La COP27, celebrada durante las semanas pasadas en Egipto, presentaba una oportunidad para eliminar de forma progresiva el consumo de combustibles fósiles. Sin embargo, y pese a la urgencia de la crisis climática, la comunidad internacional concluye la reunión, una vez más, sin compromisos contundentes ni estrategias de salida.
En los días previos, desde Salud por Derecho pedimos al Gobierno de España y al resto de los países diferentes medidas que considerábamos fundamentales. Estas eran: 1) el apoyo de un Tratado para la No-Proliferación de Combustibles Fósiles que permita la descarbonización de la economía y una mayor inversión en energías limpias que generen beneficios para la salud; 2) alcanzar los compromisos necesarios para asegurar el cumplimiento de los Acuerdos de París; 3) incorporar métricas sobre el impacto en salud del cambio climático en los planes de adaptación que permitan definir políticas públicas específicas y transversales de salud; 4) asegurar un Fondo Financiero de Perdidas y Daños con los recursos necesarios para afrontar el impacto del cambio climático de los países más vulnerables, así como los daños provocados por las pérdidas en salud, como consecuencia del impacto del cambio climático; 5) hacer efectivo el compromiso financiero de 100.000 millones de dólares anuales para la consolidación del Fondo Verde; 6) garantizar la protección del derecho a la salud de los migrantes climáticos, impulsando los procedimientos necesarios y contribuyendo a evitar la degradación global del derecho de asilo
El resultado, sin embargo, es que la COP27 suspende. Principalmente por la falta de avances en políticas de mitigación. Si bien se mantiene el compromiso para limitar el calentamiento global a 1,5 grados, sigue estando muy lejos un compromiso claro para reducir progresivamente el consumo de combustibles fósiles. Cómo y de qué forma se alcanzará el compromiso alcanzado en los Acuerdos de París sigue siendo una incógnita, lo que supone una pésima noticia en un momento donde las consecuencias de la crisis climática no tienen precedentes, tal y como nos recuerda el reciente informe The Lancet Countdown de 2022. Un ejemplo de la poca voluntad política de muchos de los países que participaron en la cumbre es que ni el gas ni el petróleo se recogen en el acuerdo, cuando son los principales responsables de emisión de CO2 y las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero junto con la quema de carbón.
Respecto a políticas de adaptación, una de las principales peticiones que veníamos realizando desde la sociedad civil, incluida Salud por Derecho, era la creación de un Fondo de Pérdidas y Daños. Celebramos que finalmente entrase en la agenda, y la aprobación de su creación: es sin duda el mayor logro de este encuentro anual. Sin embargo, no se acordaron aspectos fundamentales como las aportaciones, las condiciones, los mecanismos etc. Este fondo de garantías económicas al que podrán recurrir los países más vulnerables y con menos capacidad de respuesta a los desastres climáticos era tan necesario como urgente. Por ello los próximos dos años serán cruciales para asentar, financiar y definir sus marcos de implementación.
En lo que respecta a la centralidad de la salud como eje fundamental para abordar los acuerdos, su presencia en el texto final se limita a la inclusión de una de las más recientes resoluciones de la OMS -de julio de 2022- en la que se reconoce que “todos, en todas partes, tienen el derecho humano de vivir en un medio ambiente limpio, saludable y sostenible”. Sin embargo, además del nuevo derecho adquirido, resulta fundamental hacerlo efectivo tanto en acuerdos específicos como transversales que permitan la implementación de políticas de adaptación enfocadas a salud.
Otros aspectos fundamentales relacionadas con un posible tratado vinculante para frenar la proliferación de combustibles fósiles u otros relativos a financiación siguen siendo retos pendientes para seguir presionando en los próximos encuentros.
Foto: Nick Humphries
