Las organizaciones firmantes denunciamos que las posiciones del Consejo empeoran la propuesta de la Comisión sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Es importante que el Parlamento europeo mantenga y refuerce su posición en las negociaciones para poner los derechos humanos en el centro y que el Estado español defienda y promueva los derechos humanos en el Pacto.
Las 13 organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes recuerdan nuevamente al Gobierno español y a las autoridades españolas en las instituciones europeas que tienen una enorme responsabilidad para que los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas estén finalmente en el centro de las negociaciones del Pacto sobre Migración y Asilo en la Unión Europea (UE). Les pedimos que, en estos momentos clave de las negociaciones, los derechos humanos sean la brújula que oriente de modo inequívoco sus posiciones.
Desde la sociedad civil se espera que durante la Presidencia española en el Consejo de la Unión Europea se alcance un acuerdo que permita concluir las negociaciones antes de las elecciones europeas en 2024. Sin embargo, las negociaciones entre los Estados miembro y el Parlamento Europeo avanzan hacia una reforma que está muy lejos de mejorar las deficiencias de la legislación vigente y los estándares internacionales de derechos humanos en materia de migración y asilo.
Cabe recordar que, durante los últimos años se han producido graves violaciones de derechos humanos contra las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en Europa. Algunas de las organizaciones aquí firmantes han podido documentar devoluciones colectivas, la suspensión de las garantías del procedimiento de asilo, detenciones arbitrarias y trato discriminatorio hacia las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas; y la criminalización de las actividades de salvamento y rescate marítimo llevadas a cabo por actores humanitarios, entre otras. Por otro lado, la externalización de fronteras – y de la consiguiente responsabilidad de la UE sobre las personas que buscan protección – continúa siendo una prioridad en la UE, con ejemplos como el reciente acuerdo firmado con Túnez para la gestión de la migración.
El Pacto de Migración y Asilo debería ser una oportunidad para alcanzar un sistema de asilo justo y sólido que refuerce las garantías procedimentales, sin poner en riesgo la asistencia jurídica gratuita, una evaluación individualizada de las solicitudes de asilo y una entrevista personal. Para ello, es imprescindible limitar el uso obligatorio y extendido de procedimientos fronterizos, evitar la rebaja de criterios respecto del concepto de país seguro, así como rechazar el concepto de instrumentalización, la ficción jurídica de “no entrada” y el uso de excepciones a la legislación de la UE. Por ello, en el estado actual de las negociaciones, las organizaciones alertan sobre las graves consecuencias para los derechos humanos de las siguientes cinco propuestas:
- Uso ampliado de procedimientos en frontera con plazos más breves, menores garantías legales y recursos efectivos, y que podrían ser de aplicación obligatoria para personas procedentes de países con baja tasa de protección, lo que constituye un criterio de discriminación por nacionalidad. Estos procedimientos se aplicarían incluso a personas en situación especialmente vulnerable, incluyendo niños/as y sus familiares.
- Uso de la detención en frontera, derivado de los nuevos procedimientos de screening (control previo a la entrada), de asilo y retorno en frontera. Estos procedimientos obligarían a las personas a permanecer en condiciones de detención y durante un tiempo prolongado en las fronteras, zonas de tránsito y otros lugares en el territorio del país, con ayuda reducida.
- Uso del concepto de “tercer país seguro” y “país de origen seguro” para denegar a más personas el acceso a procedimientos de asilo justos y basados en sus circunstancias personales, y poniendo en riesgo el principio de no devolución.
- Amplias derogaciones y excepciones a los estándares de acogida y asilo en contextos de crisis, fuerza mayor y/o instrumentalización de nacionales de terceros países. Esto puede incluir la posibilidad de retrasar el registro de las solicitudes de asilo hasta 4 semanas, expandir la aplicación y duración de los procedimientos de asilo en frontera, y poner en riesgo una acogida digna.
- La “flexibilidad” del mecanismo de solidaridad para apoyar a los países que enfrentan la “presión migratoria”, que no garantiza un reparto equitativo de las responsabilidades compartidas entre los Estados miembro y que permitiría contribuir a la solidaridad no solo con la reubicación sino también con contribuciones financieras e incluso el apoyo a proyectos de control fronterizo con terceros países.
Por todo lo expuesto, pedimos a las autoridades españolas que, en el marco de las negociaciones a nivel de la UE, promueva:
- Impulsar un sistema permanente de solidaridad en la UE que incluya reubicaciones obligatorias.
- Rechazar la codificación en la legislación europea del concepto de instrumentalización.
- Condicionar la aprobación del Reglamento de crisis a que no se incluyan derogaciones y excepciones a las normas de asilo europeas. Además, se deberían recoger elementos positivos, tales como, una definición clara de crisis, eliminar cualquier referencia a fuerza mayor, mantener la Directiva de Protección Temporal e introducir el reconocimiento de protección prima facie.
- Rechazar el uso de la detención con la finalidad de screening y los procedimientos de asilo y retorno en frontera, entre otros.
- Mantener y reforzar los actuales criterios para determinación de “país seguro”.
- Introducir garantías para el respeto del principio de no devolución y salvaguardas en los procedimientos de asilo y retorno en frontera, incluyendo el rechazo a la ficción jurídica de “no entrada”, garantizando información adecuada para solicitar asilo, derecho a una entrevista personal, asistencia jurídica gratuita durante todo el proceso, y recurso efectivo, entre otros.
Promover la ampliación de vías legales y seguras y asumir mayores compromisos en materia de reasentamiento.
Organizaciones firmantes:
Alianza por la Solidaridad-ActionAid Spain, Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Asociación Rumiñahui , Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), CONVIVE – Fundación Cepaim, Fundación Entreculturas, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo – España, Médicos Sin Fronteras, Movimiento por la Paz -MPDL-, Oxfam Intermon, Red Acoge, Save the Children y Salud por Derecho.
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