Han pasado más de cuatro años y medio desde que Rusia invadió Ucrania, en febrero de 2022. Desde entonces, los constantes bombardeos han dañado o destruido 2.698 instalaciones sanitarias en todo el país, dejando a decenas de localidades sin centros de salud, sin personal médico y sin un suministro continuo de medicamentos. En medio de la emergencia que supone la guerra, Ucrania intenta evitar que se desmorone la atención a dos problemas de salud pública anteriores a la invasión: el VIH y la tuberculosis.
En una localidad de la región de Járkov, a pocos kilómetros de la frontera rusa, solo apareció un médico durante los siete meses posteriores a la liberación de la zona. La electricidad y la ayuda alimentaria habían vuelto, pero los fármacos no. «La gente no tiene dónde acudir», lamentaba entonces un antiguo responsable municipal.
Hoy son las consultas las que buscan a los pacientes. Una red de clínicas móviles de Alliance for Public Health recorre cientos de localidades del frente en ocho regiones de Ucrania, donde los centros de salud han sido destruidos, casi no quedan profesionales y llegar al hospital más cercano supone circular por carreteras dañadas o expuestas a ataques. Las furgonetas transportan pruebas rápidas, equipos portátiles de rayos X y material de laboratorio. En ellas trabajan profesionales de medicina de familia y enfermería, personal de laboratorio y trabajadores sociales. Según las necesidades de cada zona, se incorporan especialistas en tuberculosis, ginecología u odontología.
Cada recorrido se acuerda con las autoridades locales, los responsables de las comunidades y, cuando es necesario, los militares. Una vez confirmada la visita, el aviso llega a los vecinos por teléfono, a través de las redes sociales o de boca en boca. La ruta puede cambiar sobre la marcha si hay bombardeos, se detectan drones o el toque de queda impide continuar. Las primeras unidades se pusieron en marcha en diciembre de 2022. Hasta junio de 2026 habían atendido a más de 38.000 personas en 599 localidades de ocho regiones fronterizas o próximas al frente. Lo que nació como una respuesta de emergencia se ha convertido en uno de los pocos puntos de acceso a la sanidad para mucha gente.
«Nuestras clínicas móviles llevan atención que salva vidas a pueblos del frente y de difícil acceso donde los servicios médicos ya no existen. Es una cuestión de supervivencia, no solo de medicina», explica Anna Korobchuk, responsable del Departamento de Programas de Salud Móvil de Alliance for Public Health.
La guerra llegó a un país que ya registraba una de las mayores epidemias de VIH de Europa oriental y una elevada incidencia de tuberculosis, incluidas sus formas resistentes a los medicamentos. Ambas enfermedades requieren tratamientos continuos. Cuando las farmacias cierran, los centros sanitarios sufren ataques o los pacientes tienen que huir sin documentación ni historia clínica, mantenerlos resulta mucho más difícil.
Los nuevos diagnósticos de VIH registrados en Ucrania pasaron de 15.360 en 2021 a 8.024 en 2025. No hay certezas sobre qué parte de este descenso responde a una reducción real de las infecciones y cuál puede estar relacionada con las dificultades para realizar pruebas y registrar casos durante la guerra. Lo que sí muestran los datos es quién está encontrando los casos que llegan a diagnosticarse: desde 2022, Alliance for Public Health y sus organizaciones asociadas han identificado 17.426 nuevos casos de VIH, el 42% de todos los nuevos diagnósticos del país.
Hay otro dato importante para analizar esta caída. En 2024, casi dos de cada tres personas recién diagnosticadas llegaron a los servicios sanitarios cuando el VIH ya había debilitado sus defensas. En cuatro de cada diez casos, el deterioro era más avanzado. Alliance for Public Health señala que la proporción de diagnósticos tardíos ha aumentado paulatinamente desde 2020.
En la tuberculosis sucede algo parecido. Gran parte de los nuevos casos entre la población desplazada se han detectado gracias a cribados directos en la calle o en alojamientos temporales. Para no perder el rastro de los pacientes, los medicamentos se envían por correo a zonas seguras, se facilitan dosis para periodos largos ante una posible evacuación y los historiales clínicos se almacenan en servidores digitales seguros para que no se pierdan si un centro resulta destruido.
Durante 2025, los programas gestionados por Alliance for Public Health y sus organizaciones asociadas realizaron un primer cribado a 75.000 personas en situación de especial vulnerabilidad. Detectaron 1.159 casos y todos los pacientes comenzaron el tratamiento. Entre las personas desplazadas dentro de Ucrania se localizaron 279 casos, frente a los 13 registrados por estos programas en 2021. El aumento refleja, al menos en parte, la ampliación de los cribados entre una población a la que resulta difícil llegar. Los casos detectados por Alliance for Public Health representaron el 68% de todos los diagnósticos de tuberculosis realizados ese año entre la población desplazada.
El esfuerzo de diagnóstico ha tenido que hacerse también en el frente de la guerra. Las unidades móviles han realizado revisiones radiológicas a decenas de miles de soldados en zonas de combate, donde el frío prolongado, la humedad de las trincheras y el hacinamiento en refugios subterráneos multiplican las infecciones respiratorias. Detectar a tiempo estos casos ha permitido iniciar tratamientos supervisados antes de que la enfermedad deteriore su estado físico o se propague entre el resto de soldados.
Completar un tratamiento de varios meses es muy difícil en situaciones tan precarias. Es complicado mantener la pauta cuando una persona ha tenido que abandonar su hogar, ha perdido la documentación mientras huía o se ha quedado sin ingresos.
Para mantener la atención allí donde se encuentren los pacientes, Alliance for Public Health ha trasladado parte de su trabajo a internet. Su servicio Help24 ha ofrecido más de 210.000 consultas de telemedicina y su asistente de inteligencia artificial TWIIN, disponible las 24 horas, ha sido utilizado por más de 73.000 personas. Entre 2022 y 2025, la organización distribuyó más de 160.000 autotest de VIH, muchos de ellos enviados por correo. Los pacientes estabilizados que reciben tratamiento con agonistas opioides pueden llevarse medicación para un máximo de 30 días, de modo que un traslado o una evacuación no interrumpa el tratamiento.
Alliance for Public Health, que cumplirá 26 años el 1 de diciembre de 2026, no surgió con la guerra. Junto con su red de organizaciones asociadas, llevaba más de dos décadas trabajando con personas con VIH y tuberculosis y con otros grupos que tenían dificultades para acceder al sistema sanitario. Cuando comenzó la invasión, utilizó esa experiencia para responder a necesidades que iban mucho más allá de la consulta. Desde febrero de 2022, Alliance for Public Health y sus entidades colaboradoras han apoyado a más de 2,2 millones de personas.
En Leópolis, al oeste del país y lejos de los bombardeos del frente, Alliance for Public Health gestionó Safe Space, un proyecto orientado a mujeres y menores que huían de la guerra. Lo coordinó Viktoria Bobrinok, que también había sufrido el desplazamiento forzoso al inicio del conflicto y organizó un espacio con calefacción y áreas de juego para aliviar el impacto de la evacuación. El proyecto también atendió a personas que suelen quedar fuera de los dispositivos habituales, como mayores sin apoyo familiar o pacientes crónicos que sufren el estigma asociado a su enfermedad.
Alliance for Public Health creó HelpNow en 2022 para ayudar a las personas refugiadas a continuar sus tratamientos frente al VIH y la tuberculosis o acceder al tratamiento con agonistas opioides. Hasta 2024, sus equipos recuperaron historiales clínicos, tradujeron documentos y localizaron servicios sanitarios en los países de acogida. El trabajo continúa ahora a través de Fundacja HelpNow HUB en Polonia.
Según una de sus voluntarias, las consultas sobre cuestiones sociales duplicaban las relacionadas directamente con los tratamientos. Una llamada podía comenzar con una pregunta sobre dónde recoger los antirretrovirales y continuar con dudas sobre la protección temporal, el alojamiento o la escolarización de los hijos. «No se pueden separar todos estos problemas», explica.
Mantener esta cobertura es cada vez más complejo. Algunos equipos de Alliance for Public Health necesitan cascos y chalecos antibalas para desplazarse, y tanto el personal contratado como el voluntario acumulan más de cuatro años de desgaste. Parte de los programas depende de fondos temporales. Desde junio de 2026, las clínicas móviles de la organización cuentan con una licencia del Ministerio de Sanidad para ejercer la medicina y registran los datos de los pacientes en el sistema nacional eHealth. Las clínicas móviles cubren vacíos urgentes, pero no sustituyen a los centros destruidos ni al personal sanitario que ha abandonado las zonas más expuestas.
Desde el inicio de la invasión, el Fondo Mundial ha desembolsado 275 millones de dólares. Estos fondos permiten al Ministerio de Sanidad y a las organizaciones comunitarias asegurar antirretrovirales, pruebas diagnósticas y gastos operativos como el combustible de las clínicas móviles o los generadores de los laboratorios. Estas partidas, respaldadas por donantes como España, financian también a las redes locales que coordinan con las autoridades la localización de pacientes desplazados para evitar que interrumpan sus tratamientos.
El Fondo Mundial sigue siendo uno de los principales financiadores de la respuesta de Ucrania frente al VIH y la tuberculosis. «Desde el primer día de la guerra a gran escala, el Fondo Mundial respondió con rapidez, y eso demuestra lo que hace posible una financiación fiable: nuestros equipos pueden seguir trabajando sin interrupciones. Pero cada vacío de financiación tiene un coste humano. Para quienes viven en el frente, una aportación que llega tarde puede significar una prueba que no se realiza o un tratamiento interrumpido», explica Inna Gavrylova, de Alliance for Public Health.
Alliance for Public Health y otras organizaciones que trabajan sobre el terreno reclaman que los países donantes desembolsen íntegramente y dentro de los plazos previstos los fondos prometidos. La compra de medicamentos, la contratación de personal y las rutas de las clínicas necesitan planificarse con antelación. Tras más de cuatro años y medio de guerra, mantener la atención cerca del frente depende de que esa financiación sea suficiente y llegue a tiempo.
