Desde Salud por Derecho, junto a una treintena de organizaciones europeas, hemos enviado hoy una carta a la Comisión Europea en la que reclamamos la creación urgente de un mecanismo comunitario que grave los beneficios extraordinarios de las empresas de combustibles fósiles. Entre las entidades firmantes de la carta, dirigida a la presidenta de la Comisión Europea y a varios comisarios responsables de áreas económicas, energéticas y climáticas, se encuentran también Transport & Environment (T&E), Oxfam, WWF European Policy Office y Climate Action Network (CAN) Europe, junto a otras como European Environmental Bureau, Friends of the Earth Europe, 350.org o CEE Bankwatch Network.
Esta iniciativa surge en el contexto de la nueva crisis energética marcada por el aumento de los precios y la inestabilidad geopolítica. En solo un mes, la Unión Europea ha tenido que gastar unos 14.000 millones de euros más de lo habitual en importar petróleo y gas, un incremento que acaba repercutiendo en facturas más altas y en un mayor coste de vida para hogares y empresas.
Mientras tanto, grandes compañías del sector están registrando altos beneficios, en parte generados en el mercado europeo. Por ello, consideramos necesario establecer un mecanismo que permita redistribuir estos ingresos extraordinarios en favor del interés general. Nuestra propuesta plantea recuperar y reforzar el modelo aplicado por la Unión Europea en 2022, que permitió recaudar cerca de 28.000 millones de euros mediante una contribución temporal sobre beneficios extraordinarios. Con esta nueva medida buscamos ampliar su alcance y asegurar una respuesta coordinada a escala europea.
Entre las principales demandas que recogemos en la carta destacan:
- Proponemos un nuevo impuesto europeo sobre los beneficios extraordinarios de las empresas de combustibles fósiles, tomando como referencia el mecanismo aprobado en 2022, y reforzarlo para que grave una mayor parte de esos beneficios, de modo que refleje mejor el volumen de ganancias obtenidas durante la crisis y asegure una contribución más justa por parte de las empresas que más se están beneficiando.
- Planteamos ampliar el alcance del mecanismo para incluir los beneficios generados por empresas internacionales de combustibles fósiles, también aquellas que no tienen su sede en la Unión Europea pero obtienen ingresos importantes en el mercado europeo, explorando los instrumentos legales y fiscales disponibles para asegurar una cobertura completa.
- Pedimos garantizar que los ingresos se asignen de forma clara y transparente a fines sociales y ambientales, incluyendo el apoyo específico a los hogares vulnerables, la inversión en eficiencia energética y el despliegue acelerado de energías renovables y soluciones de electrificación.
- Defendemos integrar este mecanismo en una estrategia más amplia para reducir la dependencia de Europa de los combustibles fósiles, alineada con los objetivos climáticos y orientada a avanzar hacia un sistema energético limpio.
Consideramos que esta medida contribuiría a reforzar la equidad en un momento de crisis y a acelerar la transición hacia un sistema energético más limpio y justo. Asimismo, pedimos que estas recomendaciones sean tenidas en cuenta en el próximo paquete de medidas sobre la crisis energética previsto para finales de abril.
Menos combustibles fósiles, más salud
Desde Salud por Derecho añadimos la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar en la electrificación desde una perspectiva de salud pública. Entendemos que la electrificación no responde solo a objetivos de autonomía estratégica, sino que también tiene efectos directos en la salud. Si el 80% de la energía en Europa procediera de fuentes renovables, se podrían reducir las muertes prematuras por ictus en un 6%, por EPOC en un 5% y por cáncer de pulmón en torno a un 4%. Además, la descarbonización ya ha permitido reducir en aproximadamente un 24% la mortalidad asociada a partículas finas (PM2.5) en la UE entre 2005 y 2020.
En el ámbito del transporte, destacamos que la electrificación también genera beneficios claros. Electrificar el 30% de los camiones de última milla permitiría reducir en un 24% las muertes asociadas a la contaminación del tráfico, mientras que en el transporte de larga distancia el impacto en la salud sería hasta un 90% menor en comparación con los vehículos diésel. Estos beneficios en salud podrían ser hasta seis veces mayores si se combinan con el impulso del transporte activo.
También recordamos que, para avanzar en estas políticas que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles y mejoren la salud de la población, es necesario que el próximo presupuesto de la Unión Europea sea más ambicioso. Pedimos poner fin al gasto que perjudica la salud, prohibiendo la financiación europea a los combustibles fósiles y aplicando de forma estricta el principio de “no causar un perjuicio significativo” en todo el presupuesto.
Aquí puedes ver la carta en inglés
