El 12 de mayo de 2025, la Administración de Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instauró en Estados Unidos un sistema de precios de «nación más favorecida» (Most Favored Nation, MFN) para los medicamentos. Bajo este sistema, Estados Unidos ajustaría el precio de sus medicamentos al más bajo pagado por cualquiera de las economías desarrolladas tomadas como referencia.
Esta referenciación internacional de precios se aplica a tres modelos dentro del sistema sanitario estadounidense:
El mecanismo MFN presiona a los mercados farmacéuticos incluidos en esa cesta de referencia. Estados Unidos es el mercado más rentable para la industria por sus altos precios. Ante la posibilidad de que una cifra más baja en otro país rebaje también el precio estadounidense, las compañías han amenazado con retrasar lanzamientos, retirar productos o, directamente, no comercializarlos en los mercados de referencia. En 2025, Amgen retiró Repatha de Dinamarca alegando «cambios en la dinámica global del mercado». El bajo precio logrado por el país mediante sus licitaciones, reconocido como una buena práctica, terminó convirtiéndose en un motivo para la salida del medicamento.
Las respuestas nacionales
Sin una respuesta colectiva, los países afectados han optado por actuar por separado y han seguido estrategias muy distintas.
Reino Unido
Londres y Washington anunciaron en diciembre de 2025 un acuerdo que permitía aplicar aranceles cero a las exportaciones farmacéuticas británicas a Estados Unidos. A cambio, el NHS se comprometió a duplicar su inversión en nuevos medicamentos para 2036, mientras que el NICE elevó un 25% el umbral de coste-efectividad a partir de abril de 2026.
Italia
Italia ha mostrado su resistencia a aceptar precios más altos, aunque también ha incrementado los presupuestos farmacéuticos para dar cabida a precios algo más elevados, en línea con las presiones de la industria.
Alemania
Alemania reformó su ley de fijación de precios en enero de 2025. Desde entonces, las farmacéuticas pueden mantener en secreto sus precios de reembolso con descuento, a cambio de aplicar una rebaja adicional del 9% y demostrar actividad local de investigación y desarrollo. La reforma eliminó, además, la referenciación internacional de precios como criterio de negociación. En paralelo, el Gobierno anunció en abril un paquete de reforma sanitaria que incluye controles más estrictos sobre unos costes farmacéuticos proyectados en más de 16.000 millones de euros. En mayo de 2026, Estados Unidos abrió una investigación comercial formal, al amparo de la sección 301, sobre el sistema alemán de precios farmacéuticos. El procedimiento podría desembocar en sanciones comerciales contra el país europeo.
España
España está blindando por ley la confidencialidad de sus precios netos mediante una enmienda transaccional incorporada a una norma sobre cribado neonatal. La enmienda, pactada por PSOE, Sumar y PP, modifica los artículos 97 y 106 del Real Decreto Legislativo 1/2015. Establece que los acuerdos de financiación con las farmacéuticas tendrán carácter confidencial y que ni la Administración ni las empresas podrán revelarlos. La justificación oficial ha sido explícita. El secretario de Estado Javier Padilla ha asegurado que «la publicación del precio neto podría suponer una barrera al acceso a los medicamentos innovadores en España». La reforma trata de anticiparse a la entrada en vigor del mecanismo que utiliza a España como referencia. También afectará a los recursos de casación pendientes ante el Tribunal Supremo, presentados por Salud por Derecho, Civio y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, sobre si la Ley de Transparencia obliga a publicar los precios netos pagados por la sanidad pública.
Canadá
Las nuevas directrices del Patented Medicine Prices Review Board (PMPRB), vigentes desde enero de 2026, comparan los precios canadienses con los más altos de once países de referencia y excluyen expresamente a Estados Unidos. Al mismo tiempo, otra iniciativa de la Administración Trump (la normativa que permite importar medicamentos desde Canadá) busca aprovechar precisamente los bajos precios canadienses en beneficio del mercado estadounidense.
Japón
El Gobierno japonés ha respondido reduciendo en 105.000 millones de yenes el gasto farmacéutico agregado para este año. En junio de 2026, el ministro de Salud, Kenichiro Ueno, advirtió de que el mecanismo MFN podría empeorar drásticamente la situación y reclamó abordar el problema con urgencia. Japón estudia reformas de su sistema de ajuste de precios por referencia extranjera para elevar los precios del seguro nacional de salud (NHI) y dejar de ocupar la parte más baja de la cesta MFN. Por ahora, sin embargo, no hay una solución clara para la restricción fiscal que alimenta los recortes anuales.
Qué implica para la salud global y la transparencia
La dinámica que la NMF establece es una carrera entre países que compiten por no ser excluidos del mercado de lanzamiento pagando más directamente, o siendo más opacos, arriesgándose a pagar más sin saberlo. Cada decisión nacional, tomada por separado, responde a una lógica interna coherente. El resultado colectivo, sin embargo, es un sistema farmacéutico mundial más opaco, menos equitativo y más favorable a la industria que cualquier alternativa basada en la coordinación y la transparencia.
La Resolución WHA 72.8, aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en 2019 con el respaldo de España, Italia, Alemania y otros países europeos, instaba a los Estados a publicar los precios netos abonados por sus sistemas sanitarios. El razonamiento era sólido, si nadie salvo la industria farmacéutica sabe cuánto pagan los demás, los sistemas de salud negocian a oscuras. Si bien todos piensan que su acuerdo de negociación es el mejor, la evidencia (anecdótica) muestra que los precios no se ajustan a variables como el PIB de cada país.
Las consecuencias de este proceso para la salud global pueden ser graves. Si unos precios bajos se convierten en motivo para retrasar o evitar lanzamientos, los pacientes de los países con mayor capacidad negociadora acabarán penalizados. Negociar bien el precio pasa así a ser un riesgo para el acceso a los medicamentos.
La cadena de referencias, además, no termina en los 19 países incluidos en el mecanismo MFN. Muchos Estados de ingresos medios y bajos utilizan los precios europeos, japoneses o canadienses en sus propias negociaciones. Si esos precios aumentan o dejan de servir como referencia porque el mercado ya no resulta atractivo, los países más pobres perderán una herramienta negociadora decisiva sin haber participado en ninguna de estas decisiones.
La transparencia de los precios farmacéuticos no es solo un principio. Es un instrumento de gobernanza que permite a los sistemas de salud decidir a partir de la evidencia, controlar el gasto y rendir cuentas a la ciudadanía. Su erosión debilita la capacidad de todos los Estados para gestionar el acceso a los medicamentos de forma sostenible e informada.
La propuesta de Salud por Derecho
La cláusula MFN de Trump está desencadenando una carrera descoordinada hacia la opacidad. Los países prefieren ocultar sus precios antes que exponerse a quedar fuera del mercado de lanzamiento, pero cada respuesta individual genera efectos negativos sobre el acceso en su conjunto.
Ante este panorama, en Salud por Derecho no partimos de cero. En marzo de 2025, antes de que el mecanismo MFN adoptara su forma actual y más de un año antes de la enmienda española sobre confidencialidad, ya propusimos al Ministerio de Sanidad una serie de medidas para reforzar la transparencia del mercado farmacéutico, en línea con la Resolución WHA 72.8. Aquel marco es hoy más pertinente que nunca. También pedimos que la enmienda que se tramita en España se module para reducir sus efectos a largo plazo y sobre el conjunto de la cartera de medicamentos del Sistema Nacional de Salud.
La lógica del MFN no bloquea toda la agenda de transparencia farmacéutica. Es posible avanzar en ámbitos que no exponen a ningún país al riesgo de que se retiren medicamentos de su mercado, porque no implican publicar el precio neto que sirve de anclaje al indicador estadounidense. Hay tres prioridades.
-
- Transparencia de los costes de I+D. Exigir a las farmacéuticas que informen de toda financiación pública, privada y filantrópica recibida, desagregada por fase de desarrollo —no afecta al cálculo del benchmark MFN. Pero sí desarma directamente el argumento de fondo que sostiene la política: la narrativa del «free riding» europeo sobre la innovación estadounidense no se puede sostener ni refutar sin datos sobre cuánto invierte realmente cada parte. Esta es, probablemente, la prioridad de mayor impacto estratégico en el contexto actual: pelear la batalla de la transparencia donde el terreno no está minado. Si bien el nuevo RD de Evaluación de Tecnología Sanitaria es un avance a este respecto, se deja fuera una fuente principal de financiación.
- Transparencia en la duración de los monopolios. Publicar la fecha única de vencimiento de todas las protecciones de un medicamento —patente, exclusividad regulatoria, protección de mercado— tampoco interfiere con la lógica MFN. Es una propuesta de bajo riesgo político y alto valor de rendición de cuentas que España puede impulsar sin entrar en conflicto con la presión estadounidense. Así lo propusimos aquí.
- Un mecanismo de intercambio de precios netos entre iguales, en vez de su publicación unilateral. La propuesta de 2025 para explorar un programa piloto de intercambio de precios netos entre países, siguiendo el trabajo de la OCDE, resulta ahora más urgente. Compartirlos de forma confidencial entre los 19 países de la cesta de referencia —sin hacerlos públicos, pero permitiendo que los conozcan los demás compradores— ayudaría a recuperar parte de la capacidad negociadora colectiva que destruye la opacidad nacional. Al mismo tiempo, evitaría que un solo país quedara expuesto como el ancla más baja del indicador estadounidense. Sería una opacidad defendible, como mal menor, de puertas afuera, pero una transparencia real entre compradores. Justo lo contrario de lo que plantea la reforma española actual, que cierra el acceso a todos por igual, incluidos los propios socios europeos.
Corregir la enmienda española, no derogarla en abstracto
La enmienda aprobada en junio de 2026 identificó un riesgo real (que los precios netos españoles quedaran expuestos al mecanismo MFN), pero trató de resolverlo con el instrumento equivocado: una confidencialidad permanente e indiscriminada, tramitada además sin transparencia procedimental y a través de una ley sobre cribado neonatal.
La posición de Salud por Derecho ya fijaba en 2025 el criterio que debería regir esta cuestión. «Solo debe considerarse confidencial la información económica o financiera aportada durante la negociación, nunca el precio final ni los mecanismos de reembolso fijados por la Administración que figuren en un contrato público». Esa distinción (proteger el proceso sin ocultar el resultado) es la que la enmienda de 2026 ha abandonado y la que pedimos recuperar.
Si no se recupera esa distinción, la enmienda debe modificarse para que, como mínimo, cualquier confidencialidad que se mantenga tenga una duración limitada, en lugar de quedar blindada de forma indefinida. Un periodo acotado (idealmente sincronizado con la etapa de mayor riesgo de exclusión del mercado de lanzamiento bajo los modelos GLOBE y GUARD) permitiría proteger el acceso temprano sin renunciar a la rendición de cuentas a medio plazo. Además, si el objetivo del Ministerio es avanzar hacia un equilibrio estratégico entre la protección del precio neto y la transparencia, deberá tramitar con la misma urgencia las medidas destinadas a garantizar esta última.
Ambas vías parten de un mismo principio, que la respuesta al MFN no puede convertir el secreto en una solución permanente. Debe apostar por una transparencia inteligente, protegida cuando sea necesario, coordinada siempre que sea posible y con fecha de caducidad cuando se admita como excepción. Esa era nuestra posición antes de que existiera el mecanismo MFN, y la política comercial de Washington no debería obligarnos a abandonarla. Sin una respuesta de este tipo, coordinada y consciente de sus límites, la MFN habrá logrado, sin haberlo buscado explícitamente, desmantelar uno de los pilares más sólidos de la política farmacéutica progresista global, que es el derecho de la ciudadanía a saber cuánto paga su sistema de salud por los medicamentos que financia.
