En poco tiempo, el acceso a los medicamentos ha dejado de entenderse solo como una cuestión de salud pública. Cada vez más, se habla de fármacos en términos de seguridad, de autonomía estratégica y de preparación ante futuras amenazas. La pandemia de COVID-19 y las crisis geopolíticas recientes han acelerado este giro, llevando al primer plano ideas como la resiliencia industrial o las llamadas contramedidas médicas, es decir, medicamentos y vacunas pensados para responder a emergencias. Este cambio de enfoque no es neutro y plantea preguntas de fondo sobre el lugar que ocupan los derechos, la equidad y la transparencia en las políticas sanitarias.
Para reflexionar sobre estas cuestiones, desde Salud por Derecho organizamos hace unos días el encuentro online De escudos a pastillas: acceso a los medicamentos en una era de securitización, el primero de este año dentro de nuestra serie de charlas sobre transparencia. El trasfondo de este debate es una pregunta cada vez más presente en las políticas públicas. ¿Qué ocurre cuando los medicamentos empiezan a gestionarse como recursos estratégicos y no, ante todo, como bienes esenciales para la salud de las personas?
Durante décadas, las políticas de acceso a los medicamentos se han apoyado en principios como la asequibilidad, la solidaridad y la obligación de los Estados de garantizar el derecho a la salud. El nuevo enfoque, en cambio, pone el acento en la capacidad de respuesta frente a las crisis, en el almacenamiento, la logística y la continuidad del suministro en escenarios excepcionales. No se trata solo de un cambio de lenguaje, también cambia quién decide y cómo se toman esas decisiones. La lógica de la seguridad tiende a concentrar el poder, a justificar procesos acelerados y a reducir el espacio para el debate público.
Este enfoque suele venir acompañado de lo que en el debate se describió como una “lógica de capacidades”: la idea de que los actores vinculados a la seguridad y la defensa estarían mejor preparados para gestionar situaciones de crisis, por su experiencia en logística, mando y control o toma de decisiones bajo presión. Esta narrativa, sin embargo, tiende a presentar a los sistemas civiles de salud como insuficientes y sirve para legitimar la expansión de actores de seguridad en ámbitos tradicionalmente regidos por criterios de salud pública.
En el contexto europeo, esta dinámica resulta especialmente visible. Tal como explicó Laëtitia Sédou, de la European Network Against Arms Trade, muchas de las políticas de defensa de la Unión Europea han pasado en pocos años de ser programas piloto a consolidarse como un modelo estable. Lo que se presentó inicialmente como una excepción temporal se ha normalizado, con un debilitamiento progresivo del control parlamentario y de las evaluaciones éticas, cada vez más delegadas en las propias empresas beneficiarias de los fondos.
Sédou subrayó además que este proceso, acelerado tras la invasión rusa de Ucrania, no se limita al ámbito militar. Al extenderse a sectores civiles, introduce formas de decidir con menos debate público y menos acceso a la información. En el encuentro se compartió la preocupación de que, si estos esquemas se trasladan a la política farmacéutica, puedan influir sin suficiente transparencia ni control democrático en decisiones que afectan directamente a la vida cotidiana de la población.
Uno de los efectos más preocupantes de este giro es esa opacidad. En nombre del interés nacional, se restringe el acceso a información clave sobre contratos, precios o criterios de reparto de medicamentos. Prácticas que en el ámbito militar se justifican por la urgencia o la confidencialidad resultan especialmente problemáticas cuando se aplican a la salud. Sin información pública suficiente, se debilitan las herramientas para exigir responsabilidades y para comprobar si el dinero público se utiliza realmente en beneficio del interés general.
El análisis de otros contextos refuerza esta preocupación. Tal como explicó Heba Wanis, investigadora de la Third World Network, el caso de Egipto muestra cómo la centralización de la compra y la producción de medicamentos bajo estructuras vinculadas a la seguridad del Estado se ha presentado como una vía para ganar control y eficiencia. Sin embargo, en la práctica, este modelo ha ido acompañado de la una gran falta de transparencia, problemas de abastecimiento y un aumento de los precios. Cuando la gobernanza de la salud se blinda frente al escrutinio de la sociedad, los fallos se vuelven más difíciles de detectar y corregir.
A pesar de las diferencias entre Europa y Egipto, aparece un patrón común. Las fronteras entre lo civil y lo militar se difuminan y los actores ligados a la seguridad ganan peso en ámbitos tradicionalmente gestionados desde la salud pública. Esto no solo cambia las prioridades, sino también quién tiene voz en las decisiones. La sociedad civil y las perspectivas centradas en los derechos encuentran cada vez menos espacio cuando la seguridad se convierte en el argumento dominante.
Este debate resulta especialmente relevante en un momento en el que se discuten nuevas iniciativas sobre medicamentos críticos y preparación ante pandemias, tanto a nivel europeo como global, en el marco de la Organización Mundial de la Salud. La cuestión no es si necesitamos estar mejor preparados, sino cómo hacerlo. Esta pregunta es especialmente relevante en un contexto global marcado por profundas desigualdades. Cuando los medicamentos se conciben como activos estratégicos ligados a la seguridad nacional, se debilitan los compromisos de solidaridad internacional y de acceso equitativo entre países.
Existe el riesgo de que instrumentos pensados para la preparación ante pandemias prioricen la autosuficiencia y el acaparamiento, dejando en un segundo plano las obligaciones globales en materia de derecho a la salud. Si la preparación se construye desde una lógica de excepción permanente, existe el riesgo de consolidar modelos opacos que prioricen intereses industriales o estratégicos sobre las necesidades de salud de la población.
Desde Salud por Derecho defendemos que la resiliencia no tiene por qué estar reñida con la democracia ni con la equidad. Prepararse para futuras crisis es imprescindible, pero no debería implicar renunciar a la transparencia, al control público y al enfoque de derechos. Los medicamentos no pueden convertirse en simples piezas de un tablero geopolítico. Siguen siendo, ante todo, herramientas para cuidar la vida.
Aquí puedes leer el documento que hemos hecho sobre la jornada (en inglés). También puedes descargarlo en este enlace.
