobierno emitir licencias obligatorias para el uso, la venta o la producción de cualquier medicamento, vacuna o diagnóstico que ayude a combatir la pandemia.
Algo similar ha ocurrido en Israel, donde el Ministro de Sanidad emitió una licencia obligatoria que permitía al Gobierno importar, ante la incapacidad de tener asegurado el suministro por la empresa titular de la patente, versiones genéricas de Kaletra, una antirretroviral usado para el VIH que está siendo empleando para tratar a algunos pacientes infectados con COVID-19 y que está bajo ensayo clínico, con resultados aún no concluyentes, para evaluar su eficacia frente al virus.
Otros países están ya contemplando modificaciones en sus leyes nacionales de patentes para tener margen de maniobra a la hora de lidiar con la pandemia. Es el caso de Canadá, que se está planteando cambios legislativos para poder expeditar licencias obligatorias, Ecuador o Alemania, que podría restringir las patentes relacionadas con COVID-19. Además, hay que países como Australia y España que están a favor de que “se estudie la posibilidad de excepcionar también la regulación mundial de patentes, con el objetivo de acelerar los procesos de licencia y transferencia de tecnología, para poder fabricar determinados productos en todo el mundo de manera rápida”.
Todas estas decisiones son fundamentales porque de ellas dependerá, en gran medida, qué pasará con los nuevos tratamientos específicos que saldrán para hacer frente al COVID 19 y con las vacunas experimentales que se están testando. Es vital que, si hay suficiente evidencia sobre su seguridad y eficacia, estén disponibles en cualquier parte del mundo, a precios justos y asequibles, evitando los monopolios y que unas pocas compañías farmacéuticas se hagan con la exclusividad de la comercialización; máxime cuando es ingente la cantidad de recursos públicos los que se están invirtiendo.
El COVID-19 no acaba con la cuarentena y necesitamos poder seguir haciéndole frente -así como a otras necesidades de salud- con todos los medios que sean necesarios y sin poner en peligro a nuestros sistemas de salud.
