Hace unas semanas, el Parlamento Europeo aprobó la nueva directiva europea de calidad del aire. El texto al que dio luz verde el Pleno recoge gran parte de las peticiones que ha venido realizando la sociedad civil europea y española para hacer frente a la contaminación atmosférica. Inicialmente, se fijó en 2030 la fecha límite para implantar las medidas recogidas en el documento, como propuso la Comisión Europea, pero en las últimas horas de la negociación antes de la votación se extendió el plazo cinco años más, hasta 2035.
Ahora, tras el trámite en el Parlamento, toca que el texto se negocie entre las tres instituciones europeas —la Comisión, el Parlamento y el Consejo— para su aprobación final. En ese contexto, hoy se celebra el Consejo de Medio Ambiente Europeo, al que acuden los ministros y ministras de la UE, y 19 organizaciones sociales, de defensa de la salud y ecologistas piden a Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, que desde la Presidencia Española se trabaje para que la nueva normativa no pierda ambición y se vuelva a implantar la fecha de 2030, tal y como recogía la propuesta inicial de la Comisión Europea.
En una carta enviada a Ribera, las organizaciones insisten en la importancia de “cumplir con los objetivos en 2030” y recuerdan que “cada año de retraso contribuye a cientos de miles de muertes prematuras en enfermedades como la demencia, el cáncer, asma, EPOC, ictus y otros problemas cardiovasculares”.
Uno de los asuntos que más preocupa a las entidades es que durante este periodo de negociaciones pueda haber otros cambios que relajen las medidas contempladas en el texto. Por ello, piden a Teresa Ribera “que se acuerde la implementación de la nueva directiva evitando cualquier tipo de flexibilidad o laxitud añadida que posponga o rebaje el cumplimiento de la norma”. Asimismo, demandan que su aprobación debería llevarse a cabo urgentemente, antes de las elecciones europeas de junio del próximo año, para prevenir “la muerte prematura de cientos de miles de personas y se protegerá a los grupos más vulnerables como niños y niñas, mujeres embarazadas, personas mayores o pacientes crónicos que necesitan un aire más limpio y salubre”.
El texto aprobado por el Parlamento Europeo recoge límites de contaminación del aire alineados con los estudios científicos más recientes y con las recomendaciones de la OMS actualizadas en 2021, que serán obligatorios para todos los Estados miembro; una mayor protección para la infancia y otras poblaciones vulnerables; así como un mejor acceso a la información sobre la calidad del aire por parte de la ciudadanía. Sin embargo, las organizaciones aseguran que estos avances no serán posibles “si no se ponen en marcha planes en los distintos niveles de la Administración” con los cambios necesarios para disminuir los niveles de contaminación ambiental.
Por último, las entidades recuerdan en la carta que con 300.000 muertes al año en Europa debido a la mala calidad del aire que respiramos, este asunto debe ser una “prioridad” y que esta nueva directiva es “una de las oportunidades más importantes para mejorar la salud y el bienestar de las personas que vivimos en Europa, pero también contribuirá a frenar el cambio climático y a asegurar la sostenibilidad de los espacios urbanos”.
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