- 19 organizaciones y profesionales pretendemos trasladar al Parlamento y a la sociedad propuestas para promover la transparencia en sanidad y fomentar la investigación y la formación independientes.
- Si la Mesa del Congreso admite a trámite la ILP, las organizaciones tendrán un plazo de nueve meses para recoger 500.000 firmas que permitan su debate en el Congreso de Diputados.
Esta mañana, 19 organizaciones y profesionales de la sanidad pública, de la transparencia y de la comunidad científica hemos presentado en el Congreso de los Diputados la iniciativa legislativa popular (ILP) ‘Medicamentos a un precio justo’. Con ella pretenden trasladar al Parlamento y a la sociedad propuestas para cambiar el sistema actual de fijación de precios de los medicamentos, impulsar medidas de transparencia en sanidad, así como la creación de un fondo de investigación y formación independiente. La Comisión Promotora de la ILP está integrada por la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM), el Consejo de Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), la Federación de Asociaciones Medicusmundi, la Fundación Civio, la Plataforma de Afectados por Hepatitis C (PLAFHC) y Salud por Derecho.
Los motivos, como denunciamos las organizaciones en el texto de la ILP, son varios. Por un lado, en los últimos años hemos asistido a un aumento continuado de los precios de los nuevos medicamentos, en muchas ocasiones con cifras muy superiores a los costes de investigación y fabricación, como ha puesto de manifiesto el caso de la hepatitis C y los antivirales de acción directa. Esta situación ha conllevado un importante incremento del gasto farmacéutico, poniendo en peligro la sostenibilidad del sistema, introduciendo copagos en los medicamentos y, en consecuencia, limitando el acceso a determinados tratamientos a miles de personas.
De forma paralela, existen problemas relacionados con la opacidad sobre la inversión que realiza directa o indirectamente la Administración Pública en investigación biomédica y sobre las negociaciones que mantiene con la industria farmacéutica. Esta falta de transparencia afecta a las relaciones entre las Administraciones Públicas, las empresas farmacéuticas, las asociaciones médicas y de pacientes y los profesionales sanitarios, lo que puede dar lugar a conflictos de intereses.
De este modo, el texto articulado de la ILP propone una serie de modificaciones en el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, con la finalidad de reforzar la capacidad de las Administraciones sanitarias para deliberar y fijar precios justos con la máxima transparencia posible, permitiendo el acceso a los tratamientos necesarios y sin poner en riesgo el mantenimiento del sistema sanitario público. Además, la proposición aborda medidas para que los precios de adquisición de los medicamentos sean de conocimiento público.
Asimismo, la ILP propone fomentar la investigación pública de medicamentos y la formación independiente de los profesionales sanitarios con la creación de un fondo para evitar los conflictos de intereses y mejorar el acceso a las innovaciones, garantizando una prescripción adecuada y reduciendo los efectos negativos de la medicación innecesaria. La proposición contempla la regulación de los pagos que realiza la industria farmacéutica a las organizaciones y los profesionales sanitarios, en línea con otros países de nuestro entorno.
Si la Mesa del Congreso admite a trámite la ILP, las organizaciones promotoras y adheridas tendrán un plazo de nueve meses para recoger 500.000 firmas que permitan su debate en el Congreso de Diputados. “Con el registro de esta ILP pretendemos, por un lado, abrir un debate social para que los ciudadanos sepan la situación que padece nuestro Sistema Nacional de Salud. Por otro lado, queremos generar un debate en el Congreso de los Diputados que permita cambiar las reglas de un juego que solo beneficia a la industria farmacéutica”, asegura Damián Caballero, presidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C.
Las organizaciones recuerdan que, pese a que a día de hoy no se cumpla de manera efectiva, el derecho a la protección de la salud está recogido en la legislación internacional y en la Constitución española. “Con la ILP, las organizaciones buscamos lo mejor para nuestro Sistema Nacional de Salud, para que se garantice su sostenimiento y calidad, y continúe siendo público, gratuito y universal. Queremos un sistema de investigación y desarrollo de medicamentos transparente, ético y que busque lo mejor para los ciudadanos”, concluye Laura Martínez, presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina.
Comisión Promotora: Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM), Consejo de Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), Federación de Asociaciones Medicusmundi, Fundación Civio, Plataforma de Afectados por Hepatitis C (PLAFHC) y Salud por Derecho.
Profesionales Comunidad Científica: Catedrático Luis Montiel (Cátedra Universitaria Extraordinaria Derecho a la Salud y Acceso a Medicamentos) y doctor José Luis Rodríguez Agulló (hepatólogo).
Organizaciones adheridas: Apoyo Positivo, Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia, Coordinadora de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo, Farmacritixs, Farmamundi, Federación de Planificación Familiar, Federación Española de Estudiantes de Medicina para la Cooperación Internacional, Grup del Medicament de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària, No Gracias, Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS).
