España tiene la oportunidad de convertir el derecho a respirar un aire limpio en una garantía real y exigible. Con ese objetivo, desde Salud por Derecho hemos presentado enmiendas al anteproyecto de reforma de la Ley de Calidad del Aire para asegurar que la nueva normativa proteja la salud de las personas y facilite el acceso a la justicia frente a los daños causados por la contaminación.
¿Qué es este proceso?
El Gobierno de España está reformando la actual Ley de Calidad del Aire (Ley 34/2007) para transponer la nueva Directiva Europea de Calidad del Aire (Directiva UE 2024/2881). Esta normativa europea marca un hito histórico al reconocer el derecho de los ciudadanos a exigir responsabilidades y a ser compensados si sufren daños en su salud debido a la inacción o negligencia de las administraciones frente a la contaminación del aire ambiente. Sin embargo, el borrador actual del Ministerio deja estos mecanismos sin aclarar, diluyéndolos en exceso.
¿Por qué nos movilizamos?
La contaminación enferma y mata: La exposición al aire contaminado genera una enorme carga de mortalidad evitable. No se trata solo de un problema ecológico, sino de una de las mayores amenazas para la salud pública en Europa y en el mundo.
Afecta con mayor crueldad a los más vulnerables: La mala calidad del aire golpea con especial dureza a la infancia, a las personas mayores, a quienes padecen enfermedades crónicas y a las poblaciones con menor nivel socioeconómico.
El texto del Gobierno hace el derecho ilusorio: Tal como está redactado el borrador, exigir una indemnización por daños derivados de la contaminación crónica sería un laberinto judicial casi imposible y prohibitivo para un ciudadano de a pie.
La salud debe estar en los tribunales: Las organizaciones sanitarias y de pacientes actualmente encuentran trabas legales para defender en los juzgados el derecho a respirar aire limpio.
¿Qué pedimos exactamente? Exigimos incorporar a la ley de forma urgente cuatro pilares fundamentales:
- Un derecho real a indemnización (Nuevo Artículo 38 bis): Exigimos que la ley reconozca explícitamente el derecho de las personas físicas a obtener compensaciones cuando las autoridades incumplan los planes de calidad del aire. Además, pedimos que los procesos no sean prohibitivos económicamente, ni excesivamente complejos y que se adapten los plazos de prescripción.
- Legitimación para las organizaciones de salud: Pedimos que no solo las ONGs ecologistas puedan activar la acción popular en los tribunales. Las asociaciones de pacientes, entidades médicas y colectivos de salud deben tener plena capacidad jurídica para actuar, eliminando barreras temporales (como la exigencia de dos años de antigüedad) ante superaciones graves de los límites de contaminación.
- Castigo a la contaminación crónica: Solicitamos que el régimen sancionador distinga claramente entre los «picos» puntuales de contaminación y la exposición crónica y persistente, que es la que genera el mayor impacto y daño acumulado en la salud según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
- Anclaje en los Derechos Humanos: Reclamamos que la ley declare en su preámbulo de manera inequívoca que se fundamenta en el derecho humano a un medio ambiente sano, al más alto nivel posible de salud física y mental, y a la protección reforzada de la infancia.
Respirar un aire limpio no puede ser un privilegio, debe ser una garantía jurídica. Con estas enmiendas queremos que la salud deje de ser la gran olvidada en la gestión medioambiental y que el marco legal se alinee con los compromisos internacionales y las directrices científicas de la OMS.
Si quieres conocer al detalle el redactado jurídico de cada una de nuestras propuestas y sus justificaciones legales, puedes consultar nuestro documento completo de enmiendas aquí.
