Hace unas semanas, desde la Fundación Salud por Derecho lanzábamos la campaña “pensamos en ti” (www.pensamosenti.es). Su principal objetivo es que, tanto en la sociedad como entre los responsables políticos, comience a calar y se consolide, la idea de que es necesario contar con un Seguro Social Universal de Salud para países de medios y bajos ingresos y que permita a cualquier ser humano, con independencia de su lugar de residencia o nivel de ingresos, el acceso a un paquete mínimo y básico de servicios de salud. El periódico El Mundo se hacía eco de la noticia en su edición digital (http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/19/solidaridad/1334826787.html). Sin embargo, cuando iniciamos nuestra campaña no podíamos imaginar que, casi en ese mismo momento, el derecho a la salud en nuestro propio país comenzaba a ponerse en cuestión de una manera tan clara e injusta.
El pasado 15 de abril, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas para ahorrar reduciendo costes en el sistema sanitario cuyas dimensiones y el calado social las vamos conociendo poco a poco. Unas de esas medidas es la retirada, a partir del próximo mes de agosto, de la tarjeta sanitaria a todos aquellos inmigrantes que se encuentren en situación irregular. La Administración dice que negociará acuerdos con Organizaciones No Gubernamentales a las que, por ciertos, se les han recortado de forma drástica las subvenciones y que en su mayoría presentan asistencia sobre la base de un voluntariado que no tiene obligación de prestar ciertos tipos de atención sanitaria. De esta forma, el personal sanitario al servicio de bienestar público, quedará para atender sólo a aquellos que pagan. Ciudadanos, españoles o no, en situación legal en España también tendrán dificultades para acceder a la atención sanitaria si no nunca han contribuido a la seguridad social.
Desde distinto sectores se han ido analizando las medidas puestas en marcha y las primeras conclusiones parecen ser claras: no estamos ante unas medidas de tipo contextual cuyo fin es lograr recortar el déficit público como nos ordena la Unión Europea, se trata un cambio mucho más profundo, un cambio de modelo, detrás del cual se puede vislumbrar ya un nuevo sistema de seguridad social y de atención sanitaria a la salud al cual sólo podrá tener acceso quien esté asegurado, no bastará con residir en España o ser ciudadano español.
En la Fundación Salud por Derecho siempre hemos defendido que la salud es la base indispensable sobre la que se construye el desarrollo de las personas, las comunidades y los pueblos y luchamos para que el derecho a la salud sea universal, para que se reduzcan las desigualdades sociales y económicas que sufren las dos terceras partes de la Humanidad. Luchamos para que, superando la voluntariedad construyamos el futuro sobre una responsabilidad global compartida.
Pero una organización como la nuestra no puede mirar hacia otro lado cuando el derecho a la salud se pone en jaque en nuestro país, expulsando del sistema de seguridad social a miles de personas. Tal vez, desde el principio de esta crisis económica se podía intuir algo así, pero desde luego no de tanto calado. Las medidas de recortes, adoptadas por el ejecutivo del Sr. Rajoy, son medidas innecesarias, injustas e inmorales. Innecesarias, porque existen otras que tal vez fueran más eficaces como: el impuesto a las transacciones financieras, la lucha eficaz contra el fraude fiscal, una mejor y más coherente reordenación de las competencias entre administración y de las prioridades presupuestarias, introducción de medidas para la incrementar la eficiencia etc. Son inmorales porque discriminan a los colectivos más vulnerables a los que dejan en manos de la beneficencia y porque atentan contra una condición esencial de cualquier ser humano, su dignidad, su derecho a poder exigir ser tratado como cualquiera de sus semejantes.
La salud es un derecho.
