Foto: Min. de Sanidad
España co-patrocina una resolución que, sin embargo, no incluye finalmente la transparencia en torno a los costes de la I+D y la inversión pública.
El pasado martes concluyó la 72 Asamblea Mundial de la Salud con la aprobación de una histórica resolución sobre transparencia en el mercado de los medicamentos, vacunas y otros productos sanitarios. Una resolución que insta a los Estados miembro de OMS a publicar los precios que los gobiernos pagan por éstos y con la que se pretende mejorar el intercambio público de información sobre aspecto determinantes como el estado de las patentes o los resultados de los ensayos clínicos, por ejemplo.
La resolución ha sido debatida durante más de 70 horas y el objetivo, según la OMS, es ayudar a los estados a tomar decisiones más informadas para la compra de productos de salud, negociar precios más asequibles y ampliar el acceso a productos de salud para las poblaciones, factores clave para avanzar en la cobertura universal de salud.
El texto final, lamentablemente, ha sido objeto de modificaciones con respecto de la propuesta inicial por la presión ejercida por varios países (Alemania, UK, Estados Unidos o Hungría), contrarios a instar a la industria farmacéutica a incluir medidas de transparencia sobre costes de investigación y desarrollo –que son el argumento principal de la industria para justificar los altos precios de los fármacos- o sobre las inversiones públicas en la cadena del I+D en salud.
La resolución fue presentada por Italia y copatrocinada por una veintena de países, entre ellos España, que ha estado muy presente en las negociaciones y que ha expresado en diferentes espacios de la Asamblea Mundial de la Salud una posición muy fuerte sobre la necesidad de adoptar medidas en transparencia a todos los niveles: no solo en los precios, sino también en los costes del I+D en salud y en las inversiones públicas.
La resolución sobre transparencia aprobada en la Asamblea Mundial de la Salud supone un paso adelante sobre el que hay que seguir trabajando. Sin embargo, desde Salud por Derecho lamentamos la falta de compromisos en transparencia sobre los costes reales de la investigación y el desarrollo o sobre las inversiones públicas en la I+D en salud, que otorgarían a los países una capacidad mayor a la hora de negociar los precios de los medicamentos y otros productos sanitarios con la industria farmacéutica. Algo de suma importancia, sobre todo en un momento en el que los fármacos y tratamientos -especialmente aquellos para las enfermedades más graves- están alcanzando precios desorbitados y poniendo en peligro la sostenibilidad de los sistemas de salud de países europeos y del mundo entero.
