El pasado 27 de noviembre se presentó en el Ministerio de Sanidad el ‘Pacto Social por la no discriminación e igualdad de trato asociada al VIH’, con la presencia, entre otros, de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Mª Luisa Carcedo, el Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, o el Vice-Presidente del Comité Asesor y Consultivo de ONG, y presidente de la Cordinadora Estatal de VIH (CESIDA) Ramón Espacio, con quien hablamos para conocer el origen, desarrollo e implicación de este documento “en intenciones” que estipula una serie de medidas para luchar contra la discriminación por VIH en España.
¿Cómo surge este pacto y el documento que habéis presentado?
Es una reclamación histórica que llevan haciendo las organizaciones de VIH para acabar con la discriminación en este país y que estaba desde el 2011 en un cajón. Ahora por fin parece que va a tener desarrollo. Se paró con el cambio de Gobierno aunque, incluso desde el año pasado, con el gobierno del PP, había intención de sacarlo para este año.
Cuando hablas de discriminación, ¿te refieres a la institucional o a la social?
Ambas, aunque nosotros apostamos más por la discriminación institucional. El pacto contempla muchas medidas en este sentido, como revisar los cuadros de exclusiones para acceder a las fuerzas de seguridad del estado, para que las personas con VIH no estén excluidas como ahora lo están. O tomar medidas para revisar las muchas consecuencias que genera la clasificación del VIH como enfermedad infecto-contagiosa, y que limita el acceso a servicios, prestaciones o bienes, porque esto nos trae muchos problemas.
¿Qué tipo de problemas?
Pues, por ejemplo, para poder acceder a residencias de tercera edad o piscinas se te pide un certificado de no padecer una enfermedad infecto-contagiosa. Pero esto es muy genérico, y como consecuencia tiene que personas con VIH tengamos problemas para entrar en estos sitios. No tiene ningún sentido que a día de hoy una persona con VIH no puede acceder a una residencia de la tercera edad o a una piscina. Por eso una de las medidas que se propone es buscar medidas legales o normativas para que esto se concretice más. Son normativas muy antiguas que hay que revisar.
En junio de este año, sin ir más lejos, se publicó al fin una ley que prohíbe a las compañías de seguros no asegurar a las personas con VIH, algo que venía ocurriendo y que obviamente genera problemas, por ejemplo, en cosas tan básicas como el acceso a la vivienda. Una persona necesita un seguro de vida para obtener una hipoteca, y las compañías te preguntan si tienes VIH o alguna enfermedad crónica. Y si dices que sí no te hacen el seguro de vida. Trabajaremos para que esta ley se implemente de verdad, porque por ahora seguimos viendo como en los términos de las compañías el VIH sigue apareciendo como cláusula de exclusión. Necesitamos denuncias y jurisprudencia.
¿Y en cuanto al estigma social y la criminalización?
Por supuesto, el documento contempla generar conocimiento para entender cuáles son las actitudes de la sociedad española frente al VIH a través de estudios, implementando los indicadores de estigma de ONUSIDA. También contempla la realización de formación y campañas dirigidas a la judicatura, por ejemplo, para tratar la criminalización de la transmisión del VIH y el impacto que puede tener el hecho de que una persona con VIH en tratamiento con carga viral indetectable no lo transmita, incluso en relaciones sexuales sin preservativo, como está ya demostrado. Esto lo tienen que saber los jueces y tenerlo en cuenta a la hora de aplicar sus sentencias.
¿Cuál esperas que sea el desarrollo? ¿Qué implicaciones puede tener esto?
El primer gran paso ha sido la presentación de este documento, promovido por el Ministerio de Sanidad, y ahora hay que trabajar para que se sumen a esta iniciativa el mayor número de instituciones posible, tanto públicas como privadas.
De aquí van a salir tres tipos de medidas. Una primera de investigación, para conocer la realidad y poder saber cuál es la situación con respecto a la discriminación. Otra línea va a ir a actividades de campaña y formación para sanitarios, jueces, etc. Y la última va a ser una línea más normativa: cambiar los cuadros de exclusión, establecer una norma para arreglar el tema de la clasificación del VIH como infecto-contagiosa, velar por que se cumpla la Ley de Seguros para que las personas con VIH puedan acceder a una hipoteca, etcétera.
El deseo es que esto ayude para favorecer la igualdad de trato y el acceso igualitario a accesos y servicios, y para vigilar las situaciones de discriminación. Esto pasa por acciones de sensibilización, formación y ampliación de garantías de protección legal, o la promoción de políticas para evitar la discriminación laboral. También servirá para tratar de dar respuesta a otros problemas existentes como la discriminación en el ámbito sanitario, garantizar el acceso a las técnicas de la reproducción asistida y a la adopción a las personas con VIH, garantizar el derecho a la movilidad y a la libre circulación…
Estamos contentos porque esto es una cosa que estaba en el cajón desde hace años y sabemos que desde el Ministerio se está trabajando para que esta iniciativa se ponga en marcha y para implicar a todos los agentes necesarios. Además, se está trabajando en un plan operativo con presupuesto para poder empezar a trabajar en la implementación de las medidas contempladas en este pacto.
¿Cómo está la situación actual del VIH en España?
Las cifras no han variado mucho respecto al año anterior. Alrededor de 160.000 personas viven con VIH en España y poco más del 80% conocen su estado positivo. Estamos estancados con los 4.000 nuevos diagnósticos al año y sigue habiendo tasas muy altas de diagnóstico tardío.
Una de las líneas importantes en las que se está trabajando es la aprobación de la profilaxis Pre-exposición (PrEP) –un fármaco que ayuda a prevenir la trasmisión por VIH aún no aprobado en España-, y somos bastante optimistas pese a que dependerá de las Comunidades Autónomas, pero por parte del Ministerio se está dando un fuerte impulso hacia la implementación de esta herramienta preventiva.
Por otro lado, hay que seguir trabajando en el tema de la Sanidad Universal, porque pese al Real Decreto de hace unos meses en el que se recuperaba este derecho en España, la implementación del mismo por parte de las Comunidades Autónomas está siendo dispar y desde las entidades seguimos enfrentándonos a situaciones de denegación de asistencia.
De todos modos, una cosa es que tengamos un pacto que nos permita avanzar de manera seria y rápida en la actualización de normativas anacrónicas, y otra cosa son las percepciones sociales existentes y que las personas con VIH podamos vivir con naturalidad, sin ocultamiento, sin miedo… para llegar ahí queda mucho trabajo por hacer.
¿Y cómo podemos cambiar esa percepción?
Pues con educación, con conocimiento, con visibilidad para que la gente conozca a la gente con VIH… son muchas cosas. Vamos poco a poco.
