El Banco Europeo de Inversiones (BEI) está preparando la segunda fase de su Climate Bank Roadmap, la hoja de ruta climática que recoge su estrategia para el periodo 2026-2030. Esta revisión llega en un momento en el que Europa se enfrenta a grandes retos económicos, sociales y ambientales y en el que las instituciones financieras públicas la responsabilidad de impulsar una transición ecológica justa.
En Salud por Derecho, junto con otras 19 organizaciones europeas de la sociedad civil y sindicatos, hemos firmado una posición común en la que reconocemos los avances del BEI, como su decisión de dejar de financiar proyectos de combustibles fósiles, pero al mismo tiempo pedimos que dé un paso más y vuelva a ser pionero. Entre las organizaciones firmantes se encuentran algunas de las más influyentes en la agenda climática y social europea, como el European Environmental Bureau, Counter Balance, Transport & Environment, Climate Action Network (CAN) Europe y CEE Bankwatch Network. Le pedimos que la transición justa esté en el centro de la estrategia, garantizando que el apoyo a la industria se traduzca en descarbonización, empleos de calidad y servicios públicos sostenibles y asequibles.
Para ello, debe aplicar criterios ambientales y sociales estrictos en todos los proyectos que financia, tanto directos como indirectos, y eliminar las excepciones que todavía permiten apoyar actividades fósiles. También debe reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, ofreciendo información clara sobre qué se financia, bajo qué criterios y con qué impacto en el clima, las comunidades y los ecosistemas.
El apoyo público a la industria tiene que estar vinculado a planes de transición alineados con el Acuerdo de París, que promuevan modelos de negocio sostenibles y generen beneficios sociales tangibles. Asimismo, nos oponemos a que se financien empresa o proyectos que prolonguen la vida de los combustibles fósiles o que externalicen costes ambientales y sociales. La financiación debe orientarse a transformar sectores estratégicos hacia tecnologías limpias, asequibles y accesibles.
Al mismo tiempo, es fundamental reforzar el papel del sector público. El BEI debe reconocer que soluciones como la vivienda sostenible, la energía limpia o el transporte público solo serán una realidad si se fortalecen los actores públicos locales y se garantiza que nadie quede atrás, especialmente en las comunidades más vulnerables y en los países de renta baja.
La institución debe aumentar además su nivel de ambición climática. Proponemos que al menos el 75% de su financiación se destine a proyectos climáticos y ambientales, rechazando aquellas iniciativas que prolongan la dependencia de los combustibles fósiles como el gas, la captura y almacenamiento de carbono o los biocombustibles insostenibles, e incorporando criterios estrictos para tecnologías como el hidrógeno, la bioenergía y la hidroelectricidad. Asimismo, debe reforzarse la financiación para la adaptación al cambio climático, especialmente en los países empobrecidos.
Todas las inversiones deben evaluarse desde la perspectiva de la justicia social, asegurando el respeto a los derechos humanos y la reducción de las desigualdades. Es necesario apoyar a los gobiernos locales para ofrecer servicios verdes y accesibles a toda la población y evitar la financiación de proyectos de extracción que dañen ecosistemas o vulneren derechos fundamentales.
Aunque el BEI ya cumple sus objetivos numéricos en materia de financiación climática, consolidarse como el verdadero Banco Climático de la Unión Europea exige ir más allá. Requiere un compromiso firme con la transparencia, criterios climáticos y sociales exigentes, así como dar prioridad al sector público y a la transición justa.
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Joint-CSOs-EIB-2-finalImagen: Palauenc05 / Wikimedia Commons
