La Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) -integrada por más de 300 organizaciones sociales y profesionales, entre las que se encuentran Salud por Derecho, Médicos del Mundo, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)- se ha reunido hoy a las puertas del Ministerio de Sanidad para pedir una vez más al Gobierno que cumpla su compromiso de aprobar una nueva ley que permita recuperar la sanidad universal en España y acabar así con la exclusión sanitaria que continúan sufriendo muchas personas migrantes en situación irregular. Lo han hecho durante la presentación de la campaña “Sanidad sin peros”, en la que las entidades han realizado una pegada de carteles que recogen las promesas incumplidas del Gobierno en materia de sanidad universal.
Hace ya tres años que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos aprobó el real decreto 7/2018 con el que se comprometió a acabar con la exclusión sanitaria -una promesa que, además, forma parte del pacto de coalición que firmaron ambos partidos-. Sin embargo, esta nueva normativa sólo introdujo una serie de cambios legislativos que modificaron parcialmente la situación, ya que nuestro sistema de salud sigue dejando sin cobertura a grupos de personas vulnerables como las que llegan en procesos de reagrupación familiar o quienes llevan en España menos de 90 días. La ley, además, no protege de manera especial ni a menores ni a mujeres embarazadas.
Prueba de ello es que, solo durante la pandemia, Médicos del Mundo ha recogido más de 1500 casos de vulneración del derecho a la salud, entre los que se incluyen 44 mujeres embarazadas; 90 menores de edad, 78 solicitantes de asilo, 85 facturaciones en urgencias, 46 personas reagrupadas y 674 personas que no han podido ver reconocido su derecho como consecuencia de las barreras administrativas existentes y la ambigüedad de la legislación. Además, como resultado de estas exclusiones, no han sido debidamente atendidas enfermedades tan graves como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, VIH y salud mental.
Estas cifras, que son preocupantes, no representan un reflejo exhaustivo de la dimensión de la exclusión sanitaria, ya que pueden ser muchas más las personas que aún permanecen fuera del sistema y a las que por desconocimiento o falta de redes, ni siquiera las organizaciones consiguen llegar.
Asimismo, desde que comenzó la campaña de vacunación contra la covid-19, REDER viene denunciando que estos colectivos excluidos del sistema sanitario lo están también del proceso de vacunación. Algunas comunidades autónomas han desarrollado sus propios planes para esta población, pero otras no. Solo Médicos del Mundo ha registrado más de un centenar de casos en los que las personas a las que correspondía estar vacunadas han debido esperar meses para hacerlo o todavía siguen esperando su cita.
La urgencia de una nueva ley
Para hacer frente cuanto antes a esta situación, las organizaciones de REDER han pedido al Gobierno que tramite “de una vez por todas” y con carácter de urgencia un anteproyecto de ley que recoja los siguientes puntos:
- Eliminar la diferenciación en el derecho a asistencia sanitaria entre la población con nacionalidad española o con permiso de residencia y la población migrante en situación irregular.
- Eliminar el periodo mínimo de estancia en España como elemento necesario para la obtención del derecho a asistencia, y reconocerlo en base a la intención de permanencia en territorio español, que deberá acreditarse por medios que no exijan un tiempo mínimo de estancia.
- Reconocer el derecho a la asistencia sanitaria de las personas ascendientes que llegan a España como resultado de un proceso de reagrupación familiar.
- Garantizar la inclusión del derecho a prestación farmacéutica con un régimen que no discrimine por la situación de irregularidad administrativa, reconociendo de forma expresa la exención de copago farmacéutico en los casos de especial vulnerabilidad.
Hasta la tramitación de dicha ley, las organizaciones piden al Ministerio de Sanidad que adopte las medidas temporales necesarias que garanticen el acceso a la atención necesaria a todas las personas que viven en España, independientemente de su situación administrativa.
Foto de Edu León/REDER.
