Más de 30 organizaciones suspenden a España en derechos sociales, económicos y culturales a través del ‘Informe Sombra’, presentado hoy en Ginebra
Durante el día de hoy y el de mañana España se someterá al examen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC), donde se valorará si nuestro país cumple -o no-, y en qué grado, los derechos recogidos en el pacto correspondiente. Coincidiendo con esta evaluación, 36 organizaciones, entre las que se encuentra Salud por Derecho, suscriben el “Informe Sombra” en el que se analiza el cumplimiento de las obligaciones de España en estas materias.
En lo referente al derecho a la salud, las organizaciones firmantes del informe denunciamos deficiencias en la financiación del sistema sanitario español a causa de una reducción constante del gasto público, afectando a la calidad del servicio, al volumen de camas y a las condiciones laborales del personal.
La modificación de la financiación de los medicamentos a través del copago ha afectado gravemente a las personas en situación económica más precaria. Si bien no hay estadística oficial para medir el número de personas que no han podido acceder a medicamentos como consecuencia del copago, el Barómetro Sanitario de 2016 señala que un 4,4% de las personas encuestadas dejó de tomar algún medicamento recetado por un/a médico/a de la sanidad pública por motivos económicos (este dato trasladado a la población total del país equivaldría a más de 2 millones de personas).
A raíz del copago, y aunque el gasto público ha bajado en todas las partidas del sistema sanitario, el descenso más notorio se encuentra en el gasto en medicamentos dispensados en farmacia. Según cifras oficiales, entre 2010 y 2015 este gasto ha disminuido un 21,6%, y se han excluido medicamentos esenciales de la lista de financiación pública, repercutiendo de forma directa en el bolsillo de cada paciente. Al mismo tiempo, ha aumentado el precio y el gasto en los fármacos de uso hospitalario, suponiendo un impacto preocupante en el Sistema Nacional de Salud y en el acceso a medicamentos para miles de personas.
Por último, en el documento que se presenta hoy en Ginebra recogemos datos sobre las consecuencias del Real Decreto Ley 16/2012 que puso fin a la sanidad universal en el país, con la exclusión directa del sistema sanitario de la población adulta inmigrante sin autorización de residencia. Este colectivo ha visto restringida su asistencia sanitaria a situaciones de urgencia por enfermedad grave o accidente, embarazo, parto y postparto, solicitantes de asilo internacional o víctimas de trata: hay documentados casi 3.800 casos de personas excluidas del Sistema Nacional de Salud entre enero de 2014 y septiembre de 2017.
España está obligada a garantizar el derecho de todas las personas al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Sin embargo, desde 2012, las políticas y normas de austeridad adoptadas al amparo de la crisis económica y bajo el pretexto de reactivar la economía, han causado una importante regresión en el reconocimiento y el goce de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y han ampliado la brecha de desigualdad económica y social en España.
