Las enfermedades víricas, como la COVID-19, eran de las que recibían menos atención antes del inicio de la pandemia. Así lo constata el informe La investigación clínica en España: un perfil de los ensayos clínicos a través de su registro que hemos publicado hoy. El documento, que analiza los datos del Registro Español de Estudios Clínicos —desde su creación en 2013 hasta septiembre de 2019—, revela que un 35% de los ensayos clínicos que se realizan en España están destinados a estudiar el cáncer. Le siguen las enfermedades del sistema nervioso, con un 8%, las patologías del sistema inmunitario, con un 6%, las enfermedades cardiovasculares, con un 5%, y las víricas, con un 4%.
Por debajo de estos porcentajes se encuentran otras áreas igualmente importantes, como la investigación en nuevos antibióticos para el tratamiento de infecciones bacterianas. Sin embargo, esta área apenas recibe atención y representa, junto con las enfermedades fúngicas, un escaso 2% del total de los estudios clínicos. Estos datos, recuerda el informe, ponen en evidencia lo necesario que es reequilibrar la agenda de investigación y revisar sus prioridades para asegurar que los avances llegan a todas las enfermedades, no solo a las que generan más beneficios económicos.
A día de hoy, el 79% de los ensayos clínicos en España están liderados por las compañías farmacéuticas; el 15% lo realizan universidades, fundaciones o centros de investigación; y el 6% tiene un tipo de financiación mixta, donde coexisten fondos públicos y privados. Por ello, el estudio recomienda un aumento de los recursos destinados a promover ensayos clínicos independientes liderados por instituciones públicas, sin influencia de los intereses comerciales de la industria farmacéutica.
Transparencia
Los ensayos clínicos son una etapa esencial en el desarrollo de terapias y medicamentos. Garantizan que los fármacos sean seguros, eficaces y, en muchos casos, permiten conocer el valor añadido que aportan frente a los que ya existen en el mercado. Asimismo, ayudan al personal sanitario a seleccionar los tratamientos que aplican a sus pacientes y sirven a la Administración para decidir qué medicamentos se autorizan, qué precio tendrán y —en el caso de España— si serán financiados por el sistema público de salud. En definitiva, los ensayos clínicos permiten conocer más y mejor las enfermedades, los posibles tratamientos y los efectos adversos.
El informe presentado hoy revela, sin embargo, una evidente falta de transparencia en este ámbito, ya que una cuarta parte de los estudios que ya han finalizado no publican sus resultados.
El análisis del Registro Español de Estudios Clínicos muestra, además, que falta información esencial, como la fecha de finalización. En un 70% de los ensayos que han concluido no existe la fecha de finalización a nivel global, lo que impide saber si cumplen con la normativa sobre transparencia. Lo mismo ocurre con el dato del número de personas que participan en los hospitales españoles en ensayos clínicos o con el principio activo que se está probando en cada uno de ellos. Sobre este último, el análisis destaca que la cifra falta en un 20% de los casos.
La labor de vigilancia y control sobre la publicación de esta información recae sobre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a la que el informe pide que establezca mecanismos de control que aseguren la publicación de los datos y establezca una política de sanciones en los casos de los ensayos que incumplan la normativa.
Más allá del análisis del Registro Español de Estudios Clínicos, el estudio propone recomendaciones en materia de transparencia que permitan conocer información relevante como los costes y las condiciones económicas de los acuerdos que se establecen con los hospitales para la realización de los ensayos. En ese sentido, recuerda que debería conocerse la aportación que realizan los hospitales públicos a través de financiación directa, horas de trabajo del personal sanitario, servicios o infraestructuras, una inversión que a día de hoy no se cuantifica, a pesar de tratarse de recursos públicos.
Asimismo, propone que España asuma el compromiso y tome las medidas oportunas para aplicar la resolución de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud del año pasado —y suscrita por España—, en la que se instó a los Gobiernos a mejorar la transparencia en los ensayos clínicos para facilitar el conocimiento sobre sus costes, promover el avance de la ciencia y proporcionar las mejores terapias para los pacientes.
Informe disponible aquí: La investigación clínica en España
