En junio de 2016, el Consejo de Ministros europeo de Sanidad le pidió a la Comisión Europea que analizase “las repercusiones generales de la propiedad intelectual en la innovación en el ámbito de los medicamentos y el acceso de los pacientes a ellos […] y, en particular, que analice en dicho estudio el impacto de los certificados complementarios de protección (CCP), la exclusividad de los datos y la exclusividad comercial sobre la calidad de la innovación y la competencia”.
Los CCP son mecanismos a los que pueden recurrir las compañías farmacéuticas para extender la patente durante 5 años más. De este modo, según la industria, compensan el tiempo que transcurre desde que se concede la patente hasta que se obtiene la autorización correspondiente de comercialización.
En este contexto, 30 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra Salud por Derecho, hemos enviado una carta a la Comisión Europea para recomendarle la abolición de los mecanismos de CCP; mejorar la transparencia, flexibilidad y el impacto público en los procesos de revisión de las CCP actuales; y dejar de promover la inclusión de CCP o mecanismos similares en los tratados de libre comercio con otros países.
Los precios estipulados por las compañías farmacéuticas para los nuevos medicamentos han aumentado drásticamente durante la última década, hasta el punto de que se han vuelto inasequibles para muchos pacientes, también europeos, y amenazan la sostenibilidad de los sistemas nacionales de salud. Los monopolios, reforzados a través de la propiedad intelectual y otras exclusividades de mercado como los CCP, han otorgado un poder desproporcionado a la industria, perjudicando a los intereses de la población y a la salud pública. La exclusividad prolongada a través de los CCP ha permitido a las empresas evitar competencia y fijar altos precios, como se demuestra – en detalle y con ejemplos concretos – en el texto completo de la solicitud elaborado por la Campaña de Acceso a Medicamentos de Médicos Sin Fronteras.
