Las decisiones sobre en qué se invierte el dinero público europeo influyen directamente en la salud de quienes vivimos en la Unión Europea, desde la calidad del aire hasta la exposición a sustancias peligrosas y otros riesgos ambientales. Por eso, en Salud por Derecho hemos presentado nuestras aportaciones a la consulta abierta por la Comisión Europea sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo” al medio ambiente en el próximo presupuesto de la UE para 2028-2034.
Nuestra principal demanda es que el impacto en la salud deje de ser un efecto secundario y se incorpore de forma explícita y vinculante, al mismo nivel que los objetivos medioambientales, en el diseño de las inversiones. Actualmente, la UE aplica este principio, conocido como DNSH en inglés, para decidir qué proyectos puede financiar dentro del Marco Financiero Plurianual. Sin embargo, se centra sobre todo en el medio ambiente y no siempre refleja de manera directa cómo esas inversiones afectan a la salud.
Las consecuencias son claras, la contaminación del aire provoca cientos de miles de muertes prematuras cada año en Europa; la exposición a sustancias químicas peligrosas (como los disruptores endocrinos o los cancerígenos) está vinculada a enfermedades graves y crónicas; y el cambio climático intensifica riesgos ya conocidos. A pesar de ello, algunas actividades que contribuyen a estos problemas pueden seguir recibiendo financiación europea.
Por eso planteamos que la salud se incorpore de forma clara en las decisiones de gasto y que se excluyan aquellas actividades con daños conocidos, como el uso de sustancias químicas peligrosas o el apoyo a combustibles fósiles. También es necesario revisar cómo se identifican las inversiones “verdes”. No basta con medidas que mitigan los efectos de la contaminación si no se actúa sobre su origen. Priorizar la reducción en la fuente es esencial para proteger la salud, especialmente en las comunidades más expuestas, como quienes viven cerca de carreteras, industrias o aeropuertos, donde el ruido y la contaminación del aire forman parte del día a día.
A esto se suma la necesidad de reforzar el control y la transparencia. Las instituciones europeas deben verificar de forma efectiva el cumplimiento de estas normas y la información debe ser pública y comprensible. En definitiva, se trata de alinear el gasto europeo con la protección de la salud. Evitar que el dinero público financie actividades que perjudican a las personas y orientar las inversiones hacia entornos más seguros y saludables.
Aquí puedes ver (en inglés) el documento que hemos enviado a la Comisión Europea con nuestras propuestas. También puedes descargarlo aquí.
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