En Salud por Derecho llevamos años trabajando para garantizar una mayor transparencia en la fijación de los precios de los medicamentos. Sabemos que conocer cuánto paga el sistema público por los tratamientos financiados con dinero público es un derecho ciudadano y también es una condición esencial para lograr un sistema sanitario más justo y sostenible.
Hoy en la campaña No es Sano, de la que Salud por Derecho es promotora, publicamos un nuevo documento en el que analizamos cómo la falta de transparencia en los precios netos de los medicamentos (es decir, los precios reales después de descuentos y acuerdos confidenciales) contribuye a la falta de acceso de muchos tratamientos y al aumento de la presión sobre los presupuestos públicos. Esta falta de información no es un caso aislado, la norma en muchos países, y tiene consecuencias especialmente graves en aquellos con menos capacidad de negociación.
En este informe desmontamos la idea de que la confidencialidad protege a los países con menos recursos. De hecho, documentamos varios casos en los que los precios pagados por medicamentos en países de menos recursos han sido incluso más altos que en economías más ricas. Casos como los de medicamentos para la fibrosis quística o las vacunas contra la COVID-19 son claros ejemplos de esta desigualdad.
En España, como ya sabes, llevamos desde 2019 impulsando acciones legales para obtener información pública sobre los precios de medicamentos de alto impacto, como Kymriah, Veklury o Zolgensma. Aunque en varios casos el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha fallado a nuestro favor, tanto las farmacéuticas como, en ocasiones, el propio Ministerio de Sanidad han recurrido esas decisiones, defendiendo que la información debe seguir siendo confidencial.
En 2024, por primera vez, el Ministerio de Sanidad no apeló una sentencia que le obligaba a revelar el precio real del remdesivir (Veklury). Desde entonces, solo la industria farmacéutica sigue impulsando el proceso judicial. Sin embargo, la opacidad sigue estando presente: recientemente solicitamos el acceso a los precios y los criterios de fijación del medicamento antirretroviral lenacapavir (Sulenca), y el Ministerio nuevamente ha denegado nuestra solicitud, alegando confidencialidad y la protección de intereses comerciales. Este caso se suma a una larga lista de obstáculos, que pone de manifiesto la necesidad urgente de establecer un marco de transparencia que no dependa de la litigación constante.
Este trabajo legal, técnico y político que llevamos adelante tiene como objetivo abrir las puertas a un cambio profundo. Porque no se trata solo de conocer los precios, sino de cuestionar un sistema que permite fijar los precios sin criterios claros, sin rendición de cuentas y sin poner el interés público en el centro. La opacidad nos deja a oscuras en negociaciones esenciales que afectan a la salud de millones de personas.
En este informe también proponemos medidas concretas para avanzar hacia una mayor transparencia: desde condicionar los incentivos públicos a la transparencia en los precios netos, hasta asegurar el acceso a esta información en todos los contratos y acuerdos de financiación pública. También destacamos buenas prácticas de otros países que podrían inspirar cambios aquí y en toda Europa.
La transparencia no debería depender de procesos judiciales largos y costosos. Debe ser una obligación de las instituciones y una garantía para la ciudadanía. Desde Salud por Derecho y la campaña No es Sano, seguimos trabajando para que esto sea una realidad.
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