- Overpriced, un informe publicado por SOMO y Wemos, muestra la gran inversión pública en los Países Bajos en el desarrollo de los medicamentos
- Las inversiones públicas carecen de condicionalidades, por lo que el Gobierno pierde capacidad para controlar el precio de los fármacos resultantes
- En España, Salud por Derecho y la plataforma No es Sano también mostraron a través de sendos informes la gran cantidad de inversión pública en el desarrollo de fármacos sin retorno social de esa inversión
En el año 2015, el gobierno holandés hizo sonar las alarmas ante la llegada de un nuevo medicamento contra el cáncer de pulmón que costaría alrededor de 200.000 euros al año y que podría absorber el 11% del presupuesto por la compra del tratamiento para todas las personas que lo necesitaban. La tendencia al alza de los precios llevó a Holanda a poner en la agenda europea el problema del precio de los medicamentos y del modelo actual de innovación, investigación y desarrollo basado en las patentes, e hizo hincapié en la necesidad de un modelo totalmente transparente para saber “costes, precios y quién paga qué de antemano”.
Esta petición del Gobierno sobre transparencia se ha vuelto más importante a medida que se sabía que el dinero público financia una cantidad sustancial de investigación básica (y, cada vez más, de la investigación aplicada) y que contribuye al desarrollo de los medicamentos. Sin embargo, como denuncia el informe ‘Overpriced’, publicado recientemente por SOMO y Wemos, al no establecerse condiciones de ningún tipo para estas inversiones públicas, el Gobierno pierde la oportunidad de frenar los altos precios de los medicamentos, que benefician exclusivamente a las compañías farmacéuticas.
“Las compañías farmacéuticas argumentan que la razón por la que sus medicamentos son tan caros es porque la investigación y el desarrollo son muy costosas, pero esto, simplemente, no es cierto. Gran parte del coste de la investigación y el desarrollo es asumido por una inversión pública sin condiciones. Debido a esto, el gobierno pierde su oportunidad de influir en el precio final de los fármacos” asegura Esther de Haan, Investigadora principal de SOMO.
Esta inversión pública se produce directamente financiando el desarrollo de nuevos fármacos e indirectamente a través de inversiones realizadas en compañías de biotecnología canalizadas a través de universidades, organismos públicos de investigación y fondos de inversión nacionales y regionales. El informe trata de conocer inversión pública directa e indirecta en la I+D de los medicamentos, pero lo hace con muchas limitaciones debido a que mucha información no es pública ni accesible.
Además de denunciar la falta de transparencia y la falta del retorno público de la inversión, Overpriced profundiza en el rol de las universidades y los institutos de investigación en la cadena de la I+D, que han adquirido un papel cada vez más protagonista por sus prometedores descubrimientos. El paso siguiente al descrubrimiento suele ser la transferencia de licencias en exclusividad al sector privado o la creación de una spin-off (una pequeña iniciativa empresarial promovida por miembros de la propia comunidad universitaria para seguir trabajando en el desarrollo del descrubimiento) que, al tiempo, será absorbida por una empresa farmacéutica mayor.
España, una situación similar
El de Holanda no es un caso único. Investigaciones recientes han descubierto modelos semejantes del uso de las inversiones públicas y el desarrollo de medicamentos en el Reino Unido y España.
En el informe Interés público en la investigación biomédica, publicado en enero de 2019 por Salud por Derecho, se mostraba el gran aporte público en I+D biomédica (un 62% frente al 38% de las empresas), principalmente en los centros de investigación dependientes de la Administración y en las universidades.
El informe muestra también cómo esta inversión pública se invisibiliza en el momento que se transfiere a la industria, perdiendo el Estado la capacidad de influir en asuntos tan importantes como el precio o la gestión de la propiedad intelectual. Además, el informe muestra en qué condiciones se da esa transacción desde las universidades y los centros de investigación a las empresas, y la falta de inclusión criterios de interés público en las licencias de explotación y en el traspaso de las patentes, que se realizan a cambio de contraprestaciones económicas muy poco significativas.
Por su parte, la plataforma No Es Sano, de la que Salud por Derecho es promotora, publicó hace un año la campaña ‘Nos la juegan’, con la que, a través del análisis de cuatro fármacos oncológicos concretos, muestra la gran aportación del sector no comercial al desarrollo de fármacos que posteriormente se transfieren o licencian a la industria privada.
Un ejemplo muy actual es el de las novedosas terapias CAR-T para el cáncer (tisagenlecleucel y axicabtagene ciloleucel) cuya investigación proviene en gran parte de recursos públicos -más de 300 millones de dólares solo en EE.UU.- y más del 60% de los ensayos clínicos se han financiado a través de universidades, centros de investigación o fundaciones sin ánimo de lucro. Ambas terapias están autorizadas y financiadas en España con precios entre los 320.000 y los 327.000 €
Transparencia y condiciones, la solución
Cada vez más gobiernos en Europa están preocupados por el precio elevado de los medicamentos. Los informes llevados a cabo en Holanda, Reino Unido y España ponen de manifiesto cómo los ciudadanos pagan varias veces por los medicamentos a través de sus impuestos por la financiación del I+D, los incentivos fiscales y donaciones para estimular el desarrollo innovador de medicamentos, las inversiones públicas en empresas derivadas de universidades o con la propia compra de los medicamentos.
A esto se añade la falta de transparencia sobre datos exactos del gasto público en el I+D de medicamentos y otros elementos como las patentes o licencias, y la falta de condicionalidades que aseguren una transferencia de tecnologías del sector público al privado socialmente responsable. En este sentido, SOMO y Wemos apuestan por que la UE introduzca mecanismos jurídicos para garantizar la transparencia e impulsen condicionalidades en la financiación que aseguren el retorno de todas las inversiones públicas
Holanda ya ha dado pasos en esta dirección, y recientemente un estudio realizado por el gobierno reconoce la necesidad de promover sistemas de licencias cuya fijación de precios de los productos y/o servicios finales no comprometa la accesibilidad.
