El pasado junio, tras años de debate sobre la exención temporal de las patentes de la Covid-19, la OMC llegó a una decisión sobre la propiedad intelectual. Lamentablemente, la decisión quedó lejos de lo que se pedía y se aplicaba solo, y de forma limitada, a las vacunas. El texto, sin embargo, establecía que los miembros de la OMC decidirán sobre la ampliación de la decisión para cubrir la producción y el suministro de diagnósticos y terapias para la COVID-19 «a más tardar seis meses después de la fecha de la decisión».
Por eso, hoy, Salud por Derecho, Médicos sin Fronteras, Oxfam Internacional y Amnistia Internacional, hemos enviado una carta al de Ministro de Asuntos Exteriores y a las Ministras de Industria y de Sanidad. En ella, instamos al Gobierno a respaldar -sin otra condiciones y sin cambios en el texto- una ampliación sobre la decision de la OMC. Ahora, este acuerdo debe cubrir también la propiedad intelectual relacionada con los tratamientos y las pruebas de diagnóstico para la COVID-19, unas herramientas sanitarias vitales para controlar la pandemia y evitar la pérdida de más vidas.
Esta es la carta:
D. José Manuel Albares Bueno
Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Dª. María Reyes Maroto Illera
Ministra de Industria, Comercio y Turismo
Dª. Carolina Darias
Ministra de Sanidad
Madrid, 5 de octubre de 2022
Re: Solicitud de apoyo para la ampliación de la decisión de la OMC sobre el Acuerdo sobre los ADPIC a los productos terapéuticos y de diagnóstico para la COVID-19*
Estimado Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, estimadas Ministra de Industria, Comercio y Turismo y Ministra de Sanidad:
Las organizaciones que suscribimos esta carta, Salud por Derecho, Médicos sin Fronteras, Amnistía Internacional y Oxfam Intermón, instamos a que el Gobierno de España respalde la ampliación de la decisión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) del 17 de junio sobre el Acuerdo sobre los ADPIC para que estos cubran también la propiedad intelectual (PI) relacionada con los tratamientos y las pruebas de diagnóstico para la COVID-19, sin más condiciones ni cambios en el texto. Estas herramientas sanitarias son vitales para controlar la pandemia y evitar la pérdida de más vidas. Además, España ha mantenido siempre una posición favorable a compartir la propiedad intelectual, fomentando el acceso, la asequibilidad y la diversidad de la producción de las tecnologías contra la COVID-19. Una posición progresista que hemos reconocido la sociedad civil, humanitaria y de derechos humanos.
Cientos de miles de personas en todo el mundo siguen siendo diagnosticadas con COVID-19 cada día. El riesgo de que surjan nuevas cepas, potencialmente más mortíferas, y de que la protección de las vacunas disminuya, sigue siendo alto. Las vacunas, los tratamientos y las pruebas contra la COVID-19 son vitales para mantener la pandemia bajo control y evitar la pérdida de más vidas, pero los suministros siguen siendo muy insuficientes en los países de ingresos bajos y medios.
Menos del 20 % de los habitantes de los países más pobres están totalmente vacunados. Al mismo tiempo, los países de ingresos altos representan actualmente el 75 % de los acuerdos de suministro conocidos de todos los tratamientos existentes. Los países de altos ingresos han conseguido casi todos los acuerdos de suministro conocidos para el tratamiento de la COVID-19 más recomendado, como el antiviral Paxlovid. Los informes oficiales indican que los países en desarrollo siguen sin poder acceder a este u otros tratamientos. Este ciclo de desigualdad extrema impide la aplicación de los programas de diagnóstico y tratamiento recomendados por la OMS, y se repetirá para las nuevas terapias más eficaces a medida que se vayan aprobando.
La fabricación de medicamentos genéricos para tratar la COVID-19 podría solucionar rápidamente la crisis de suministro en los países de ingresos bajos y medios, pero las protecciones de la propiedad intelectual lo impiden. Hay cuatro veces más solicitudes de patentes para tratamientos contra la COVID-19 que para las vacunas; el 81 % de ellas se refieren a medicamentos existentes reutilizados para la COVID-19 y desarrollados con una importante financiación gubernamental.
Aunque las empresas farmacéuticas Merck y Pfizer han suscrito licencias voluntarias con el Fondo común de Patentes de Medicamentos (Medicines Patent Pool – MPP) para satisfacer una parte de la demanda de los países de ingresos bajos y medios de los tratamientos para la COVID-19, estos acuerdos son limitados y excluyen a cientos de millones de personas de los países de ingresos medios. Los gobiernos de estos países no tienen otra alternativa que esperar al final de la cola para recibir las dosis y a mayor precio por parte de las empresas originarias, que a lo largo de la pandemia han demostrado ser incapaces de satisfacer la demanda mundial.
Por lo tanto, nos decepcionó profundamente que la decisión de la OMC sobre los ADPIC del 17 de junio no fuera la exención completa de la PI que apoyamos, y solo se aplicara a las vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, los expertos coinciden en afirmar que la propuesta original que contempla las terapias y pruebas de diagnóstico podría ayudar significativamente a mejorar los esfuerzos de vigilancia mundial y a prevenir la progresión innecesaria de la enfermedad y la muerte por COVID-19, al permitir a los países obtener suministros adicionales de fabricantes de genéricos autorizados.
El texto de la decisión sobre los ADPIC de la OMC establece que los miembros de la OMC decidirán sobre la ampliación de la decisión para cubrir la producción y el suministro de diagnósticos y terapias para la COVID-19 «a más tardar seis meses después de la fecha de la decisión». Los países europeos dieron el mandato a la Comisión Europea para negociar una exención no solo para las vacunas contra la COVID-19, sino también para los medicamentos y los diagnósticos, una decisión trasladada al Consejo de los ADPIC en junio de 2021. Por ello, tras casi dos años de debate y negociaciones en la OMC sobre la propiedad intelectual para todas las tecnologías COVID-19, creemos que ya no existe justificación razonable para retrasar aún más esta decisión.
Por lo tanto, instamos al Gobierno de España a que anuncie en estos días su apoyo a la decisión del 17 de junio para ampliar el Acuerdo sobre los ADPIC a las pruebas terapéuticas y de diagnóstico sin más restricciones ni condiciones y durante un periodo de cinco años a partir del momento de su aprobación.
Los líderes mundiales han afirmado la necesidad de prevenir el sufrimiento humano innecesario ampliando y dotando de recursos a los programas de prueba y tratamiento en todo el mundo, pero más de dos años y medio después del inicio de la pandemia, las barreras de la propiedad intelectual perpetúan las desigualdades en el acceso a las tecnologías COVID-19 y, por tanto, a salvar la vida de millones de personas. Actuar ahora ayudará a desbloquear el contexto actual y poner en marcha las soluciones para revertir esta situación.
Quedamos a su disposición para cualquier información adicional que necesiten relativa a esta cuestión.Reciban un cordial saludo,
Fundación Salud por Derecho, Médicos sin Fronteras, Amnistía Internacional, Oxfam Intermón
* Esta carta se hará pública a la ciudadanía a través de las diferentes redes sociales y canales de comunicación de las organizaciones que la suscriben.
Puedes descargar la carta aquí.
