Ayer tuvo lugar la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los CEOs de la industria farmacéutica en España. A través de las informaciones que han trascendido de ese encuentro, desde Salud por Derecho queremos reaccionar a lo que parecen haber sido varias peticiones de la industria al presidente.
Por un lado, la industria denunció una “pérdida de competitividad del sector”, reflejada en la decreciente presencia en ensayos clínicos e I+D de terapias avanzadas. Por otro, se posicionó en contra de la propuesta de la Comisión Europea de reducir de 8 a 6 años la protección de datos regulatorios y de 10 a 9 años la exclusividad de mercado para los medicamentos huérfanos, aquellos destinados a las enfermedades raras, alegando que esa protección de datos es clave para fomentar la innovación.
En Salud por Derecho consideramos que la evidencia sobre el impacto de las protecciones de datos y mercado en la innovación es limitada, mientras que su efecto negativo en el acceso y asequibilidad de los medicamentos es claro. Por ello, abogamos por reducir estos períodos para fomentar la competencia y bajar los precios.
Además, defendemos que sean considerados medicamentos huérfanos solo aquellos cuya rentabilidad económica, sin los incentivos proporcionados por la regulación, no sea la suficiente como para justificar la inversión en I+D. Así, se garantizaría que únicamente los desarrolladores que realmente lo necesiten se beneficien de los incentivos.
Además, proponemos que cualquier exclusividad esté condicionada a la transparencia en costes de desarrollo y precios, lo que permitiría evaluar su impacto y justificar posibles extensiones. También exigimos que los desarrolladores presenten un plan global de acceso como requisito para entrar en el mercado europeo.
Respecto al desarrollo de terapias avanzadas, Europa y en concreto España tienen ejemplos de éxito pioneros a nivel global, como son las CAR-T académicas desarrolladas bajo la figura de la exención hospitalaria recogida en la legislación europea. Creemos que el modelo de interpretación aplicado en España debería extenderse al resto de los países de la UE y que esta cláusula debe ser salvaguardada y reforzada.
Por su parte, la industria pidió un desarrollo equilibrado de las regulaciones que están sobre la mesa (el Real Decreto de Evaluación de las Tecnologías Sanitarias o el Anteproyecto de Ley de los Medicamentos, por ejemplo) y una mejora en los tiempos en el acceso y disponibilidad de los medicamentos para que los pacientes tengan a su alcance en el menor tiempo posible, “de manera justa, equitativa y asegurando la sostenibilidad del sistema sanitario”.
Con respecto al Son varias las cosas al respecto: proponemos un desarrollo más detallado del Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, proponemos un desarrollo más detallado, exigiendo que las compañías farmacéuticas informen con claridad sobre incentivos fiscales, subvenciones y cualquier otro apoyo financiero recibido, ya sea nacional o internacional. Además, es fundamental desglosar los costes de cada fase del desarrollo, desde la investigación básica hasta la comercialización, para visibilizar la contribución clave del sector público en las etapas más arriesgadas.
Respecto al Anteproyecto de Ley de Medicamentos, es necesario avanzar en la implementación de la resolución 72.8 de la Asamblea Mundial de la Salud, que exige mayor transparencia en los mercados farmacéuticos. En particular, apoyamos la divulgación de los precios netos de los medicamentos, evitando la confidencialidad que perpetúa precios altos y dificulta la financiación de tratamientos. En el borrador de texto del anteproyecto adelantado por Demócrata, sin embargo, se reincide en la confidencialidad de la información de los acuerdos de financiación. La opacidad no solo perjudica a los pacientes nacionales, sino que también eleva los precios de referencia a nivel global, dificultando la disponibilidad y el acceso a los medicamentos en múltiples países.
Por último, la industria argumentó el duro golpe que supondrá para el sector farmacéutico (y cosmético) la Directiva sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, pues esta les obligaría casi en exclusiva a asumir la totalidad del coste de la depuración para eliminar los microcontaminantes químicos.
La realidad es que el 92 % de los microcontaminantes tóxicos en aguas residuales de la UE provienen de productos farmacéuticos, según la Comisión Europea. La industria no puede seguir argumentando que asumir estos costos afectará el acceso a los pacientes. Hasta ahora, su impacto ambiental ha sido tratado como una externalidad, lo que ha les ha permitido maximizar sus beneficios a costa del medioambiente. Regular la eliminación de microcontaminantes traerá beneficios tanto para la salud pública como para la sostenibilidad ambiental. Pero hay que ir más allá: es fundamental integrar el impacto medioambiental en todo el ecosistema farmacéutico. Esto implica también considerarlo como un criterio más de evaluación para la financiación de medicamentos en el SNS y exigir responsabilidades por la contaminación generada a lo largo de su cadena de valor.
Foto: Moncloa
