La mpox ha vuelto a situar en primer plano los desafíos pendientes en la respuesta global a las crisis sanitarias. Es una enfermedad infecciosa que en pocos años ha provocado dos emergencias sanitarias internacionales y ha evidenciado las limitaciones de los sistemas actuales para garantizar un acceso equitativo a las herramientas médicas. Desde Salud por Derecho nos hemos unido a Health Action International y a Public Citizen para pedir una respuesta más justa y coherente ante este escenario, en un momento en el que el debate internacional sobre pandemias vuelve a ganar protagonismo.
Lo que estamos viendo no es un caso aislado. La experiencia reciente muestra que los países del Sur Global siguen enfrentándose a barreras estructurales para acceder a vacunas, debido a un suministro limitado, concentrado en pocos proveedores, y a precios elevados y poco transparentes. Estas barreras están directamente relacionadas con la forma en que se desarrollan, producen y distribuyen las tecnologías sanitarias.
La vacuna MVA-BN frente a la mpox y la viruela es fruto de un importante esfuerzo colectivo financiado con fondos públicos. Su desarrollo se ha apoyado en investigación financiada en Alemania, más de 2.300 millones de dólares aportados por el Gobierno de Estados Unidos y grandes compras públicas. El suministro está concentrado en el fabricante, los precios no se han justificado públicamente y no se ha impulsado una transferencia de tecnología efectiva hacia fabricantes africanos. Cuando la investigación y el desarrollo dependen de recursos públicos, deben existir condiciones claras que garanticen precios justos, transparencia en los costes y acceso equitativo. Sin estos elementos, la inversión pública no se traduce en beneficios compartidos y puede perpetuar desigualdades .
La Unión Europea ha defendido el acceso universal a la salud, aunque algunas decisiones recientes se alejan de ese compromiso. La compra de vacunas contra la mpox sin divulgar precios ni condiciones clave supone un retroceso en transparencia y dificulta evaluar el uso de los recursos públicos, además de debilitar la rendición de cuentas. El contrato marco, obtenido mediante una solicitud de acceso a la información, contempla hasta ocho millones de dosis, con elementos esenciales como el precio y ciertas condiciones de donación ocultos. El acuerdo también incluye disposiciones que condicionan las donaciones al consentimiento del fabricante y posibles restricciones a determinados países, lo que puede limitar el acceso en función de las necesidades sanitarias.
Las cláusulas de confidencialidad refuerzan esta falta de transparencia al impedir la divulgación de información esencial sobre precios y condiciones de suministro. Esto limita la supervisión independiente y dificulta comprobar si los compradores públicos están pagando precios adecuados. En este contexto, junto a Health Action International y Public Citizen, reclamamos mayor transparencia en los precios, en los contratos y en las condiciones de adquisición de productos sanitarios, una reivindicación que ha cobrado nueva relevancia con las actuales discusiones del IGWG, el grupo de trabajo de la Organización Mundial de la Salud donde los países negocian las reglas para futuras pandemias, donde las tres organizaciones hemos presentado esta declaración conjunta.
Tras crisis recientes como el ébola, la COVID-19 o la mpox, existe un reconocimiento creciente de la necesidad de garantizar el acceso equitativo a los productos médicos. Los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud están negociando mecanismos que vinculen el intercambio de información sobre patógenos con beneficios concretos, como el acceso a vacunas y otros productos sanitarios. Estas negociaciones representan una oportunidad para avanzar hacia un sistema más justo. Sin compromisos claros y mecanismos de rendición de cuentas, las medidas adoptadas pueden no ser suficientes para corregir las desigualdades actuales.
Es necesario reforzar las obligaciones en materia de precios, transferencia de tecnología y diversificación de la producción. Alinear las prácticas europeas con estos principios será esencial para garantizar que las innovaciones financiadas con recursos públicos se traduzcan en un acceso real, asequible y equitativo en todo el mundo.
Aquí puedes leer el comunicado completo en inglés:
