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- Un nuevo informe de la campaña No Es Sano analiza los medicamentos de altos precios aprobados durante la pandemia y evidencia la tendencia al alza del gasto público en los últimos años.
- Se trata de fármacos que cuestan cientos de miles de euros por paciente al año y tienen un enorme impacto en los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas.
- Desde la campaña reclamamos más transparencia y que el precio de los fármacos sea fijado según sus costes y no en función de lo que el mercado de cada país esté dispuesto a pagar, como hasta ahora.
- Informe disponible en este enlace.
En los últimos años, estamos asistiendo a un incremento imparable de los precios de los medicamentos, especialmente de aquellos que son más novedosos y tratan las enfermedades más graves, como los diferentes tipos de cáncer. Estos altos precios y el cada vez mayor número de pacientes con enfermedades crónicas son dos de los principales motivos que explican por qué en nuestro país, desde 2014 -cuando se aprobaron los fármacos para la Hepatitis C- hasta 2020, el gasto farmacéutico de los hospitales ha aumentado un 53%. Esta es una de las conclusiones del informe “Los altos precios de los medicamentos en España”, que publica hoy la campaña No es Sano, de la que Salud por Derecho es promotora, donde analizamos el origen de esta tendencia al alza en los precios de los fármacos.
El documento examina, entre otros, los llamados medicamentos de alto impacto presupuestario (o de altos precios) que se han aprobado en España durante la pandemia de la Covid-19, entre 2020 y octubre de 2021. En total, son 11 los fármacos de este tipo que han comenzado a ser financiados por el Sistema Nacional de Salud, según las notas de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), el órgano encargado de aprobar la financiación pública de los fármacos. Precisamente por su alto coste, todos ellos son sometidos por el Ministerio de Sanidad a un seguimiento especial a través de una herramienta, llamada Valtermed, que se encarga de evaluar sus resultados.
Entre los casos que analiza el documento, el más destacado es el Zolgensma, un fármaco para la atrofia muscular espinal, aprobado en 2021, que se administra una sola vez y cuyo precio por paciente alcanza los dos millones de euros. El medicamento es comercializado por la farmacéutica Novartis, pero su origen está en las investigaciones que durante años se desarrollaron en centros de investigación sin ánimo de lucro y en universidades con financiación pública y filantrópica. Si tenemos en cuenta el precio por paciente y el número personas que podrían ser tratados con este fármaco (la llamada población diana), en España el coste para las arcas públicas oscila entre los 28 y 35 millones de euros al año.
Aunque Zolgensma es conocido como el fármaco más caro del mundo, existe ya otro medicamento en el mercado con un precio mayor: Libmeldy, para pacientes con leucodistrofia metacromática, una enfermedad rara hereditaria. Está autorizado por la Agencia Europea del Medicamento y su aprobación se negocia en varios países europeos, pero aún no ha llegado a España. Su precio estará entre los 2,5 y los 3 millones de euros, según ha anunciado la propia compañía, Orchard Therapeutics. Este fármaco también tiene su origen en un centro de investigación público de Milán.
Volviendo a España, en ocasiones, el problema no es solo el precio del medicamento sino el gran número de pacientes que lo recibe. Es el caso de Dupixent, un tratamiento para la dermatitis atópica en adultos, que está comercializado por los laboratorios Regeneron y Sanofi. Fue aprobado en 2021 y hay casi 7500 pacientes que podrían recibir el tratamiento. Según los cálculos de No es sano, el coste por paciente es de 15.734 euros al año, lo que se traduciría en un gasto de 117 millones de euros anuales solo en esta terapia.
Otro de los casos más relevantes es Luxturna, un medicamento aprobado en marzo de 2021. Está indicado para la pérdida de visión. Fue desarrollado por la compañía Spark Therapeutics y en Europa está comercializado por Novartis. En 2018, fue aprobado por primera vez en EE. UU. y salió al mercado a 850.000 dólares el tratamiento. En España, el precio de la terapia completa para los dos ojos es de 688.896 euros.
El informe también recoge el conocido Spinraza, un medicamento huérfano para la atrofia medular espinal aprobado en España en 2018. Su precio y sus condiciones han sido revisadas en febrero de 2021. Actualmente, cuesta 419.328 euros durante el primer año y 269.360 euros los siguientes. En cinco años, el tratamiento asciende a 1.496.768 euros por paciente.
Estos y otros medicamentos analizados en el informe evidencian que este aumento de los precios de los fármacos no solo se da en un grupo de enfermedades con pocos pacientes, sino que, cada vez más, se va haciendo extensivo a otras patologías que afectan a un mayor número de personas; y eso está teniendo un impacto directo en los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas.
El problema de la fijación de precios
La clave de este problema está en el proceso de fijación de precios de los fármacos. Las compañías farmacéuticas apuestan cada vez más por fijar el precio en función del valor del medicamento y de lo que el regulador -es decir, el Gobierno- esté dispuesto a pagar por él. Esa forma de hacer el cálculo da lugar a los altos precios que las compañías justifican recurriendo al ahorro que ese fármaco puede suponer para el sistema sanitario de cada país, pero no desvelan asuntos esenciales como la inversión que han realizado en investigación o sus costes de producción y distribución.
Por ello, desde No es Sano reclamamos que los precios de los medicamentos deben fijarse en función de los costes auditados que han supuesto para la compañía, a lo que habría que añadir un margen de beneficio justo y razonable teniendo en cuenta también otros elementos como la inversión pública que hay en cada producto, los beneficios fiscales y los incentivos. La campaña también reclama que toda esa información sea transparente y esté a disposición de la ciudadanía.
Asimismo, pedimos al Ministerio de Sanidad que publique el gasto farmacéutico por medicamento; que se garantice la equidad en el acceso a los fármacos en todas las comunidades autónomas; más transparencia en la toma de decisiones sobre la financiación de los medicamentos y en los procesos de autorización y fijación de precios; así como conocer los acuerdos de techo de gasto y de pago por resultados a los que se llega con ciertos fármacos. Por último, recordamos que es necesaria una reforma de la ley actual del medicamento que tenga en cuenta estos elementos.
Informe disponible en este enlace.