La crisis climática es ya una de las principales amenazas para la salud pública en Europa. El aumento de las temperaturas, la contaminación del aire y los eventos climáticos extremos están provocando más enfermedad, muertes evitables y desigualdades, con un impacto especialmente intenso en las poblaciones más vulnerables. En este contexto, las decisiones económicas de la Unión Europea son determinantes para prevenir estos daños o limitarse a gestionarlos cuando ya se han producido.
En los próximos meses, la UE negocia el nuevo Marco Financiero Plurianual para el periodo 2028-2034. Este presupuesto a largo plazo fija durante siete años cuánto puede gastar la Unión Europea y en qué áreas prioriza ese gasto. Más allá de las cifras, su diseño define si Europa apuesta por anticiparse a los riesgos que ya están afectando a la salud de la población o si continúa destinando recursos a gestionar las consecuencias cuando el daño ya es difícil de revertir.
En este contexto, desde Salud por Derecho hemos analizado la propuesta de presupuesto en el informe Acción climática, salud y presupuesto europeo: recomendaciones para el nuevo Marco Financiero Plurianual, que publicamos hoy. El análisis señala que el nuevo marco financiero no recoge suficientemente los impactos reales de la crisis climática y mantiene un enfoque que prioriza la gestión de crisis frente a la prevención.
Las consecuencias de esta falta de anticipación ya son visibles en Europa. Solo en el verano de 2024 se estimaron 62.774 muertes atribuibles al calor en Europa. La mortalidad fue un 46,7% mayor en mujeres y más de tres veces superior en personas de 75 y más años. A esta situación se suma una exposición generalizada a la contaminación del aire, ya que el 95% de la población urbana de la Unión Europea sigue respirando niveles por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
El deterioro ambiental también se traduce en una presión creciente sobre los sistemas sanitarios. El Banco Europeo de inversiones estima que el cambio climático incrementará la demanda de atención sanitaria un 0,5% anual, lo que se traducirá en 500 millones de estancias hospitalarias, 120 millones de visitas a servicios de urgencias y 380 millones de consultas ambulatorias adicionales. Sin embargo, la salud continúa siendo una variable prácticamente ausente en la arquitectura presupuestaria europea, sin evaluaciones sistemáticas de impacto ni mecanismos claros para anticipar estos efectos.
La propuesta de la Comisión Europea fija un presupuesto de 1,98 billones de euros para el periodo 2028-2034 y eleva el techo de gasto hasta alrededor del 1,26% de la renta nacional bruta de la UE. Sin embargo, una parte importante de ese aumento no servirá para financiar nuevas políticas, sino para devolver la deuda generada con el programa Next Generation EU. Además, una vez se tiene en cuenta el efecto de la inflación, el margen real para invertir es menor de lo que sugieren las cifras globales. Desde una perspectiva de salud pública, la cuestión no es solo cuánto aumenta el presupuesto, sino si su diseño permite prevenir riesgos en salud que ya están creciendo.
En este sentido, el objetivo del 35% de gasto climático que propone la Comisión Europea resulta insuficiente y más débil de lo que aparenta. Tal y como señala el informe, este porcentaje se calcula sobre una base incompleta, ya que excluye partidas relevantes como defensa y seguridad, lo que reduce su alcance real. Además, la propuesta elimina el objetivo específico del 10% destinado a biodiversidad existente en el marco actual y suprime el programa LIFE como instrumento independiente, pese a ser el único plenamente dedicado a clima, medio ambiente y prevención de la contaminación. En conjunto, estas decisiones debilitan la capacidad del presupuesto para orientar la inversión hacia la prevención y la reducción de riesgos asociados a la crisis climática.
El análisis también pone el foco en una contradicción. En 2023, los subsidios a los combustibles fósiles ascendieron a 111.000 millones de euros en la Unión Europea, mientras el presupuesto sigue permitiendo apoyar actividades altamente contaminantes. Al mismo tiempo, se estima que cumplir los objetivos climáticos requiere inversiones cercanas al 2% del PIB europeo anual y que una transición justa exigiría en torno a un billón de euros, aproximadamente el 50% del presupuesto de la UE.
El diseño del nuevo Marco Financiero Plurianual tampoco integra adecuadamente la dimensión de la desigualdad. El cambio climático sigue un claro gradiente social y, sin instrumentos específicos de transición justa ni asignaciones vinculantes orientadas a equidad, existe el riesgo de que la acción climática financiada no llegue a quienes más sufren la exposición al calor, la contaminación y la precariedad social.
Desde Salud por Derecho defendemos que el presupuesto europeo debe orientarse de forma clara a la prevención. Esto implica elevar la ambición climática, recuperar objetivos vinculantes en biodiversidad, mantener instrumentos específicos como LIFE y un Fondo de Transición Justa, e incorporar evaluaciones obligatorias de impacto en salud para todos los programas financiados con fondos europeos.
El presupuesto europeo 2028-2034 puede convertirse en una herramienta de prevención y protección de la salud ante la crisis climática o consolidar un modelo que perpetúe daños evitables y aumente las desigualdades. Situar la salud en el centro del Marco Financiero Plurianual es una condición necesaria para responder de forma justa y eficaz a los retos que ya están afectando a la vida y el bienestar de millones de personas en Europa.
Aquí puedes leer el análisis completo (o descargarlo en este enlace).
MFP_ACCIONCLIMATICA_SALUD_PRESUPUESTO
