Este Día Mundial del Sida llega marcado por una paradoja que define bien el momento actual. Por un lado, la ciencia dispone de herramientas con potencial para reducir significativamente los nuevos casos de VIH. Por otro, las barreras comerciales, los retrasos en el acceso y la disminución de la financiación internacional están impidiendo que estas innovaciones lleguen a quienes más las necesitan. La combinación de ambos factores amenaza con frenar los avances logrados durante las últimas dos décadas.
Lenacapavir es una inyección que se administra dos veces al año y que puede utilizarse como profilaxis preexposición (PrEP), una estrategia preventiva que reduce de forma muy eficaz el riesgo de adquirir el VIH antes de una posible exposición. Su formato semestral facilita la adherencia y ofrece una opción especialmente útil para personas que tienen dificultades para tomar una pastilla diaria, como mujeres jóvenes, personas LGBTQ+, trabajadoras sexuales y otras poblaciones que afrontan estigma, obstáculos logísticos o acceso limitado a los servicios de salud.
Sin embargo, su disponibilidad es muy desigual. Aunque ya está autorizado para uso preventivo en Estados Unidos y en la Unión Europea, millones de personas en otros países no pueden acceder al medicamento por su alto precio ni se podrán beneficiar de la licencia voluntaria gestionada por Gilead Sciences. Esta licencia permite fabricar versiones genéricas asequibles únicamente en un grupo limitado de países y deja fuera a 26 de distintas regiones donde se sigue registrando un número elevado de casos de VIH, sobre todo en América Latina. Varios de estos países incluso participaron en los ensayos clínicos del fármaco. Fueron personas de esas comunidades quienes pusieron su cuerpo para demostrar su eficacia y seguridad, pero hoy no pueden registrarlo ni incorporarlo a sus programas públicos de prevención.
A esta situación se suma el altísimo precio de la versión comercializada en los países de mayor renta. En países europeos, incluido España, la indicación de tratamiento supera 40.000 euros anuales, a pesar de que estudios independientes estiman que producirlo cuesta alrededor de 25 dólares. Aunque el uso preventivo ya está autorizado en España, aún no se ha incorporado al sistema público por las condiciones económicas planteadas.
En el marco de la licencia voluntaria de Gilead, durante los últimos meses se han anunciado acuerdos con dos fabricantes de genéricos en India que permitirían producir versiones de bajo coste a partir de 2027, con un precio estimado de 40 dólares al año por persona. Estas iniciativas cuentan con el apoyo de Unitaid y se complementan con los mecanismos de compra conjunta del Fondo Mundial, que facilitan la negociación de precios y garantizan el suministro en numerosos países. Aun así, estas posibles versiones genéricas no estarán disponibles durante años y no resolverán la exclusión actual de los países que Gilead ha dejado fuera de la licencia.
Menos financiación, más riesgo de dar pasos atrás
El debate sobre lenacapavir coincide con un deterioro general en la cantidad de recursos destinados a la respuesta global al VIH. ONUSIDA estima que el número de nuevas infecciones está creciendo tras años de avances. En 2023 se registraron unas 3.500 nuevas infecciones diarias y en 2025 la cifra podría alcanzar las 5.800. Si esta tendencia se mantiene, entre 2025 y 2029 podrían producirse millones de nuevos casos y millones de muertes relacionadas con el sida.
En este escenario, la Octava Reposición del Fondo Mundial, celebrada hace unos días en Sudáfrica, ha conseguido movilizar 11.340 millones de dólares para seguir financiando la lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria. Es un esfuerzo valioso dadas las circunstancias, aunque todavía inferior a los 18.000 millones necesarios para responder adecuadamente a las necesidades actuales. Mientras algunos donantes han reducido sus aportaciones, otros países, incluidos varios Estados africanos, India e Irlanda, han incrementado su compromiso.
España mantiene su contribución con 145 millones de euros, una cifra superior a la de la ronda previa y que desde Salud por Derecho valoramos de forma positiva. Sin embargo, seguimos reclamando que el Gobierno avance hacia una aportación de 200 millones, acorde con la magnitud del desafío global y con la responsabilidad internacional del país.
También pedimos a la Unión Europea que refuerce su liderazgo y anuncie cuanto antes su contribución, ya que aún no ha comunicado ninguna cifra. Este retraso podría dificultar la planificación del Fondo Mundial y la asignación de recursos a tiempo, lo que a su vez podría poner en riesgo programas esenciales en muchos países. Confiamos en que el compromiso alcance al menos los 800 millones de euros, una aportación necesaria para evitar interrupciones en los servicios, movilizar financiación adicional y mantener la respuesta global en la senda adecuada.
Una respuesta basada en derechos, no en exclusiones
Para impedir un retroceso en la respuesta mundial al VIH, es necesario colocar el derecho a la salud por encima de los intereses comerciales. Garantizar el acceso a herramientas de prevención como lenacapavir, fortalecer la financiación multilateral y avanzar hacia precios justos son pasos fundamentales para proteger los avances logrados y evitar miles de nuevos casos y muertes en los próximos años.
España y la Unión Europea tienen la oportunidad de desempeñar un papel decisivo. Un compromiso más firme y la defensa activa de un acceso equitativo pueden contribuir a que el mundo mantenga el rumbo necesario para que el VIH deje de ser una amenaza para la salud pública.
Imagen: The Global Fund/Karin Schermbrucker
