Esta semana, se celebra en Ginebra la 79ª Asamblea Mundial de la Salud (WHA79), el principal foro en el que los países miembros de la OMS fijan las prioridades de la salud global. El encuentro llega en un momento de enorme incertidumbre para la salud internacional, marcado por los recortes de financiación de la OMS tras la retirada de Estados Unidos y Argentina, y por la necesidad de mantener el impulso político conseguido el año pasado.
En los últimos años, la relación entre crisis climática y salud ha dejado de verse como una cuestión secundaria dentro de las negociaciones internacionales. Las olas de calor, la contaminación del aire, la inseguridad alimentaria o la expansión de enfermedades infecciosas están obligando a incorporar la salud en debates que durante mucho tiempo se limitaron a emisiones, energía o financiación climática. Aun así, esa integración sigue siendo parcial y muy desigual entre foros y gobiernos.
La asamblea del año pasado dejó avances importantes en la agenda de clima y salud. Los países aprobaron el primer Plan de Acción Global sobre Cambio Climático y Salud, una hoja de ruta para responder a los efectos del calentamiento global en la salud, y convirtieron el cambio climático en el primer objetivo estratégico del programa de trabajo de la OMS para 2025-2028. A esto se sumó el Plan de Acción de Belém sobre Salud, aprobado en la COP30, un marco específico para que los sistemas de salud se adapten al cambio climático. Son pasos importantes que marcan una dirección clara, aunque su impacto dependerá de hasta qué punto los gobiernos los traduzcan en políticas y recursos concretos.
Más allá de la COP: la búsqueda de nuevos espacios
El contexto en el que llega la Asamblea Mundial de la Salud también está marcado por lo ocurrido hace unas semanas en Santa Marta (Colombia). Más de 50 gobiernos se reunieron allí en la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles. La cita mostró que, ante la lentitud de las negociaciones oficiales de las COP, algunos países están buscando otros espacios donde acelerar acuerdos y alianzas frente a la crisis climática.
La reunión de Santa Marta volvió a poner sobre la mesa una carencia habitual en muchas negociaciones climáticas internacionales. Aunque la crisis climática ya tiene efectos directos sobre la salud (desde las olas de calor hasta la contaminación del aire o el aumento del riesgo de enfermedades infecciosas), esta continúa ocupando un lugar secundario en buena parte de las negociaciones. Reforzar esa conexión entre políticas climáticas y salud pública es precisamente uno de los objetivos que organizaciones y expertos quieren impulsar ahora en la Asamblea Mundial de la Salud y de cara a la COP31.
Lo que está en juego en la WHA79
Este año, el cambio climático no figura como punto independiente en la agenda formal de la asamblea. No es necesariamente una mala señal, los marcos ya están aprobados y los procesos en marcha, por lo que el foco de esta edición está en la implementación y en mantener el impulso político, más que en abrir nuevos debates formales entre los Estados Miembros.
A pesar de ello, la semana no estará vacía de contenido. Coincidiendo con la WHA79, la OMS ha lanzado su Plan Global de Comunicación, Incidencia y Alianzas para Cambio Climático y Salud 2025-2028, con el objetivo de reforzar el papel de la salud dentro de la agenda climática internacional. El documento apuesta por fortalecer la colaboración con otros sectores, combatir la desinformación y mejorar la resiliencia de los sistemas sanitarios frente al cambio climático. También pone cifras a una de las principales brechas de esta agenda: solo el 0,5% de la financiación climática multilateral se destina actualmente a proyectos centrados explícitamente en proteger la salud humana.
Se espera, además la publicación de un informe sobre los determinantes comerciales de la salud que, según los avances disponibles, señalará explícitamente a los combustibles fósiles como productos dañinos para la salud, algo que organizaciones de salud llevan años reclamando.
Asimismo, la Comisión Paneuropea sobre Clima y Salud, impulsada por la Oficina Regional de la OMS para Europa, acaba de pedir que el cambio climático sea reconocido formalmente como una emergencia de salud pública internacional. Sus recomendaciones reclaman además que los gobiernos integren la salud en sus planes nacionales de adaptación y en sus compromisos climáticos. El debate llega en un contexto especialmente preocupante. Según la Comisión Paneuropea, la contaminación del aire asociada a los combustibles fósiles provoca más de 600.000 muertes prematuras al año en la Región Europea de la OMS, mientras los subsidios públicos al sector alcanzaron los 444.000 millones de euros en 2023.
La COP31 se acerca y la salud entra en la agenda
Mirando más allá de Ginebra, la COP31 -con sede en Turquía y coorganizada junto a Australia- ha incluido por primera vez la salud como una de las diez prioridades oficiales de la cumbre. Entre los temas anunciados figuran los sistemas sanitarios resilientes y bajos en carbono, la evaluación de riesgos climáticos y los sistemas de alerta temprana.
El reto será que la salud no quede reducida a un apartado técnico dentro de las negociaciones. Buena parte de los impactos sanitarios del cambio climático dependen de decisiones que se toman fuera del sector salud, en ámbitos como energía, transporte, alimentación o financiación internacional.
La ciencia lleva años mostrando que el cambio climático ya está afectando a la salud en el presente y no solo como una amenaza futura. Las olas de calor, la expansión de enfermedades infecciosas, la contaminación del aire y la inseguridad alimentaria son consecuencias presentes y crecientes. Por ello, desde Salud por Derecho pedimos que estos espacios multilaterales -la WHA, la COP, y los procesos que los rodean- se traduzcan en compromisos concretos: financiación real para la adaptación de los sistemas de salud, eliminación progresiva de los subsidios a los combustibles fósiles, y garantía de que los países más vulnerables no queden atrás ni en la respuesta al cambio climático ni en el acceso a las herramientas que necesitan para proteger la salud de sus poblaciones.
