El mundo vive su mayor apogeo migratorio. Los conflictos, la inseguridad, la pobreza o el cambio climático obligan a millones de personas a abandonar sus hogares en busca de una vida mejor y más segura. Solo a mediados de 2023, 110 millones de personas se habían desplazado, más del doble que en 2012. Esta realidad se deja notar especialmente en las rutas hacia Europa. Desde 2014 hasta la actualidad, más del 50% de las muertes registradas durante la migración han tenido lugar en Europa o en tránsito hacia el continente a través de rutas marítimas o terrestres. Estas estadísticas sitúan a Europa como el destino más peligroso para la migración, fruto de sus políticas y prácticas cada vez más agresivas.
Lejos de buscar vías humanitarias para revertir la situación, los Veintisiete han firmado un nuevo acuerdo para intentar controlar estos movimientos y la llegada de migrantes a sus fronteras. Un pacto en el que la disuasión de los movimientos transfronterizos no autorizados de personas, las devoluciones forzosas y las detenciones son la piedra angular de la futura política migratoria de la UE. Hablamos de ello con Silvia Carta y Louise Bonneau, técnicas de incidencia de Picum -una red de organizaciones que trabajamos para garantizar la justicia social y los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados-, que pasaron hace unas semanas por Madrid con motivo de la asamblea general de la organización.
¿Cuál es la historia de este pacto?
El Pacto sobre Migración y Asilo se propuso en 2020 como una gran iniciativa política para revisar completamente el sistema de migración y asilo de la UE, tras un periodo en el que hemos asistido a la denominada “crisis migratoria”, durante la que los Estados de la UE no lograron ponerse de acuerdo sobre soluciones comunes para abordar la migración. Así, la Comisión presentó nuevas propuestas que, supuestamente, cambiarían por completo esta situación y aportarían más solidaridad y un mayor reparto de responsabilidades en la UE.
Sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de estos años es un Pacto muy alejado de la realidad de la migración internacional y del hecho de que la gente se desplaza en busca de una vida mejor o para reunirse con sus familias. Está totalmente desvinculado de las aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas que trabajan día a día con los migrantes. Un pacto que, lamentablemente, se centra mucho en la contención y la detención y que intenta crear procedimientos para mantener a las personas fuera de la UE o devolverlas lo antes posible. Un pacto que considera que la protección internacional del asilo es el único motivo por el que las personas pueden tener derecho a permanecer en la UE.
¿Qué implican estos conceptos de «solidaridad a la carta», «no entrada» o «tercer país seguro» que parecen ser las piedras angulares del texto?
La solidaridad debería haber sido una de las piedras angulares del pacto. Es decir, un mejor reparto de responsabilidades entre los Estados miembros. Porque, aunque no siempre es así, los Estados miembros fronterizos han sido los que han tenido más obligaciones en cuanto a la tramitación de las solicitudes de asilo, en lugar de los países situados más en la parte central y septentrional de Europa. La cuestión central del pacto era cómo ayudar a los países que se enfrentaban a retos migratorios y asegurar que, como Unión Europea, compartimos la responsabilidad de ayudar y acoger a las personas.
Sin embargo, propone un mecanismo de «solidaridad obligatoria pero flexible», que es en sí un oxímoron, que crea formas de solidaridad bajo la posibilidad de que los Estados hagan sus contribuciones mediante aportaciones financieras a otros Estados miembro o, incluso, a países extranjeros. Y aquí empezamos a ver la primera tendencia hacia la externalización de la migración.
El segundo punto son las políticas de “no entrada y expulsión”. No forman parte explícita del Pacto, pero son una consecuencia de lo que supondrá. Por ejemplo, con el establecimiento de nuevos procedimientos de control en la frontera, todos los Estados que reciban a personas procedentes de fuera de la UE tendrán que mantenerlas en instalaciones durante un determinado número de días para someterlas a procedimientos de identificación y controles de seguridad. Se trata de una nueva obligación, que se suma a lo que ya ocurría, y que también enlaza con otros procedimientos, como los procedimientos acelerados en las fronteras, que siguen a esta fase de control y que cuentan con menos garantías para la tramitación de la solicitud de asilo. De modo que se crea un mecanismo más complejo y oneroso para los Estados y especialmente para las personas que se encontrarán detenidas durante largos periodos desde su llegada hasta el momento en que deban solicitar asilo o, potencialmente, ser devueltas. En PICUM hemos calculado que la detención acumulativa podría llegar hasta los 8 meses, y podría ampliarse aún más en situaciones específicas como las crisis. Y las disposiciones sobre “crisis” en el Pacto son extremadamente amplias.
Todo esto tiene implicaciones. En primer lugar, vemos que los países fronterizos podrían tener un incentivo para realizar una mayor gestión de las fronteras de forma que se mantenga a la gente fuera, porque sin ningún tipo de solidaridad ni de reparto de responsabilidades, les resultará más difícil también abrirse y tener una postura más de aceptación hacia los migrantes. La tendencia será mantener a las personas lo más cerca posible de la frontera y devolverlas a los países de los que proceden, o a países en los que se supone que pueden recibir protección o vivir con seguridad… lo que nos lleva al concepto de «tercer país seguro».
Pero «países seguros», como Turquía, no conceden ningún tipo de protección. Hoy hay miles y miles de sirios que viven indocumentados sin ninguna ayuda del Gobierno. Y la policía va de un lado a otro buscando personas a las que detener y seguir deportando, a Siria y a otros países donde pueden correr mucho peligro.
Por último, creo que es importante destacar que el Pacto introduce estos procedimientos de control no sólo para las personas que llegan a la frontera, sino también para las personas que son detenidas en el territorio de los Estados miembros y que no pueden demostrar que han entrado regularmente. Es un elemento adicional de perfil racial que también va a tener un impacto en las personas que, de nuevo, tendrán que enfrentarse al temor de ser detenidos y sometidos a procedimientos que conducirán a la deportación y el retorno.
¿Hay muchas diferencias sobre el pacto anterior?
Muchas de estas prácticas no son diferentes, pero ahora se han incorporado a la legislación. Básicamente, será una continuación de lo que tenemos. Lo que antes calificábamos de violación, ahora está en la ley, y será aún más difícil impugnarla.
¿Y qué se puede hacer una vez adoptado el pacto?
El pacto ha sido adoptado. Se ha publicado en el Diario Oficial, así que tenemos el texto y la legislación definitivos. En 2026, los Estados miembros tendrán que empezar a aplicar el pacto, con todos sus elementos. Ahora es un periodo importante porque la Comisión presentará pronto los planes de aplicación y luego los Estados miembros tendrán que adoptar sus planes nacionales. Así que es el momento para hablar con las autoridades y tratar de entender si todavía es posible abogar por que se apliquen algunas normas más protectoras, porque el Pacto deja un poco de discreción a los Estados miembros sobre ciertas cosas.
Otra parte importante del trabajo de la sociedad civil será el litigio estratégico contra, por ejemplo, la detención arbitraria o contra el uso del concepto de «tercer país seguro», y poco a poco ir contra todas las partes del pacto que potencialmente no estén en consonancia con la legislación y las obligaciones internacionales.
Y los casos individuales, en el caso de niños o personas que tienen necesidades y condiciones de salud específicas, también podrían ser una oportunidad. Porque, debido a una situación sanitaria específica, las personas podrían tener derecho a condiciones concretas en términos de acogida, y si se les lleva a procedimientos especiales y se les detiene sin que tengan acceso a la ayuda médica que necesitan, sería ilegal. Por lo tanto, si existe la posibilidad de que los abogados y las organizaciones impugnen esto ante los tribunales, sin duda será útil.
Prácticas como éstas están documentadas desde hace décadas y, sin embargo, la migración aumenta año tras año. ¿Hay pruebas que demuestren que estas políticas reducen realmente los flujos migratorios?
No se ha demostrado que las medidas restrictivas funcionen independientemente del número de llegadas. Sabemos que ahora sigue habiendo 100.000 personas indocumentadas en toda la UE, y creo que esto es un testimonio de que las políticas restrictivas sólo alimentan el problema en lugar de restringirlo. Hemos visto que cuando la gente se desplaza, lo hace por motivos muy diversos, y que las rutas migratorias también cambian. Es muy difícil saberlo, pero está claro que la forma en que se han gestionado las cosas hasta ahora no ha tenido éxito, y ni siquiera ha sido respetuosa con las aplicaciones de los derechos fundamentales.
¿Existen ejemplos de políticas migratorias más inclusivas y exitosas?
A menor escala hay proyectos para contrarrestar estas tendencias… y han funcionado. Algo en lo que PICUM y algunas de nuestras organizaciones han trabajado mucho es en las alternativas comunitarias a la detención y el retorno, implementando y abogando por la regularización. Es un enfoque de gestión de casos que ayuda a las personas a obtener la asistencia jurídica y el apoyo que necesitan. Y también refugio, mientras esclarecen su situación migratoria solicitando la regularización que pueda existir a nivel nacional. En los pequeños proyectos piloto que se han puesto en marcha, ha funcionado bastante bien, ya que se acompaña a las personas en lugar de dejar que se las arreglen solas en sistemas administrativos muy complejos. Sin embargo, para que esto ocurra, también es importante que existan vías de regularización, algo que no ocurre al mismo nivel en toda la UE. España es un buen ejemplo con el Arraigo social, que, por supuesto tiene todas sus lagunas, pero si se compara con otros países, se puede ver como una buena práctica. Pero es fundamental que la gente pueda acceder, que entienda el sistema, que sepa cómo solicitarlo y que se le acompañe también en los trámites administrativos, que deben ser fáciles y accesibles.
Las rutas cada vez más insegura, la violencia que existe durante los viajes y las detenciones… Todo esto engloba una crisis de salud pública, física y mental, que acompañará a la persona durante su migración, pero también después. ¿Cómo se aborda esta cuestión?
Las políticas migratorias están teniendo un impacto dramático en la salud de las personas. En primer lugar, al no existir vías de migración seguras ni regulares, las personas sufren muchos traumas y violencia durante el viaje. Por otro lado, los centros de detención implican un mayor riesgo de sufrir abusos por parte de los trabajadores, e incluso de sus pares.
Y hay una cuestión importante dentro del Pacto relativa a los procedimientos durante las detenciones que tiene importantes implicaciones sanitarias, no sólo para la salud mental sino también porque dificulta el acceso a una atención adecuada. Por norma, los centros de detención deben estar cerca de las fronteras pero aun así es muy probable que muchos países quieran ponerlos en lugares remotos y de difícil acceso. Así que, aunque sobre el papel siempre debería existir la posibilidad de acceder a un médico o de que las ONG accedan a las personas, en la práctica es muy poco probable que esto ocurra.
Por otro lado, las personas migrantes también tienen problemas sanitarios por vivir en Europa como indocumentados. Su vida gira en torno a la violencia y el miedo. ¿Puedes ir al médico? ¿Puede ir con seguridad a su trabajo? Viven con el temor de ser detenidos, con condiciones de trabajo inseguras con empleadores abusivos, malas condiciones de vivienda o mendicidad… Así que, efectivamente, hay mucha incertidumbre y miedo, que tienen enormes consecuencias en la salud mental y física de la gente, y su situación hace muy complicado que busquen ayuda.
Tenemos una Europa que, con una mano, promueve una agenda 2030 que no deja a nadie atrás, estrategias globales de salud, planes de Cobertura Sanitaria Universal; y con la otra, firma pactos como el PEMT y financia a países que no cumplen con los derechos humanos para evitar que la migración llegue a sus fronteras.
La UE tiene grados. Hay un discurso político en torno a no dejar a nadie atrás, los objetivos 2030 en diferentes áreas, incluyendo la salud, la dignidad, y un montón de otras cosas… La realidad es que es para todos menos para las comunidades marginadas de Europa y, en particular, para los inmigrantes indocumentados. No están incluidos entre las medidas que los Estados miembros tomarán para intentar alcanzar estos objetivos.
La UE promueve la Cobertura Sanitaria Universal, pero los indocumentados no tienen acceso a ella. Algunos países tienen una legislación mejor. No es perfecta, pero han proporcionado un buen acceso a la atención preventiva a los inmigrantes indocumentados. Francia, Bélgica, Portugal… España también. Desde el punto de vista legislativo, sobre el papel, por supuesto; sabemos que la práctica es otra cosa. Pero, al mismo tiempo, vemos que el acceso a la asistencia sanitaria es algo que los Estados miembros están estudiando para ver cómo puede utilizarse para promover su objetivo de detención, deportación y retorno. Un ejemplo: ahora mismo, en Suecia, hay un proyecto de ley que se propondrá muy pronto sobre lo que llamamos la “obligación de informar”. Quieren obligar a los profesionales sanitarios, profesores, trabajadores y empresarios a denunciar a cualquier persona indocumentada con la que entren en contacto. Esto tendrá, por supuesto, un impacto significativo en la salud. Todavía no es ley, pero hay mucha preocupación ya entre la población migrante, que está dejando de acceder a los servicios por miedo a ser devuelta y deportada. Y esa es una tendencia que vemos en diferentes países.
En el imaginario colectivo, la migración se asocia esencialmente a la guerra y a la pobreza o falta de oportunidades. Sin embargo, cada vez se dan más casos de migración a causa del clima. ¿Qué papel va a jugar el cambio climático en los procesos migratorios de los próximos años?
Tenemos que analizar todas las posibles razones por las que la gente se desplaza: en busca de protección, trabajo, por motivos familiares… y también es probable que, con el cambio climático, la migración aumente. Además, creo que la crisis climática traerá cambios en cómo vivimos, y hará que los recursos sean aún más escasos y caros. Lo hemos visto con la crisis energética o la de la vivienda. Probablemente veamos que la discriminación y el acceso a las oportunidades de los indocumentados se agudicen aún más en estas circunstancias: pagar la calefacción en invierno, acceder a viviendas adaptadas a la calefacción, no trabajar con 40 grados de temperatura y saber que tu empleador no podrá amenazarte con la expulsión, etc. Así, todos estos derechos básicos serán aún más pertinentes en un contexto en el que el cambio climático polarizaría más a la sociedad.
