Estimada Sra. Ministra, Arantxa González Laya:
El pasado 4 de mayo, con motivo de la conferencia de donantes para una Respuesta Global frente al Coronavirus y el impulso del ACT – Accelerator, el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez comprometió dos contribuciones a dos mecanismos internacionales. La primera de ellas, con 75 millones de euros, para la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias –CEPI y, en segundo lugar, 50 millones para la Alianza para la Vacunación – GAVI.
Compartimos los objetivos de España de contribuir al desarrollo de vacunas, tratamientos, medicamentos y diagnósticos para afrontar la COVID-19. Es sin duda, una prioridad de salud pública global que debe afrontarse con urgencia, pero con ello y para asegurar que sean un bien público, será fundamental garantizar que todo el arsenal terapéutico e inmunitario sea accesible, asequible tanto para los organismos públicos de salud como para los usuarios finales, esté disponible para todas las personas, sea seguro, eficaz y de calidad.
La innovación dirigida a la COVID-19 requiere un enorme esfuerzo público y debe estar libre de las restricciones ligadas a la protección de la propiedad intelectual, salvaguardando el interés general. La experiencia muestra cómo los derechos de propiedad intelectual sobre el conocimiento y la confidencialidad de las investigaciones relacionadas con el desarrollo de medicamentos, vacunas y tecnología médico-sanitaria actúan como una barrera, tanto para la investigación en sí misma como para la producción a gran escala de soluciones y terapias asequibles y, por tanto, para el acceso. Por ello, creemos que el Gobierno de España debe implicarse en su trabajo con CEPI y GAVI y abogar por:
- La introducción de condicionalidades y disposiciones en los contratos de financiación de CEPI y GAVI con terceros, que aseguren el interés público y el retorno de todos los resultados fruto de dicha investigación. De esta manera se asegurarán principios de acceso, asequibilidad y disponibilidad que serán claves para afrontar la pandemia.
- Limitar los derechos de propiedad intelectual y de patentes. Asimismo, en los procesos de transferencia del conocimiento y de tecnologías sanitarias se debe optar por licencias no exclusivas a nivel mundial y no limitadas en el tiempo.
- Compartir en abierto los conocimientos y todos los datos de investigación, especialmente aquella que cuenta con aportación pública. La I+D se realiza a puerta cerrada debido principalmente a la confidencialidad comercial y para evitar que se revelen los resultados negativos. La financiación debe estar siempre condicionada a que los resultados y datos —incluidos los datos genéticos sobre el virus, los compuestos prometedores, los protocolos de ensayos clínicos y los resultados— sean de dominio público.
- Garantizar la transparencia para asegurar que se establecen los mejores procesos de toma de decisiones. Una transparencia que se debe aplicar tanto a la financiación de la innovación por la que opte la entidad, como a los procesos regulatorios posteriores de autorización y de fijación de precio de los medicamentos, diagnósticos, vacunas y tecnologías sanitarias resultantes.
- Exigir una adecuada rendición de cuentas que permita que los financiadores y el público en general estén informados de los progresos y resultados de ambas iniciativas impulsadas con financiación pública.
- Invitar a la sociedad civil a participar en los espacios de decisión de CEPI y GAVI, tal y como ocurre en la gran mayoría de los mecanismos internacionales, y con el propósito de asegurar la transparencia y los procesos participativos en la toma de decisiones.
Además, con respecto a la participación en GAVI, el Gobierno debe:
- Conducir sus esfuerzos a que las futuras vacunas para COVID sean consideradas como “bienes de interés público global”, tengan un precio justo, estén disponibles y sean accesibles para toda la población mundial. Por ello, es necesario apostar por que cualquier posible vacuna para la COVID-19 salga a precio de coste. Este precio debe establecerse desde el principio y de manera transparente en base a los costes reales de desarrollo y producción, teniendo en cuenta la contribución pública aportada. El precio establecido debe incluirse en las condiciones de los contratos de GAVI con las empresas productoras para garantizar la asequibilidad y accesibilidad de las futuras vacunas bajo el paraguas del fondo de vacunas COVAX.
- Exigir la adherencia al Marco Global de Asignación Equitativa de la vacuna que ha establecido la Organización Mundial de la Salud y que la definición de los grupos prioritarios en la distribución global de las vacunas responda a criterios de salud pública y protección de las comunidades y grupos más vulnerables. La próxima conferencia de donantes del 27 de junio en el marco del ACT- Accelerator vuelve a brindar la oportunidad de que el Gobierno de España se posicione a favor de la buena gobernanza de estas iniciativas y abogue por el acceso universal a las vacunas, medicamentos y diagnósticos que puedan emanar del esfuerzo común en I+D contra la COVID-19 sin dejar a nadie atrás. En definitiva, es necesario que España dirija los esfuerzos en esta dirección si queremos que esta innovación llegue a todas las personas independientemente de su lugar de residencia, sea asequible y consiga frenar la devastadora curva ascendente de muertes y contagios en todo el mundo.
Desde Médicos sin Fronteras y Salud por Derecho nos ponemos a su disposición para continuar las conversaciones y trabajar conjuntamente para afrontar estos retos, que serán cruciales en los próximos meses.
Muchas gracias de antemano y quedamos atentos a su respuesta,
Un cordial saludo,
Salud por Derecho y Médicos Sin Fronteras
Foto: @MAECgob
