Resulta irónico que en momentos en que los líderes mundiales se encuentran debatiendo la forma de ampliar la cobertura universal de salud, y países de bajos y medianos ingresos, como Indonesia o Etiopía están dando grandes pasos para avanzar hacia la protección social de la salud básica, en España se decida hacer todo lo contrario.
El 1 de septiembre de 2012 entró en vigor el Real Decreto-Ley 16/2012, que establece una serie de «medidas urgentes» para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud nacional español. Esta ley excluye a grupos vulnerables del derecho a recibir atención médica: inmigrantes sin permiso de residencia que están esperando la autorización administrativa, ciudadanos españoles mayores de 26 años que nunca cotizaron a la Seguridad Social (es decir, estudiantes universitarios que cada día tienen más dificultades para conseguir integrarse en el mercado laboral, en un país con una tasa de desempleo juvenil del 50%) y personas con discapacidad inferior al 65%, entre otros. Con el argumento de reforzar la «calidad y seguridad» de sus servicios de salud, el Gobierno español redujo excesivamente la cobertura médica de los grupos de riesgo, creando nuevas barreras que generan exclusión. En efecto, las medidas incluidas en el RDL 16/2012 van en contra de los derechos recogidos en la Constitución española para organizar y proteger la salud pública a través de medidas preventivas y servicios necesarios, e infringen el derecho al «más alto nivel posible de salud» garantizado por el Pacto International de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Desde que esta ley fue aprobada el pasado 20 de abril, varias organizaciones de la sociedad civil, en particular las que prestan servicios directos a los inmigrantes y las asociaciones de profesionales de la salud, han tratado de responder a las necesidades de aquellos a los que se les ha retirado la atención médica. Los organizadores de Yo si Sanidad, una campaña de desobediencia civil impulsada por profesionales sanitarios y partidarios, han trabajado para proporcionar información confiable y establecer grupos de acompañamiento de las personas que solicitan el derecho a la asistencia sanitaria y el acceso a los medicamentos.
Salud Por Derecho se reunió con Begoña Arias, coordinadora de Intervención Social y Capacitación Laboral en Pueblos Unidos, una organización jesuita que presta servicios directos a los inmigrantes, a la vez que realiza una labor de incidencia política en torno a los derechos de los trabajadores domésticos y de los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros). Pueblos Unidos ha querido dar una respuesta fiable y coherente al RDL 16/2012 mediante el diseño de una Guía Sanitaria, y el apoyo a otras redes que han liderado este movimiento de denuncia, y contribuido a fortalecer a los grupos de acompañamiento en las áreas de Madrid en los que operan sus programas residenciales. Uno de los efectos más evidentes de la aplicación de la ley que ya se ha constatado es lo mucho que ha disminuido el acercamiento de inmigrantes a los centros de salud, por temor a ser rechazados e incluso denunciados, algo que repercute muy negativamente en la prevención de las enfermedades.
Cuando en 2004 Salud por Derecho inició su labor, no hubiéramos podido imaginar que el derecho a la salud llegaría a peligrar en España. Por desgracia, es lo que hoy está ocurriendo, y aunque nuestro mandato se centra en la incidencia política para defender el derecho a la salud de las personas que viven en los países empobrecidos, apoyamos plenamente los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil española y los movimientos que exigen la plena realización del derecho a la salud para todas las personas, con o sin papeles, a las que actualmente se les niega este derecho humano fundamental.
Para más información:
Pueblos Unidos, Health Reform Guide
Erika Meyer
Traducido por Natalia Guelfi
