La reciente detección de casos de hantavirus en un crucero procedente de Argentina ha vuelto a activar mecanismos de coordinación sanitaria internacional entre varios países y la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades sanitarias han recordado que, por lo que sabemos hasta ahora, el riesgo de transmisión entre personas es limitado en este tipo de virus.
Situaciones como esta muestran la necesidad de mantener una cooperación constante para prevenir y responder a posibles emergencias sanitarias, especialmente en un contexto marcado por la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la movilidad global, las desigualdades entre sistemas de salud y la escasa inversión en herramientas para prevenir y responder a este tipo de amenazas.
Los hantavirus son una familia de virus transmitidos principalmente por roedores que pueden causar enfermedades graves. Aunque la transmisión entre personas es muy infrecuente y solo se ha documentado en determinadas variantes, actualmente no existen vacunas ni tratamientos antivirales específicos autorizados a nivel internacional frente a estas infecciones.
Este episodio, que ha recibido una gran atención mediática en los últimos días, también ofrece la oportunidad de mirar más allá del caso concreto y volver a plantear preguntas que ya aparecieron durante otras emergencias sanitarias: quién financia el desarrollo de herramientas médicas, quién las produce y quién puede acceder realmente a ellas. La inversión en investigación y desarrollo para enfermedades infecciosas emergentes suele responder a ciclos de “pánico y desatención”. Los recursos aumentan durante las emergencias y disminuyen cuando desaparece la atención política y mediática, lo que no permite que existan productos preparados antes de que llegue una nueva crisis sanitaria. Esto sucedió así con numerosas declaraciones de emergencias de salud pública de importancia internacional, como los brotes de ébola, zika, mpox o durante la COVID-19:
Según fuentes públicas disponibles, entre 2015 y 2024 se invirtieron globalmente tan solo 33,4 millones de dólares al año en investigación y desarrollo de nuevos tratamientos, vacunas y diagnósticos para esta clase de virus, los Bunyaviricetes (que incluyen hantavirus, el virus de Crimea-Congo o el de la fiebre del Valle del Rift). El 60% de esa financiación procedió de los National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos y un 17% de la Comisión Europea. Aun así, estas cifras podrían estar infraestimadas, especialmente si se tiene en cuenta quién está desarrollando actualmente candidatos a productos farmacéuticos frente a estas infecciones.
Actualmente existen evidencias de 14 productos en desarrollo para el virus Hantaan, incluidas siete vacunas, cuatro diagnósticos, dos medicamentos y un producto biológico. Ninguno ha alcanzado todavía las fases internacionales de ensayos clínicos, aunque algunos candidatos ya se han utilizado en población adulta en China. La mayoría de estos desarrollos se concentran en ese país —con una excepción— y están impulsados principalmente por universidades y hospitales militares.
La investigación y la capacidad de producción de vacunas, tratamientos y otras tecnologías sanitarias para enfermedades con potencial epidémico siguen muy concentradas en algunos países occidentales, especialmente en Estados Unidos. Sin embargo, países como China están ampliando progresivamente su peso en la innovación farmacéutica global. Ese desplazamiento de capacidades también plantea interrogantes sobre cómo se gestionará el acceso a futuras innovaciones sanitarias.
Todos estos debates siguen presentes en el desarrollo del Tratado de Pandemias impulsado en el marco de la Organización Mundial de la Salud. Aunque los Estados miembros alcanzaron un acuerdo político sobre el tratado en 2025, las negociaciones sobre el sistema destinado a regular el acceso a patógenos y el reparto de beneficios derivados de su utilización continúan abiertas y el plazo se ha ampliado de nuevo hasta el próximo año. El principal reto sigue siendo cómo garantizar que el intercambio de información genética y muestras biológicas vaya acompañado de obligaciones jurídicas vinculantes que aseguren un acceso equitativo a vacunas, diagnósticos y tratamientos.
En Salud por Derecho defendemos que compartir información científica y materiales biológicos debe traducirse también en beneficios compartidos. Los recientes casos de hantavirus vuelven a mostrar las dificultades de construir marcos legales internacionales capaces de regular esta cuestión de manera efectiva. La financiación pública destinada a investigación puede desempeñar un papel importante en este proceso si incorpora criterios de transparencia, accesibilidad, transferencia de tecnología y precios asequibles orientados al interés público.
La pandemia de COVID-19 también dejó claro hasta qué punto puede resultar problemático depender de un número muy reducido de países para fabricar vacunas y otras tecnologías sanitarias. Cuando la producción se concentra en pocos lugares, el acceso durante una emergencia global puede volverse mucho más desigual. Reforzar capacidades regionales de producción y facilitar la transferencia de tecnología ayudaría a construir una respuesta internacional más equilibrada y menos dependiente de unos pocos actores.
La preparación frente a futuras pandemias no depende únicamente del desarrollo de nuevas vacunas o tratamientos. También requiere acuerdos internacionales capaces de garantizar que esos avances lleguen a todos los países de forma justa. Episodios como el del hantavirus vuelven a recordar la importancia de reforzar la cooperación internacional, la transparencia y la capacidad de respuesta compartida ante futuras emergencias sanitarias.
